Archivo (Celina Mutti Lovera / La Capital)
El cuarto tramo de la megacausa conocida como Guerrieri, que investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el Gran Rosario, se inició este lunes con 17 acusados, 116 casos de víctimas de la represión ilegal y el posible reconocimiento de un centro clandestino en un predio de la Iglesia católica.
Con el acompañamiento de organismo defensores de los Derechos Humanos y de otras militancias, el proceso se inició en la mañana en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario, en lo que constituye la cuarta parte del juicio conocido como Guerrieri, que investiga la represión ilegal cometida en un circuito de cinco centro clandestinos de detenciones bajo el mando operativo del Ejército.
El diputado nacional santafesino del Frente de Todos, Eduardo Tonioli, afirmó que "esto es una foto de lo que fue la represión en la región”.
“Es importante este juicio porque Rosario fue sede del II Cuerpo de Ejército, que tuvo un rol fundamental en la represión durante la última dictadura cívico-militar”, dijo Tonioli, hijo del militante desaparecido homónimo.
En este proceso llegan a juicio 17 acusados, ex militares del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, Personal Civil de Inteligencia (PCI) que reportaban a ese órgano y ex miembros de la delegación local de la Policía Federal.
De los 116 casos de víctimas de la represión ilegal que se ventilarán en el juicio, 54 ya formaron parte de los tramos anteriores de Guerrieri, pero 62 de ellos nunca fueron juzgados.
“Después de haber transcurrido tres tramos de Guerrieri, que haya 62 víctimas nuevas habla de cómo sigue el proceso de reconstrucción y cómo siguen apareciendo víctimas, cuyos casos no han sido analizados”, había dicho días atrás el fiscal Adolfo Villate.
La titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Rosario, Norma Ríos, evaluó que “esta lucha de los juicios es día a día contra la impunidad, contra la impunidad biológica y contra todos los cómplices de los genocidas que todavía siguen parando los juicios, frenando pruebas y demás”.
“Más allá de las condenas, que ya no pedimos que sean a cárcel perpetua para tipos que tienen 80 años, este juicio tiene el valor de recuperar para la sociedad y la para historia el hecho de que nunca se mintió, que esto fue un genocidio”, reflexionó.
También Tonioli valoró los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y evaluó que se trata de un proceso “que no está cerrado porque sus consecuencias no están cerradas y porque de alguna manera no está saldada esa discusión en la sociedad”.
El diputado del Movimiento Evita sostuvo que “si hay algo que fue sintomático y que explica las posiciones del círculo rojo y del poder económico para que no se reabrieran los procesos por delitos de lesa humanidad, es que cuando uno tira del hilo aparecen los nombres de quienes impulsaron la represión, de quienes la solventaron económicamente”.
Los imputados en el proceso son Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino González, Ariel López, Juan Andrés Cabrera, Rodolfo Isach y Walter Pagano. También Eduardo Costanzo, Federico Almeder, Juan Carlos Faccendini, Juan Félix Retamozo, Enrique Andrés López, José Luis Troncoso, Osvaldo Tebez, Oscar Roberto Giai y Roberto Raúl Squiro.
Durante el juicio, cuyas audiencias se celebrarán los lunes de cada semana y podría extenderse por dos años, se ventilarán hechos de homicidio, desapariciones forzadas, secuestros y torturas ocurridos en el circuito formado por los centros conocidos como Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia, La Calamita y el que funcionó en la entonces Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu.
A ellos se suma un predio religioso de la localidad de Funes, donde hoy funciona el Liceo Aeronáutico, por el que se cree que pasaron tres víctimas cuyos casos serán analizados en el debate.
El Tribunal del proceso estará integrado, en esta oportunidad, por los jueces Jaime Díaz Gavier, María Noel Costa y Mariela Emilce Rojas, indicaron fuentes judiciales.
La Justicia Federal citó a indagatoria a tres exintegrantes de Inteligencia del Ejército por el histórico asalto en el que desaparecieron expedientes clave sobre crímenes de lesa humanidad.
Por Nicolás Maggi
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