La Corte Suprema declaró inconstitucional el modo de actualizar jubilaciones

La Corte Suprema de Justicia falló ayer contra el gobierno nacional al declarar inconstitucional el índice de actualización de los haberes jubilatorios que aplica la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés) y resolvió que deberá utilizarse el anterior, que medía la evolución del salario de la industria y la construcción.

De esta forma, en forma mayoritaria el máximo tribunal se inclinó por apoyar el reclamo de Lucio Orlando Blanco, que se jubiló en 2003 y reclamaba la implementación del sistema que existía antes de que se sancionara la denominada reparación histórica.

Aunque falla sobre un caso particular, la decisión de la Corte sienta un precedente y abre la puerta para que unos 150.000 jubilados puedan realizar un reclamo similar porque ingresaron al sistema y sus haberes fueron actualizados por el Ripte, aunque no abarcará los casos de los que ya aceptaron la reparación histórica. Pero además, tiene impacto directo e inmediato sobre otros 11.766 jubilados cuyos reclamos estaban en condiciones similares a las de Blanco.

El fallo también estableció que hasta que el Congreso dicte la ley, la actualización se hará por el Indice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic), ratificando en tal sentido lo que había resuelto el fuero federal de la Seguridad Social.

Antes de la reparación, la Ansés aplicaba para la movilidad jubilatoria el Isbic, pero luego el organismo comenzó a utilizar el indicador denominado Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

Respaldo mayoritario

El fue avalado por la mayoría del máximo tribunal con las firmas de los ministros Elena Highton (quien lo hizo con fundamentos propios), Juan Carlos Maqueda, Horacio Lorenzetti y Horacio Rossati, mientras que el presidente, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia y advirtió que los reparos contra el índice Ripte para medir las variaciones "no pueden ser atendidos porque no se ha acreditado _ni denunciado_ la existencia de errores en la confección del indicador".

El fallo por la mayoría toma las consideraciones del "caso Elliff" en el cual la Corte se pronunció por la aplicación del Isbic. En tal sentido, señaló que "el Tribunal se ha manifestado particularmente sensible a las cuestiones que atañen al resguardo de los créditos de la clase pasiva, grupo vulnerable e históricamente postergado, procurando con sus decisiones hacer efectiva la protección que la Constitución Nacional garantiza a la ancianidad".

Destacó que "es precisamente en tiempos de crisis económica cuando la actualidad de los derechos sociales cobra su máximo significado".

Pérdida de ingresos

Justamente, el conflicto surgió porque los haberes calculados con Ripte resultan muy inferiores a los calculados con Isbic. Para la gran mayoría de los casos en juicio, el cambio de índice implicaría que los haberes se calculen en montos inferiores, respecto de lo que puede obtener hoy por sentencia judicial, en proporciones que van del 20 al 60 por ciento, según cálculos de asesores letrados. Por ejemplo, para un haber jubilatorio que hacia julio de 2007 era de 1.855 pesos, a octubre pasado resulta que esa jubilación debería ser de 40.525 pesos, si el reajuste se efectúa con el Ripte, pero de 55.913 pesos si se aplica el Isbic, es decir una diferencia superior a 15 mil pesos.

La Ansés autorizaba actualizar las remuneraciones de los últimos 10 años de servicios solo hasta el mes de marzo de 1991, para cumplir con ley de convertibilidad.

En el caso que ahora sienta un precedente, Blanco sostuvo que el congelamiento de una parte de los salarios percibidos y el cómputo de los devengados con posterioridad según sus montos nominales, sin incluir las variaciones habidas hasta el momento de adquisición de su derecho, deterioraban "significativamente" su jubilación.

La Ansés invocó el artículo 36 de la ley 24.241, que la faculta a "aplicar, controlar y fiscalizar el régimen de reparto y, en particular, para dictar normas reglamentarias", lo que fue desestimado. También el organismo manifestó que el decreto 807/2016 y la ley 27.260 _ambos del actual gobierno_ establecieron cuáles eran los índices apropiados para actualizar salarios, pero no previó el uso del Isbic.

La Corte señaló que el caso Blanco queda "fuera" de esas normas y la ley, que estableció el "Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados" porque se aplican a quienes "voluntariamente decidan participar", lo que no hizo el demandante.