Con el aval del resto de la Cámara baja, el oficialismo fijó preferencia de tratamiento para la primera semana de noviembre de proyectos que impulsan cambios en la Justicia provincial
Por Javier Felcaro
Foto: Archivo / La Capital.
Son tres los proyectos en Diputados que promueven cambios en la Justicia provincial, particularmente la modificación de la composición de la Corte Suprema.
El oficialismo santafesino acelera su ofensiva reformista: este jueves, con el acompañamiento del resto de la Cámara de Diputados, fijó preferencia de tratamiento para la primera semana de noviembre próximo de tres proyectos que promueven cambios en la Justicia provincial, particularmente la modificación de la composición de la Corte Suprema. Un factor clave de la tensa relación entre ese Poder y la Casa Gris, que aspira a concretar antes de fin de año la actualización del máximo tribunal.
Asoman ahora días de intenso debate en comisión para alcanzar acuerdos en torno a tres iniciativas que propician reformas en la Justicia. Por un lado, está sobre la mesa el texto ingresado el miércoles pasado por el socialismo a la Cámara baja con el objetivo de retocar la ley orgánica de ese Poder.
En el proyecto del PS, presentado como “otro aporte para acompañar a Maximiliano Pullaro y al gobierno de Unidos”, se destaca la propuesta de ampliar la cantidad de integrantes del máximo tribunal provincial, incluyendo la chance de fijar una edad límite para sus mandatos.
Sobre la Corte Suprema, la iniciativa socialista pasa por elevar el número de sus integrantes a siete y establece que esa composición debe procurar la paridad de género.
También aborda un punto urticante con el impulso de una reglamentación que armonice lo dispuesto por la Constitución provincial con la nacional y la jurisprudencia de la Corte acerca del término de sus mandatos. Al respecto, establece que los ministros del alto tribunal deben dejar el cargo el día que cumplan 75 años, sin condiciones.
En septiembre, el diputado provincial Fabián Palo Oliver (Frente Amplio por la Soberanía, FAS) había reingresado a la Cámara baja un proyecto -perdió estado parlamentario tras su formalización en 2021- que tiene como meta la reforma de la Corte Suprema bajo el principio de paridad de género, regulando, de ese modo, las nuevas designaciones en el cuerpo.
La iniciativa insta a elevar la composición del máximo tribunal de seis a siete integrantes y sostiene que las futuras designaciones recaerán en mujeres hasta alcanzar la igualdad. Y, una vez logrado el objetivo, las vacantes se cubrirán respetando el género del juez o de la magistrada que deja el cargo.
Acerca de sus motivaciones, el legislador argumentó: “Hay una decisión política manifiesta del gobernador de renovar el tribunal superior”.
Otro proyecto en danza es el presentado a fines de agosto por el diputado provincial Ariel Bermúdez (Creo, el partido liderado por el intendente de Rosario, Pablo Javkin) para también elevar a siete el número de jueces de la Corte Suprema.
Según argumenta la iniciativa de Bermúdez, el objetivo de ampliar el alto tribunal es eludir las situaciones de empate generadas por la composición par de la Corte Suprema (seis magistrados).
En ese sentido, el legislador enrolado en Unidos recordó varios casos en los que el resultado fue un empate y terminó definiendo el voto de un camarista designado, generalmente, por sorteo.
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A principios de octubre, Pullaro le había aceptado la renuncia de la rosarina María Angélica Gastaldi a la Corte Suprema, que se hará efectiva el 2 de abril de 2025.
Se trata de la segunda vacante a registrar en el máximo tribunal: previamente, el también rosarino Mario Netri había confirmado su dimisión a partir del 1º de diciembre de 2024. La gestión de Unidos pretende tener las cinco vacantes de magistrados mayores a 75 años.
Paralelamente, la Casa Gris acaba de enviar al Senado santafesino un mensaje con reformas parciales a artículos del Código Procesal Penal y otras leyes referidas al Servicio Penitenciario con el objetivo de perfeccionar el sistema de Justicia, una decisión que también potencia la tensión interpoderes que se viene registrando en la provincia.
Por Martín Stoianovich
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