"El gobierno es débil para controlar lo que pasa en las cárceles"

Los diputados provinciales Maximiliano Pullaro y Juan Cruz Cándido junto a su par en el Congreso Nacional, Gabriel Chumpitaz, explicaron los alcances de un proyecto de ley para obligar al gobierno a implementar un régimen especial que endurezca las condiciones de detenidos de alto perfil.

Ante las evidentes y cada vez más notorias fallas en los controles a detenidos que siguen cometiendo delitos dentro de las cárceles los diputados provinciales Maximiliano Pullaro y Juan Cruz Cándido, junto a varios legisladores de la UCR y el PRO presentaron una iniciativa de ley que establece normas de trato básicas aplicables a los reclusos de alto perfil.

“Queremos darle fuerza de ley a una modalidad que comenzamos a implementar en la gestión de Maxi Pullaro luego que fueron siendo detenidos los jefes de las grandes bandas criminales, y que no fue continuada por este gobierno como hubiera sido necesario”, sostuvo Cándido explicando las razones de la propuesta. El ex ministro y ahora presidente del bloque radical, Maximiliano Pullaro, entiende que “la cuestión penitenciaria es una de las grandes fallas de este gobierno: no tienen ni plan ni conducción para las cárceles y eso se nota en la gran cantidad de delitos altamente lesivos, balaceras, extorsiones que están orquestados desde adentro de las cárceles, por eso tenemos que poner todas las herramientas a nuestro alcance para que el Estado recupere el control penitenciario y de los presos de alto perfil”.

“Podemos volver a contener la crisis de violencia y retomar la curva descendiente de los delitos, pero eso implica tomar el toro por las astas y ponerse encima de los problemas, no para comentarlos sino para trabajar 24x7 para resolverlos”, concluyó Pullaro.

Por su parte, Gabriel Chumpitaz expresó: “Este proyecto viene a ordenar jurídica y legalmente a una situación que tiene que estar abordada o solucionada por un gobierno provincial que ha demostrado no solo impericia en términos de seguridad. No entendemos la primera decisión que tomó el gobierno de Perotti de arrancar el Servicio Penitenciario de la órbita del Ministerio de Seguridad y lo trasladó al de gobierno, que además estuvo varios meses sin ministro”. Y añadió: “Hablando en términos técnicos y profesionales rompieron la línea de inteligencia criminal que debe existir entre el control de calle policial y el control penitenciario. Esa actitud extraña del gobierno de Omar Perotti, desencadena en los hechos que hoy estamos viviendo con el agravante que, el resto de los ejes de seguridad también se encuentran colapsados como la Justicia y la policía. Además, agregó un dato preocupante más. En un semestre de 2022 los homicidios van a alcanzar la misma cifra de todo 2019 junto”.

El proyecto, que lleva también la firma de la diputada provincial Ximena Sola, tiene como antecedente el régimen adoptado durante la gestión de Pullaro en el gobierno de Miguel Lifschitz. Plantea un régimen especial de detención para aquellas personas que tengan participación o contacto relevante con organizaciones criminales complejas y/o ligadas al narcotráfico, haya indicios sobre su participación directa o indirecta en atentados, actos de fuerza, agresión o amenaza hacia los poderes públicos; tengan antecedentes de evasión, atentado o resistencia a la autoridad policial o penitenciaria, participación en motín o tumulto, o cuenten con recursos humanos, económicos, financieros, materiales, logísticos o de cualquier otro tipo que les permitan realizar las acciones mencionadas.

Pullaro y Cándido, quienes un momento antes mantuvieron una reunión con el diputado nacional Federico Angelini para coordinar un proyecto similar a nivel federal desde el Congreso nacional, proponen que para ese tipo de detenidos haya condiciones más estrictas de detención y mayores restricciones. Para esto deberán ser alojados en celdas individuales, patio individual con enrejado o mallado completo; inhibición de señal celular, de internet y de radiofrecuencia y personal de custodia debidamente seleccionado y entrenado.

La norma que promueven los legisladores también dispone las condiciones en las que debe trabajar el personal penitenciario que tenga a cargo a estos detenidos de alto perfil y reglas para la visita, tanto regulares como en los casos donde el detenido es sancionado por infringir normas de conducta, donde se limitan aún más este tipo de encuentros. También se propone la modalidad en la que se deberán hacer los traslados en los casos en que se autoricen.

El expediente parlamentario, que ingresó semanas atrás a la Cámara de Diputados y Diputadas -y comenzará esta semana su tratamiento en comisiones- autoriza al Poder Ejecutivo a construir dos establecimientos especializados en reclusos de alto perfil y a actualizar y revisar los convenios con el Estado Nacional para los presos federales.