La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) espera para fines de octubre una "reunión de trabajo" con autoridades de los gobiernos nacional y de Chubut para saber "qué información oficial hay sobre la situación" del desaparecido Santiago Maldonado y cuál es el estado de la investigación.
El presidente de la Cidh, Francisco Eguiguren, señaló ayer: "En el caso Maldonado estamos en una situación de urgencia, grave, que hay que esclarecer. La reunión servirá para formarse una opinión más clara teniendo a las dos partes presentes".
"El tiempo transcurre y se espera que, a partir de la cautelar que emitimos por Maldonado, nos envíen información más concreta. Hemos dado un tiempo prudente para que la investigación avance", agregó.
Eguiguren detalló que para el próximo período de sesiones en Montevideo (Uruguay), previsto para la última semana de octubre, se citó a una "reunión de trabajo de carácter privado a la representación de los funcionarios del Estado y a la delegación de peticionarios".
Al respecto, estimó que de parte del gobierno nacional podrían asistir los representantes de la Cancillería o de la Secretaría de Derechos Humanos, al mismo tiempo que alguna autoridad chubutense.
"Lo que interesa es saber cuál es el cumplimiento de la medida cautelar y qué información oficial hay sobre la situación y el paradero de Maldonado", añadió.
Maldonado fue reportado como desaparecido desde el 1º de agosto pasado, cuando habría participado de un piquete sobre la ruta 40, en Cushamen, que fue desalojado por Gendarmería.
El caso es investigado por la Justicia federal de Esquel, que ya cambió al magistrado original de la causa, tras varias demoras en las diligencias operativas.
Paralelamente, consultado por el caso de Milagro Sala, Eguiguren se mostró preocupado por la revocación del arresto domiciliario de la dirigente de la Túpac Amaru dispuesto por la Justicia federal de Jujuy.
"Esa medida fue apelada, no es definitiva y no se ha realizado el nuevo traslado al centro penal. La Cidh considera, como la OEA, que las medidas cautelares son de cumplimiento obligatorio para los Estados", definió.