La Cámara desestimó un recurso que apuntaba a frenar uno de los procesos que involucra al exmagistrado de Rosario
Foto: Marcelo Bustamante / La Capital.
Nueva imputación para el exjuez federal Marcelo Bailaque.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles la investigación contra el exjuez Marcelo Bailaque, acusado de vínculos con el narcotráfico en Rosario. Señalado en tres causas y cercado por las denuncias, el magistrado había presentado su renuncia a fines de junio pasado, la cual fue aceptada por el presidente Javier Milei.
El abogado de Bailaque, Guillermo Zenklusen, había solicitado la aplicación del Código Procesal Penal de la Nación en vez del nuevo sistema acusatorio (vigente desde 2024).
Pero la Sala III de Casación, integrada por su titular, Carlos Mahiques, y los vocales Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky, rechazó el pedido, lo que significa la confirmación de la investigación en curso.
Mahiques sostuvo que el planteo de la defensa resultaba una reedición improcedente de lo que ya había decidido Casación en dos oportunidades (el 19 de marzo y el 22 de mayo), cuando rechazó idéntica solicitud realizada por Bailaque. De modo similar resolvieron Gemignani y Borinsky.
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Bailaque fue imputado por la supuesta comisión de múltiples delitos de gravedad y con prisión preventiva dictada por el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, luego confirmada por la Cámara de Apelaciones de esa jurisdicción.
Entre otros delitos, al exjuez federal se lo acusa de extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal.
El recurso de la defensa de Bailaque estaba ligado a una de las causas que se le siguen al exmagistrado por delitos de corrupción, extorsión, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El planteo consistió en cuestionar la validez del procedimiento bajo la nueva modalidad procesal, alegando que, de acuerdo con el Código vigente antes de la implementación del que rige en la actualidad en el distrito judicial rosarino, el caso debía tramitarse bajo la órbita de un juez y no con la intervención de fiscales.
La Justicia dictó dos años de prisión preventiva para siete acusados de integrar una organización que operaba en el centro y macrocentro. Entre los golpes investigados figura una salidera de $28 millones y una serie de robos a automovilistas
Por Martín Stoianovich
