El renovado debate público por la conectividad en la cárcel federal de Marcos Paz, desde donde operan los jefes de las bandas delictivas de mayor peso en Rosario, consolida a la seguridad como eje central de la batalla electoral en puerta en territorio santafesino.
Con un rol protagónico en el reciente armado del —por ahora— denominado frente de frentes, aunque sin confirmar todavía su pretensión electoral (Casa Gris o nuevo mandato en Rosario), el intendente Pablo Javkin escuchó ayer la réplica de la Casa Rosada, pero reforzó sus cuestionamientos a la colocación de fibra óptica en Marcos Paz, reprochó al Ministerio de Justicia nacional la disolución del área encargada de la inteligencia criminal a los presos e insistió en que la ciudad es víctima de una problemática general en el país.
Sin embargo, las razones de su pronunciamiento (“Hay sectores de la Capital Federal y el conurbano bonaerense que están igual o peor que nosotros”, dijo) no convencieron al oficialismo santafesino, que ligó las palabras del líder de Creo a una mera campaña electoral. Y metieron ruido en la flamante construcción política-electoral que comparte con la UCR, el PRO y el socialismo, entre otras fuerzas.
Es que la impronta de ese armado opositor incluye, como vienen machacando varias voces del PJ provincial, marcadas diferencias ideológicas que prometen intensos debates sobre áreas sensibles como seguridad, educación y salud. Abordarlas del mejor modo posible, es la tarea para preservar la unidad.
En ese marco, las palabras de Javkin respecto de la conectividad en Marcos Paz también alimentaron las diferencias en la flamante coalición. “¿Con qué van a monitorear una cárcel, controlar los ingresos, por ejemplo?”, deslizaron algunos actores, pioneros en la discusión, que igual apuntaron al rol del Servicio Penitenciario por el accionar de los jefes narco en prisión.
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Sugestivamente, el diputado nacional Gabriel Chumpitaz (Juntos por el Cambio, JxC), quien se posiciona como precandidato al Palacio de los Leones de la nueva coalición no peronista, aludió vía Twitter —pero sin dar nombres— a la controversia.
“Veo dirigentes llorar como niños lo que no supieron defender como hombres. Tres años de silencio ante el abandono de Rosario por parte del gobierno nacional. Silencio cuando nos espiaban, silencio cuando liberaban presos, silencio cuando no enviaban fuerzas federales”, escribió Chumpitaz.
En ese sentido, el legislador tiene previsto presentar un pedido de informes en la Cámara baja nacional acerca de la situación penitenciaria en la órbita federal.
La vereda de los halcones de JxC sigue con atención la evolución del delito en la provincia, particularmente en Rosario: Patricia Bullrich, presidenta del PRO a nivel nacional, volvió a posar la lupa sobre la ciudad en plan de campaña para la Rosada.
“Estoy absolutamente convencida de, si me toca gobernar el país, primero ir a Rosario con todas las fuerzas federales. También pensamos cambiar las leyes para que el Ejército pueda acompañar”, descerrajó. Y reflotó una discusión normativa de vieja data.
En el peronismo ligaron las palabras de Javkin a la campaña, mientras que en el frente de frentes asomaron diferencias" En el peronismo ligaron las palabras de Javkin a la campaña, mientras que en el frente de frentes asomaron diferencias"
La estadística de muertes violentas refleja una problemática que ni el nuevo año logra atemperar, en especial en Rosario, a la vez que potencia el ariete de campaña de la oposición. La ciudad superó en 2022 la cifra más alta de homicidios registrada en su historia. Y enero deparó 24 crímenes.
Las sorpresiva ampliación del temario de sesiones extraordinarias de la Legislatura santafesina, que sumó el pedido de una nueva emergencia en seguridad —hasta el 31 de diciembre de 2023— presentado por el gobernador Omar Perotti ante el Senado, quebró la paz impuesta por el receso de verano y preparó la cancha para el debut del frente de frentes.
El 31 de diciembre pasado había finalizado la emergencia en seguridad estipulada por un proyecto presentado en su momento por diputados socialistas y de otros partidos políticos. Y el llamado a extraordinarias realizado por la Casa Gris en la ultima quincena de 2022 no incluyó la continuidad de esa medida.
Más allá de los próximos movimientos de los senadores, en la Cámara baja —con mayoría no peronista— la oposición ya reclamó a la Gobernación explicaciones sobre la ley de emergencia anterior y los objetivos del nuevo pedido. Incluso, citará a los principales funcionarios del Ministerio de Seguridad.
A la par de la campaña que asoma, dirigentes del arco no PJ también advirtieron que el período a abarcar por una nueva emergencia en seguridad incluirá la fase de transición (el gobernador no tiene reelección en Santa Fe), razón por la cual la iniciativa debería ser consensuada con todos los sectores dado el impacto que podría ejercer en la próxima administración provincial.