Foto: gentileza Juan José García.
El otrora ministro de Seguridad provincial, bajo la lupa.
El ex ministro Marcelo Sain y otros dos ex funcionarios de la cartera de Seguridad provincial fueron imputados ayer en la causa que investiga irregularidades en la compra de armas para la Policía de Santa Fe. La medida fue celebrada por los legisladores de la oposición que denunciaron el criminólogo.
A los tres se les atribuyó la coautoría de los delitos de negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la administración pública provincial. El monto total de la señalada adjudicación fraudulenta fue de 17.103.543 dólares, según consignó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Además de Sain, fueron imputados el ex secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro y el otrora secretario de Coordinación Técnica Maximiliano Novas. También está bajo la lupa de los fiscales el ex jefe del Departamento de Logística (D4) Marcelo Correa, quien hoy será imputado.
La investigación está a cargo de los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez. Y en la audiencia realizada en la capital provincial sostuvieron que, abusando de su condición de funcionarios públicos, los tres imputados realizaron maniobras defraudatorias para beneficiar indebidamente a la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, en el marco de la licitación pública número Nº 11/2021 por la compra de armas para la Policía de Santa Fe.
Los funcionarios del MPA argumentaron que Sain y los ex integrantes de Seguridad “buscaron generar condiciones especiales en la licitación para que la compra de armas solo pudiera ser adjudicada a Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, empresa a la que ellos ya habían escogido previa e ilegítimamente”.
“Luego de diversas decisiones administrativas y judiciales (Ministerio de Economía, Cámara Contencioso Administrativo, Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas), la licitación quedó sin efecto. En definitiva, los tres ex funcionarios no lograron su cometido de defraudar a la administración pública por razones ajenas a su voluntad”, subrayó el comunicado del MPA.
La causa se inició en marzo de 2021, a partir de una denuncia de los diputados provinciales Juan Cruz Cándido (UCR) y Lionella Cattalini (Partido Socialista).
Al respecto, Cattalini advirtió que “Sain es actualmente funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, amparado por (su titular) Aníbal Fernández, y ahora se convirtió en un funcionario nacional imputado por la Justicia de Santa Fe”.
Su par Cándido afirmó que tanto Sain como el equipo que lo acompañó en el ministerio “vinieron a Santa Fe a hacer cualquier cosa, menos a trabajar por la seguridad pública”.
Al finalizar la audiencia, que los tres imputados siguieron a través de la plataforma Zoom, Hernández indicó que las penas podrían incluir tanto prisión como inhabilitación para los ex funcionarios.
“El concurso que se realizó es del tipo ideal: si bien las maniobras que realizaron los imputados pueden subsumirse en distintos tipos legales, se va a estar a la calificación que establezca la pena mayor”, precisó.
Jiménez, en tanto, indicó que en una próxima audiencia solicitarán medidas cautelares, aunque no se trataría de la prisión preventiva.
La fiscal también dijo que Sain —aunque evitó nombrarlo— “hizo referencia a la investigación, pero no al hecho que se le atribuye”.
Acerca de la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a manos de Sain, Jiménez señaló: “Es muy voluminosa. Estamos trabajando para llegar a la imputativa, después daremos más información”.
Durante la audiencia, Sain insistió en que es blanco de una persecución política y apuntó contra el fiscal regional Carlos Arietti y el titular de la Corte Suprema provincial, Rafael Gutiérrez.
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