Cuatro referentes santafesinos de Cambiemos realizaron ayer una presentación ante la Justicia federal de Rosario para que se profundice una investigación sobre "el accionar de mafias enquistadas en las instituciones policiales y políticas de la provincia".
Al tiempo que la Casa Rosada y la administración de Miguel Lifschitz avanzaban con el Comité Operativo Conjunto contra la inseguridad (ver página 3), la Fiscalía Federal Nº1, a cargo de Marcelo Di Giovanni, recibió una denuncia penal rubricada por el diputado nacional Lucas Incicco (PRO), el asesor del Consejo de la Magistratura Eugenio Malaponte (radical), el ex concejal rosarino de la UCR Federico Steiger y la dirigente Lucila Lehmann (Espacio Carrió).
Los denunciantes, patrocinados por los abogados Froilán Ravena y Renzo Biga, solicitaron la investigación de los datos reflejados en el informe que el 11 de septiembre pasado difundió el programa televisivo Periodismo para Todos (PPR), que conduce el periodista Jorge Lanata, respecto del avance del delito y, en especial, del narcotráfico en Rosario.
En el texto de la presentación los denunciantes pidieron "una investigación integral" (sin perjuicio de pesquisas ya en marcha) del informe periodístico, teniendo en cuenta "una grave sospecha en la población respecto del accionar de mafias enquistadas en las instituciones policiales y políticas de la provincia".
La denuncia sostiene que el narcotráfico "se extiende por todo el continente americano como una red en la que se vinculan una multiplicidad de actores" y, en ese sentido, advierte que irrumpió en la Argentina "haciendo foco de manera importante en Santa Fe y, con más intensidad, en Rosario".
"En cualquier caso, el común denominador es que cierta parte de la elite política y de las fuerzas policiales termina participando del negocio", resalta el texto.
Según los denunciantes, el contenido del informe periodístico debería ser investigado "tanto para resguardar el buen nombre de los involucrados como también para castigar, eventualmente, a quienes incurran en delitos, en caso de probarse los mismos".
Además, señalaron que "algunas veces las autoridades hacen la vista gorda porque no tienen capacidad para responder, otras porque reciben sobornos y, en ciertas ocasiones, porque el crimen organizado logra infiltrarlas".
"Pero lo más grave es cuando la propia policía es la que maneja el negocio", puntualizaron los denunciantes.
Al respecto, Lehmann subrayó que el objetivo de la presentación es posar la lupa sobre "las mafias cercanas a la policía y a la política" santafesina.
"Sin prejuzgar a nadie, el fuero federal debe investigar toda la información referida al narcotráfico", enfatizó Malaponte a través de su cuenta en Twitter.
Los denunciantes también pidieron que "se cite a prestar declaración testimonial al periodista Miguel Villanueva", quien participó del informe producido por PPT.
La defensa. Días atrás, la conducción nacional del socialismo (PS) había expresado su "más enérgico rechazo a las difamaciones vertidas" sobre el presidente del partido, el diputado provincial y ex gobernador Antonio Bonfatti, en el programa de Lanata.
En ese sentido, la cúpula del Partido Socialista aclaró que Bonfatti "sigue siendo querellante en la causa del atentando a su casa", ocurrido en Rosario el 11 de octubre de 2013.
Asimismo, alertó: "La intencionalidad del informe no hace más que querer transformar a la víctima en un victimario".
Incluso, las autoridades socialistas señalaron que "otro de los objetivos del programa fue sembrar sospecha vinculando el trabajo de peritaje realizado en su momento por dos funcionarios políticos del gobierno provincial a una computadora secuestrada a un presunto narcotraficante (Luis Medina) asesinado en 2013 en Rosario".
En sintonía, Lifschitz consideró que el informe de PPT "fue muy malicioso en sus apreciaciones, todo guionado, y asesorado por un personaje más cercano al mundo del delito que al periodismo".