Por Javier Felcaro
La puja por el control de fiscales del MPA suma capítulos cargados de polémica.
Senadores y diputados provinciales tienen decidido considerar en lo inmediato el dictamen para suspender en el cargo al fiscal rosarino Adrián Spelta. Aunque la sesión especial, prevista en principio para el jueves próximo, puede llegar a sufrir una dilación por la ausencia de algunos legisladores y, especialmente, por el tembladeral político que provocaron las recientes confesiones de un ex miembro del Ministerio Público de la Acusación (MPA): el detenido Gustavo Ponce Asahad.
La semana pasada, los legisladores convocaron a una sesión extraordinaria para definir la suspensión de Spelta por 90 días y sin goce de sueldo por haber consentido la excarcelación a Emanuel Ema Pimpi Sandoval, implicado junto a su hermano en un intento de triple homicidio en un incidente con un contexto de narcomenudeo, delito que no habilitaba esa instancia. Luego, el joven (también condenado por balear la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti) fue asesinado cuando cumplía prisión domiciliaria en Rosario.
En un nuevo round, senadores y diputados pisaron el acelerador pese a que la Corte Suprema todavía deber resolver la inconstitucionalidad o no de la norma de control legislativo sobre miembros del MPA y defensores que había dictado en septiembre la Cámara de la Justicia Laboral de Rosario.
La decisión de la Cámara Laboral salió a la luz en momentos en que los legisladores estaban listos para suspender a Spelta. Por eso, la Casa Gris (a través del fiscal de Estado, Rubén Weder) avanzó en octubre con la correspondiente apelación.
Para la Cámara Laboral, la ley votada por unanimidad en 2017 implica el control político de senadores y diputados sobre otro poder del Estado santafesino. La resolución se había dictado tras un pedido de nulidad elevado por Spelta, fiscal jefe de Homicidios de Rosario.
Por su parte, los legisladores respetaron la resolución de la Cámara Laboral y congelaron la suspensión de Spelta. Pero, fortalecidos por el consenso, se pronunciaron con firmeza a favor de la división de poderes como respuesta a la declaración de inconstitucionalidad de la norma de control parlamentario sobre fiscales y defensores del MPA.
No obstante, la disputa elevó su voltaje: la Asociación de Fiscales de Santa Fe señaló ahora a los legisladores por estar “contribuyendo a la destrucción total de la República”.
“Nos avergüenza integrar un servicio de Justicia que pretende ser sometido arbitrariamente a un grupo mínimo de poder”, añadieron los representantes del MPA.
Por lo pronto, una fuente parlamentaria deslizó a La Capital la posibilidad de que la sesión especial sufra una postergación: “La reunión en ambas Cámaras estaba convocada, en principio, para el jueves. Aunque hay legisladores que, aparentemente, estarán ausentes. Veremos en las próximas horas”.
Paralelamente, la declaración judicial Ponce Asahad implicando a un senador provincial en el armado de una red de recaudación con el juego clandestino no deja de conmover a la política santafesina. Y, al respecto, el presidente de la Cámara baja, Miguel Lifschitz, citó a los jefes de bloque para el miércoles con el objetivo de analizar las eventuales consecuencias que tendrían esas revelaciones en el Legislativo.
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe dijo que las modificaciones son imprescindibles para que el Estado al menos "empate" en la lucha con las bandas
Por Redaccion Comercial
