La expresidenta Cristina Kirchner pidió al juez federal Julián Ercolini que eleve a juicio oral y público la causa por fraude en la obra pública, en la que se la sospecha de favorecer al empresario Lázaro Báez con la adjudicación de licitaciones.
"Se eleven las actuaciones al Tribunal Oral previo sorteo de la práctica requiriendo desde ya que se me notifique de dicho acto a efectos de presenciar el mismo y poder controlar su legalidad", sostuvo.
"En la próxima instancia procesal se habrán de efectuar todos los planteos correspondientes con el propósito de lograr un esclarecimiento definitivo y público de los hechos que, de manera sesgada, arbitraria y contraria a derecho, se relatan en los requerimientos de elevación a juicio", cuestionó la exmandataria a través del escrito presentado por el abogado Carlos Beraldi.
En la causa Cristina Kirchner está procesada por fraude en la obra pública y embargada en 10.000 millones de pesos, y otros 19 imputados van a juicio oral y público, entre ellos, el empresario Lázaro Báez; el detenido Carlos Kirchner; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; y el exsecretario de Obras Públicas José López.
Semanas atrás, tanto la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita como la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF) requrieron que la causa pase a juicio y ahora es el turno de opinar de las defensas por si se oponen o no.
Cristina Kirchner a través de su abogado dijo que los requerimientos del fiscal y las querellas, "encierran y consolidan aún más todos los vicios y arbitrariedades que fueron puntualizados por mi parte a través de las presentaciones oportunamente deducidas, algunas de las cuales, incluso aún no hanb sido resueltas por auto firme".
En ese sentido, anunció el abogado que todos los cuestionamientos contra la acusación lo hará en instancia de juicio oral y público.
"Se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos", sostuvieron los fiscales en el requerimiento de juicio.
En ese sentido, aseguraron que se trató de una maniobra con una "estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de diez años, que le permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos a través de la obra pública vial".
Además, señalaron que los fondos millonarios que eran girados a Valle Mitre, empresa de Báez, eran "remitidos mensualmente como dinero limpio en concepto de canon locativo a los ex presidentes y a sus hijos" por el alquiler de plazas hoteleras.
"Santa Cruz lejos de ser beneficiaria de una legítima política del gobierno federal, fue el escenario escogido para el obrar mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que comandados por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, utilizaron la propia burocracia estatal para proveer los fondos a dicha provincia, para que una vez allí, llegara a manos de Lázaro Báez", subrayaron los fiscales, para la que el 80 por ciento de la obra pública en esa provincia quedó en poder de ese empresario.
