Virginia Benedetto / La Capital
El gobernador desplazó al secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, del procedimiento para nombrar cargos en el Ministerio Público de la Acusación.
A través de un decreto, el gobernador Omar Perotti excluyó al secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, de su rol en el procedimiento para designar cargos clave en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.
Su lugar lo ocupará la ministra de Gobierno, Celia Arena, que tendrá la asistencia del Fiscal de Estado de Santa Fe, Rubén Weder.
En los considerandos del decreto, el gobernador hace referencia a una nota que presentó Somaglia en la que solicita su excusación, luego de que la oposición denunciara irregularidades en el proceso de concurso.
El Poder Ejecutivo “entiende atendibles” las razones que expone Somaglia en su escrito para apartarse. “Más allá de no coincidir con las mismas (en referencia a las críticas opositoras), en virtud de entender que se ha cumplido con los recaudos legales, usos y costumbres que desde hace años rigen el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y a los fines de que el mencionado procedimiento de selección llegue a su fin despejado de toda duda y sospecha, es que solicita su excusación para seguir entendiendo en dicho procedimiento”, señala el decreto.
La semana pasada, una treintena de legisladores denunció que la modificación que llevó adelante el gobernador para modificar la integración del jurado -inconsulta, según su criterio- apunta a darle mayor discrecionalidad al presidente del Consejo de la Magistratura que controla el PJ y respecto del modo de sortear a los jurados.
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“No aceptaremos el resultado de un proceso que esté viciado por sospechas, rumores y faltas de transparencia”, anunciaron los diputados opositores, que definirán con su peso las designaciones de los candidatos que resulten ternados por el tribunal evaluador. Ocurre que en la Asamblea Legislativa, que debe homologar a quienes se impongan en los concursos, no tiene el control para imponerlos.
Antes de abril de 2023, cuando vencen los mandatos de los actuales funcionarios judiciales, el Poder Ejecutivo debe designar con acuerdo de la Legislatura a las personas que ocuparán el cargo de Fiscal General, Fiscales Regionales de las Circunscripciones Judiciales N.º 1; N.º 2; N.º 3; N.º 4 y N.º 5 y Auditor General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación. También se deberá nombrar al titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.
La situación de Somaglia quedó aún más comprometida después de que se conocieran los audios que intercambió con el entonces ministro de Seguridad Marcelo Sain, investigado en una causa por presunto espionaje ilegal en la provincia.
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Por Florencia O’Keeffe