La Justicia ordenó el cese de la difusión de los audios en medios de comunicación, mientras que el gobierno solicitó el allanamiento de la prensa
La Justicia prohibió la divulgación de los audios atribuidos a Karina Milei, supuestamente grabados en Casa Rosada
Luego de la filtración de los audios atribuidos a Karina Milei en el canal de streaming Carnaval, el gobierno nacional presentó un recurso para detener la divulgación del material que habría sido grabado en casa Rosada. La Justicia le dio la derecha al oficialismo y ordenó el cese de la difusión de los audios de la hermana del presidente.
En particular, el gobierno nacional presentó una denuncia penal por espionaje ilegal y una demanda en el fuero Civil y Comercial Federal para impedir la difusión en medios de comunicación de nuevos audios. El mismo Javier Milei calificó la divulgación de los audios como una "operación de espionaje ilegal". Por su parte, Manuel Adorni, vocero presidencial, expresó: “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.
Tras la denuncia, la Justicia le dio la razón al oficialismo: una medida cautelar ordenada por el juez Alejandro Patricio Maraniello ordenó el cese de la difusión de las grabaciones realizadas específicamente dentro de la Casa Rosada y prohibió su reproducción en medios de comunicación.
Además de la inhibición a los audios, la Justicia también ordenó el allanamiento de la sede de Carnaval Streaming y de las viviendas de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, los conductores del programa "Data Clave", donde se difundieron los audios en una primera instancia.
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“A pedido del gobierno, la Justicia acaba de disponer la censura de Carnaval Stream”, afirmó Mauro Federico, conductor de Data Clave. "Nosotros no sabemos si (los audios) fueron en la Rosada pero para evitar cualquier tipo de suspicacia, nosotros vamos a cumplir con la orden de la Justicia hasta que el departamento legal de Carnaval haga alguna presentación".
En la denuncia del gobierno ante la Justicia, presentada por Fernando Soto, abogado representante del Ministerio de Seguridad de la Nación, se solicitó los "allanamientos y el secuestro forense en las oficinas y estudios de 'Carnaval Stream'", un medio de comunicación vinculado a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
En este marco, se pidió allanar los domicilios del propio Toviggino, por su vinculación con Carnaval y de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes fueron los primeros en divulgar las grabaciones atribuidas a la Secretaria General de la Presidencia.
En la presentación del gobierno, también se solicitó secuestrar dispositivos electrónicos, como computadoras, teléfonos, discos externos y pen drives, que puedan "determinar quiénes fueron los organizadores y partícipes de los delitos cometidos".
En "Argenzuela", su programa en el canal C5N, Jorge Rial se expresó tras conocer la denuncia judicial: "Somos periodistas que lo único que hicimos fue ejercer nuestro laburo. Y parece que ese laburo molesta al poder, y gracias a Dios que molesta al poder".
En los registros puestos al aire en el canal de streaming Carnaval, la hermana del presidente Javier Milei no hace ninguna referencia a lo acontecido en la ANDIS ni a la causa judicial iniciada al respecto, aunque advirtieron que es “la puntita” de nuevas grabaciones.
“No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, se escucha en el primero de los nuevos audios publicados por el periodista Mauro Federico, el mismo que había dado a conocer los registros de Spagnuolo denunciando un entramado de corrupción.
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En la segunda grabación, no queda muy en claro a qué se refiere la funcionaria, aunque sí que está siendo captada sin que ella lo note. “Entonces, acá ni siquiera... porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”, se le escucha decir a Karina Milei.
En paralelo, el juez federal Alejandro Patricio Maraniello ordenó el cese de la difusión de los audios de Karina Milei. La medida cautelar alcanza específicamente a las grabaciones realizadas dentro de la Casa Rosada y prohíbe su reproducción en medios de comunicación. Según explicó Adorni, la resolución judicial “reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.
El caso estalló tras la divulgación de conversaciones donde se mencionaban presuntos porcentajes cobrados en el marco de contrataciones en la Agencia Nacional de Discapacidad, lo que derivó en la renuncia de funcionarios y en la apertura de investigaciones judiciales. La nueva presentación del Ejecutivo busca correr el eje hacia la hipótesis de una maniobra de inteligencia contra la gestión libertaria en plena campaña electoral.
El escándalo, que combina acusaciones de corrupción y denuncias de espionaje, se transformó en una de las mayores crisis políticas desde la asunción de Milei, con repercusión directa en la escena nacional.
La semana pasada, en el programa Data Clave, de Carnaval, se difundieron audios en los que Spagnuolo hace referencia a que están "desfalcando la agencia” con pedidos de coimas para la compra de medicamentos y nombró a la droguería Suizo Argentina, con vínculos con los hermanos Eduardo “Lule” Menem -asesor de la Secretaría General de la Presidencia- y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación.
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“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, dijo Spagnuolo.
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