Corrientes: duras penas a militares y escándalo de Cecilia Pando

Corrientes-  Tres ex jefes militares y un ex gendarme fueron condenados hoy a penas que van de prisión perpetua a 18 años de cárcel, por la desaparición de dos hombres y la aplicación de torturas a once personas durante la última dictadura. Cecilia Pando protagonizó un escándalo en la sala y amenazó de muerte al secretario de Derechosa Humanos, Eduardo Duhalde.

El Tribunal Oral Federal impuso las condenas de reclusión perpetua al coronel Rafael Julio Barreiro; 25 años al coronel Horacio Losito y el capitán Juan Carlos Demarchi, y 18 años al ex comandante de Gendarmería Raúl Alfredo Reynoso, todos ellos retirados del servicio. En cambio, absolvió al sargento de Ejército Carlos Piriz y ordenó su inmediata libertad.

Al finalizar la lectura del fallo, Cecilia Pando, titular de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, protagonizó incidentes en la sala de audiencias, tildó de “cobardes” y “cagones” a los jueces, y dirigiéndose aparentemente hacia la diputada Victoria Donda, hija de desaparecidos, presentes en el lugar, la amenazó pasándose el dedo por el cuello, a modo de señal de degüello. Algunos periodistas también se quejaron de haber recibido patadas de parte de familiares de los condenados.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, fue amenazado de muerte por la activista en favor de los represores Cecilia Pando, en el marco de la lectura de la sentencia a cinco militares en Corrientes que se conocieron este mediodía.
“Sería insoportable para mi persona que ella me elogiara”, sostuvo Duhalde minutos después de que la activista de derecha lo amenazara al grito de “te voy a matar con mis propias manos”.
El titular de Derechos Humanos afirmó que a pesar de la gravedad de la situación “no daré mayor trascendencia” a un episodio “protagonizado por una mujer que adopta actitudes provocativas” en los juicios por violaciones a los derechos humanos.
Sobre el fallo que condenó a cuatro militares por delitos de lesa humanidad y absolvió a uno, Duhalde lo calificó de “ejemplar” y lo consideró “un avance sustantivo en la política de terminar con la impunidad”.

Barreiro recibió la mayor pena por la privación ilegal de la libertad seguida de muerte del estudiante Rómulo Artieda, y además, junto a sus ex camaradas, por el delito de “asociación ilícita”, y los secuestros de otras once personas y la aplicación de torturas a las mismas.

Esos hechos tuvieron lugar en el centro clandestino de detención, que funcionó en el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes durante la dictadura, desde diciembre de 1975 a julio de 1977.

Este juicio duró seis meses y tuvo un alto impacto en la sociedad correntina, porque De Marchi es productor agropecuario y hasta llegó a presidir la Sociedad Rural provincial, mientras que Losito se desempeñó como agregado en la embajada argentina en Italia.

El gran ausente en el banquillo al momento de la sentencia fue el enjuiciado general Cristino Nicolaides -al momento de los hechos, comandante de zona pues ocupaba la jefatura del II Cuerpo de Ejército-, quien por motivos de salud pudo zafar de este proceso, en principio, hasta octubre próximo.

A las afueras de la sede judicial, la Policía provincial montó un fuerte operativo de seguridad con unos 200 efectivos y cuatro vallados entre el grupo familiares y amigos de los militares imputados y las familias de desaparecidos y víctimas de la dictadura que se concentraron en las dos esquinas de la dependencia tribunalicia.

Unas 200 personas de agrupaciones sociales, gremiales, de derechos humanos y fuerzas políticas se concentraron en la esquina de Pellegrini y La Rioja de la capital correntina, mientras que una treintena de familiares de los uniformados se concentró a cien metros de distancia.

Los familiares de los militares condenados repudiaron la sentencia, por ejemplo, Mario Barriero, hijo del principal acusado, dijo que “fue un juicio viciado de parcialidad” y con “pruebas insustanciales”.

El abogado defensor de Demarchi y Barreiro, Jorge Buompadre, adelantó que “se apelará esta sentencia ante la Cámara de Casación y la Corte Suprema de la Nación después que se lean los fundamentos del fallo”, previsto para el próximo 17 de septiembre“. (DYN)