Imputaron a Berni por encubrimiento a Pérez Corradi

El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al ex secretario de Seguridad Sergio Berni por presunto encubrimiento de Ibar Pérez Corradi, prófugo de la Justicia y considerado autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez. El fiscal pidió investigar la denuncia de la legisladora Graciela Ocaña contra Berni, a la par que planteó el secreto de sumario.

"Es totalmente ridículo, una locura. No se puede explicar lo inexplicable. Como argentino, me da vergüenza que una legisladora haga tamaña denuncia", cuestionó el ex secretario de Seguridad en declaraciones radiales al conocer la presentación de Ocaña.

El ex secretario de Seguridad del kirchnerismo planteó que si le piden una "explicación" sobre la denuncia, "no se puede explicar lo inexplicable", tras lo cual remarcó que la presentación de Ocaña "es una locura". "Como argentino, me da vergüenza que una legisladora haga tamaña denuncia", añadió.

Al dar impulso a la denuncia de Ocaña, Marijuan pidió varias medidas de prueba: la sospecha es que, según la denuncia, Berni pudo haber ocultado información al dejar la Secretaría de Seguridad y, ante ello, el fiscal pidió investigarlo por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Ocaña presentó su denuncia luego de que en los últimos días los abogados de Pérez Corradi, prófugo hace 44 meses, señalaran a la prensa que habían tomado contacto con Berni y que el acusado deseaba presentase ante la Justicia, cosa que hasta el momento no hizo.

Berni había señalado días atrás que "previo al traspaso de gobierno" había dejado "un informe detallado con información precisa sobre el posible paradero del prófugo, listo para detener" a las nuevas autoridades de la cartera de Seguridad.

El financista Pérez Corradi es investigado como presunto autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez, donde Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina fueron ejecutados en 2008 a raíz de la presunta disputa por el negocio del tráfico de la efedrina.

Pero también se lo investiga por presunto lavado de dinero en la causa por la "mafia de los medicamentos" y afronta un pedido de extradición por parte de Estados Unidos por el presunto envío a ese país de oxicodona, un derivado de la heroína, proceso que está a cargo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.

El lunes pasado, mediante un escrito presentado en el juzgado de Sebastián Casanello (actualmente de licencia) los abogados Carlos Broitman y Juan José Ribelli, defensores de Pérez Corradi, manifestaron que su cliente tenía la voluntad de entregarse aunque reclamó garantías porque —advirtieron— "teme por su vida".

En la causa por la "mafia de los medicamentos", delegada en el fiscal Franco Picardi, Pérez Corradi tiene procesamiento confirmado y está al borde de ir a juicio oral y público.

Mientras, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, indicó que Berni le dio "generalidades" sobre el paradero del prófugo Ibar Pérez Corradi, considerado el "autor intelectual" del Triple Crimen de General Rodríguez, y se comprometió a asesorarse sobre la denuncia por presunto "encubrimiento" presentada contra el ex funcionario kirchnerista.

"En la reunión de traspaso, hubo un comentario general y hay documentación que tienen las Secretarías", dijo Bullrich y afirmó que no tenían "una queja" respecto a "lo que hizo Berni" durante el período de la transición, aunque aclaró que "todavía" no "leyó" la denuncia de Ocaña contra el ex funcionario.

La titular del Ministerio de Seguridad indicó que Berni le dio "generalidades que eran las que en ese momento podía saber" respecto del paradero de Pérez Corradi, pero aclaró: "No tengo un informe escrito, puede ser que haya habido algún informe escrito en la Policía Federal o las fuerzas federales".

Adelantó que buscará los "antecedentes" de la denuncia de Ocaña, tras lo cual podrá "responder con el expediente en mano. En principio, no tengo comentarios sobre el tema", dijo ante la denuncia de Ocaña, y apuntó que "si hay una orden judicial" contra Pérez Corradi que fue presuntamente encubierta, "debe de estar en la Secretaría de Seguridad", por lo que van a "verla".

La causa quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo, bajo el número 481/2016, que tuvo su primer movimiento de importancia, con el dictamen de Marijuan.

Declaraciones juradas de Macri, bajo la lupa

Un fiscal investiga al presidente Mauricio Macri a raíz de presuntas inconsistencias en la presentación de sus declaraciones juradas en el último año.

La investigación está a cargo del fiscal de instrucción Sandro Abraldes, quien ya solicitó la intervención de Carlos Gonella, titular de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), un hombre que siempre estuvo cercano a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

A mediados del año pasado, cuando aún era jefe de Gobierno

porteño, Macri presentó ante la Escribanía General de la Ciudad

de Buenos Aires una declaración jurada con bienes por 68 millones

de pesos más otros dos millones de dólares.

Pero dos meses más tarde y mediante otra declaración jurada

hecha ante la Oficina Anticorrupción (OA), por el mismo período Macri presentó un patrimonio de 52 millones de pesos y el equivalente a otros 18 millones por dos cuentas bancarias en el exterior: una en Estados Unidos y otra en Suiza.

La denuncia en poder de la Justicia fue presentada el año pasado por la ex legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti.

"A pesar que ambas declaraciones juradas corresponden al

período 2014 y que fueron presentadas con dos meses de diferencia, de su simple confrontación surge la existencia de diferencias sustanciales entre los activos y pasivos declarados por Mauricio Macri para el mismo período", sostiene la denuncia.

En ese sentido, detalló la denunciante que respecto a un campo que Macri tiene en Tandil, declaró su valor en la ciudad por 319.374 pesos y ante la OA fue de 657.394 pesos, o sea más del doble.

Además, la ex legisladora porteña pidió investigar a Mauricio Macri por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, a raíz de una serie de préstamos que otorgó al empresario Nicolás Caputo, contratista de obra pública en la ciudad de Buenos Aires.

La jueza a cargo de la causa es Silvia Ramond pero la investigación está en la Fiscalía

El equipo de abogados del presidente de la Nación recién se presentará en la causa cuando se expida la Proselac, informaron fuentes judiciales.