"Hay casos, concretos, específicos, que podrían considerarse como actos de corrupción policial, pero nosotros seguiremos bregando para llevar adelante los cambios que sean necesarios para preservar la institución". Así comenzó a elaborar su exposición el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, cuando la oposición justicialista lo recibió ayer con los tapones de punta en una interpelación con pasajes ásperos y que se extendió siete horas y cuarenta minutos en el recinto de la Cámara de Diputados santafesina.
Sorpresivamente, el titular de Seguridad llegó escoltado por todos sus colegas del gabinete provincial a la cita legislativa, que tuvo todos los condimento: chicanas mutuas, barras colmadas y cruces en medio de un debate que el funcionario se encargó de dosificar, con una cintura política entrenada durante varios períodos sentado en uno de los escaños que ayer ocuparon sus interpeladores.
El diputado Pablo Di Bert (bloque Encuentro) inauguró el interrogatorio de 42 preguntas que se le habían anticipado por escrito a Lamberto y, luego de una introducción donde resumió las consabidas críticas opositoras a las políticas de seguridad de la Casa Gris, fue al grano: "Díganos señor ministro si hay corrupción en la policía de Santa Fe", disparó sin anestesia el legislador del PJ.
Lamberto se inclinó sobre el hemiciclo, donde lo secundaban los miembros de su gabinete, entre ellos el secretario de Seguridad, Matías Divert, y la —ayer muy cuestionada por el peronismo— secretaría de Delitos Complejos, Ana Viglione, tomo por primera vez el micrófono y luego de su primer descargo comenzó a enumerar, con detalle, las causas (medio centenar) elevadas a la Justicia por presuntos casos de enriquecimiento injustificado y supuestas vinculaciones con el narcotráfico, entre otros ilicítos. Entre ellas, la más emblemática de todas y la que originó su histórica comparencia ayer de un ministro del Ejecutivo, luego de 20 años, en el recinto de la Cámara baja: la investigación de la Justicia federal al comisario Hugo Tognoli, el ex jefe de la policía provincial cuya detención le propinó el mayor mazazo político a la gestión socialista.
Lamberto especificó que suman 38 los policías que cuentan con alguna causa penal o investigación abierta por la División de Asuntos Internos por presunto enriquecimiento ilícito y otras 22 que involucran a los desplazados agentes de la ex Drogas Peligrosa. Entre los primeras volvió a reconocer que se encuentra comprendido el actual jefe de la fuerza, comisario Cristian Sola.
El jefe de la policía quedó en el ojo de la tormenta en uno de los momentos más tensos del debate cuando el diputado del Movimiento Evita Gerardo Rico aseguró que es investigado por "poseer una casa con quincho de dos plantas por un valor de 500 mil dólares en Roldán que no heredó ni se ganó con la lotería", según ironizó el legislador.
Respaldo. El ministro respaldó en todo momento al cuestionado jefe policial con el argumento de que "no compartimos que la mera denuncia sea causal inhabilitante, porque si no corremos el riesgo de que la denuncia pueda ser usada para inhabilitar".
Con todo, subrayó que "si hay un mérito de este gobierno es que no tapa nada, investigamos todo", y adelantó que en el veto ingresado a la Legislatura se incluirá en la ley de declaración de emergencia en seguridad "la falta grave para los casos de enriquecimiento ilícito".
Con algunas excepciones, como las de los diputados Rico, María Eugenia Bielsa y Silvia De Césaris, quienes formularon preguntas puntuales, la oposición justicialista pareció errar la estrategia en su afán de acorralar a un ministro que se las ingenió con más oficio político que datos concluyentes para gambetear una requisitoria que se tornó no sólo extensa sino por momentos caótica e inconexa.
El peronismo incluso insistió en recriminarle al ministro la falta de disposición del ex secretario de Seguridad Pública Marcos Escajadillo por no haberse presentado a prestar testimonio ante la comisión legislativa, que lo convocó en varias oportunidades.
Desalojo.En ese contexto el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Daniel Rubeo, debió recordarle varias veces al reglamento a los legisladores. Y se vio obligado a desalojar a la barra poblada por jóvenes militantes, funcionarios y asesores del oficialismo que interrumpieron reiteradamente a los legisladores opositores con silbidos desaprobatorios, hasta que descarrilaron insultando al presidente de la comisión de Seguridad, Héctor Acuña. "Callate, gordo puto y ladrón", se oyó el grito que colmó la paciencia de Rubeo.
Antes de ese cuarto intermedio, Lamberto detalló que durante la gestión de Leandro Corti fueron pasados a disponibilidad 79 agentes y hubo 15 cesantías, mientras que en los cinco meses que lleva su gestión fueron 88 los efectivos pasados a disponibilidad, 30 de ellos cesanteados.
Sin nombres. El titular de Seguridad evitó en más de una oportunidad proporcionar los nombres de los policías investigados amparándose en las causas que se están sustanciando, pero realizó un pormenorizado relato del rango de los 22 agentes de la ex Drogas Peligrosas (9 de Rosario y 11 en el centro norte) desplazados por investigaciones en posibles vinculaciones con el narcotráfico.
El ministro no se salió de su libreto ni siquiera en los pasajes más calientes de la sesión, uno de ellos cuando la diputada oficialista Inés Bertero, sentada provisoriamente en el sillón de la presidencia le recriminó airadamente al justicialista Acuña: "Yo fui testigo que usted le pidió a un ministro manejar dos de las cajas negras que está denunciando", a lo que el ofuscado legislador retrucó: "Esto lo vamos a seguir discutiendo en otro ámbito, porque el que dijo eso es un ex funcionario del gobernador Hermes Binner", en alusión al ex secretario de Seguridad Carlos Iparraguirre.
El caso Tognoli sobrevoló en todo momento el interrogatorio, como también el del procesado narcotraficante Ascaini, sobre los cuales Lamberto brindó precisiones del estado de las respectivas investigaciones y especificó que "el ex jefe policial está retirado y su posible exoneración depende de lo que resuelva el sumario.
Acuña volvió a poner el dedo en la llaga cuando indagó a Lamberto sobre si "el gobierno provincial había iniciado alguna investigación a partir de las manifestaciones del ex gobernador Binner cuando dijo que la ruta 34 es de la cocaína y la ruta 11 de la marihuana". Rápido de reflejos, Lamberto lo atendió: "Eso también lo dijo (el titular del Sedronar, Rafael) Bielsa", coronó con una sonrisa la pícara chicana devuelta a su ex colega parlamentario.
