El juez federal Sebastián Casanello dispuso ayer un nuevo procesamiento del empresario detenido Lázaro Báez por el ingreso al país de 33 millones de dólares de provenientes de Suiza que terminaron en las cuentas de su empresa Austral Construcciones.
El juez federal Sebastián Casanello dispuso ayer un nuevo procesamiento del empresario detenido Lázaro Báez por el ingreso al país de 33 millones de dólares de provenientes de Suiza que terminaron en las cuentas de su empresa Austral Construcciones.
El procesamiento alcanzó también a Martín Báez (hijo del empresario); a su abogado y apoderado de la financiera Helvetic, Jorge Chueco, también detenido; al presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, y al apoderado de esa firma, Claudio Bustos.
Casanello reiteró, además, el pedido de captura y extradición del titular de Helvetic Group, Marcelo Ramos, quien residiría en Suiza.
El titular del Juzgado Federal Nº7 dispuso también ampliar de 100 a 800 millones de pesos cada uno los embargos de Lázaro y Martín Báez. Los procesamientos fueron dispuestos en relación a la investigación de la maniobra a través de la cual unos 209 millones de pesos (33 millones de dólares) de la firma suiza Helvetic Group fueron a parar a las cuentas de Austral Construcciones.
Durante la indagatoria, Báez afirmó que para capitalizarse con vistas a ofertar en la licitación por las represas sobre el río Santa Cruz su empresa Austral Construcciones debió emitir acciones que fueron adquiridas por la firma de inversión Helvetic Service Group.
El empresario intentó justificar de ese modo los 33 millones de dólares que ingresaron a las cuentas de su empresa en el Banco Nación a través de nueve cheques por 209 millones de pesos. De acuerdo a la acusación del fiscal, esos cheques eran el cierre de una operación de lavado de dinero que habría consistido en sacar dinero del país a través de la financiera SGI, conocida como La Rosadita.
Con esos fondos se habrían comprado bonos de la deuda pública argentina que luego fueron vendidos y el dinero girado por Helvetic a Austral Construcciones.
En sus distintas presentaciones ante Casanello, Báez consignó que se trató de un acuerdo "mutuo" —un tipo de préstamo— destinado a afrontar "la licitación para la construcción de las represas" santacruceñas Cepernic y Kirchner, en las cuales también dijo haberse asociado en una UTE con Iecsa, la empresa del Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan investigan el origen de esos fondos que podrían haber sido producto de un "delito precedente" de pago de sobreprecios que aún no ha sido probado en la causa.
Los nuevos procesamientos fueron dictados en el marco de la misma causa en la que Báez y su hijo, junto a otras cinco personas, ya habían sido procesados el pasado 18 de abril.
Además de Báez padre e hijo, en aquel momento quedaron en esa situación su contador Daniel Pérez Gadín y su hijo Sebastián, el empresario de aviación Walter Zanzot; el presidente de la financiera SGI, César Fernández, y Fabián Rossi. Varios de ellos aparecían en un video registrado en La Rosadita contando fajos con dólares.
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