Gabriel Carrizo continuará detenido por el ataque a Cristina Kirchner, según lo resolvió la Cámara Federal porteña.
La Cámara Federal porteña confirmó ayer el rechazo a otorgar prisión domiciliaria a Gabriel Carrizo, uno de los detenidos por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 1 de septiembre último. En tanto, la Cámara de Casación Pernal revisará la decisión de confirmar a la jueza María Eugenia Capuchetti al cargo de la investigación por este hecho.
La decisión de rechazar la prisión domiciliaria de Carrizo fue de la sala I del Tribunal de Apelaciones, que rechazó un planteo de la defensa del supuesto jefe del grupo que vendía copitos de nieve e integraban los otros dos detenidos por el hecho, el autor material Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte.
El Tribunal de Apelaciones dispuso “confirmar” la decisión de la jueza Capuchetti, quien el 14 de noviembre último no hizo lugar a la detención domiciliaria de Carrizo.
“La expectativa de pena para los delitos atribuidos y la gravedad de los hechos investigados, resultan indicadores de entidad suficiente para el mantenimiento del encierro cautelar, ya que _frente al avance de la pesquisa_ incrementan el peligro de fuga”, evaluaron los jueces.
“En lo específico, actualmente se encuentra en análisis de esta judicatura un recurso de apelación promovido por la parte querellante a través del cual se impugnó el rechazo para ampliar indagatorias por el delito de asociación ilícita a quienes se encuentran implicados en este expediente, y particularmente a Carrizo en calidad de co-autor en los sucesos”, remarcaron.
La decisión fue adoptada por los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
La querella de la vicepresidenta se había opuesto a la concesión del beneficio para Carrizo, detenido con prisión preventiva y procesado como supuesto partícipe secundario del hecho.
Los apoderados de la querella sostuvieron que hay “riesgos procesales que se evidencian de la experticia efectuada por la Datip sobre el relevamiento de datos del teléfono celular del aquí implicado y que consideró de suma relevancia para la solución del presente legajo”, remarcó el fallo.
Carrizo está procesado con prisión preventiva por el delito de homicidio en grado de tentativa agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse cometido con un arma de fuego, en calidad de partícipe secundario.
En tanto la Cámara Federal de Casación revisará la decisión de confirmar a la jueza María Eugenia Capuchetti al cargo de la investigación por el intento de magnicidio de Cristina.
La decisión fue tomada por el tribunal intermedio de apelaciones, la Cámara Federal porteña, que concedió un recurso de apelación presentado por la querella de la vicepresidenta contra el rechazo a su recusación.
Los abogados de Cristina, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, pidieron que el máximo tribunal penal federal del país analice si Capuchetti debe seguir o no en el caso, tras el pedido para apartarla hecho por esa parte.
El 25 de noviembre pasado la sala I de la Cámara Federal confirmó a Capuchetti y rechazó la recusación, ante lo cual ahora se concedió la apelación para llegar hasta Casación.
Por su pare, la titular del Inadi, Victoria Donda, pidió la ampliación de la indagatoria del referente de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal Jonathan Morel por las amenazas que le profirió el 25 de agosto pasado durante una protesta frente a la Quinta Presidencial de Olivos.
Donda, a través de su abogado, Emiliano Montini, solicitó la ampliación de indagatoria de Morel por el delito de “amenazas”.
“Si bien Morel ya ha sido indagado y procesado” por integrar una organización que busca “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza”, las amenazas en su contra son “un hecho autónomo y que excede completamente el marco por el cual fuese indagado oportunamente”.
Según quedó registrado en un video, Morel le dijo a la titular del Inadi: “Donda te persigo, vas a tener el mismo destino que tus viejos, hija de puta. Les vas a ir a tocar timbre a San Pedro antes, Donda, la concha tuya”.
“No quedan dudas de que sus dichos se refieren a los delitos relacionadas con la desaparición forzada de personas de la cual resultaron victimas mis padres biológicos, María Hilda Pérez y José María Laureano Donda, ello derivado del accionar represivo ilegal del Estado y de sus centros clandestinos de detención”, reflexionó la funcionaria.
“Morel sabía perfectamente que mis padres habían sido secuestrados ilegalmente y luego desaparecidos, y que sus captores han sido condenados por esos hechos, e incluso muchos de ellos siguen siendo juzgados”, añadió.
En ese contexto, denunció: “Puede advertirse en forma palmaria que, según Morel, yo voy a correr el mismo camino que ellos y por ello, o bien voy a ser secuestrada, o bien voy a ser torturada, o ambas”.
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