Foto: Archivo / La Capital.
El jefe del Estado objetó el presunto espionaje interno.
El presidente Alberto Fernández pidió que se investigue “sin demoras” el supuesto armado de causas contra dirigentes sindicales durante la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal. Y sostuvo que “el uso del servicio de inteligencia del Estado de Derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones criminales es, definitivamente, asqueante y consecuentemente inadmisible”.
“La Justicia federal tiene una denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para que se investiguen acciones del anterior gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores”, señaló en un hilo de Twitter.
Fernández recordó que, al inicio de su gestión, denunció “la existencia de más de cien celulares encriptados provistos por la AFI, que incluían funcionarios nacionales pero también personas de la Justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos”.
“Así, se asignaron esos dispositivos a Vidal, a Julio Conte Grand (procurador de Buenos Aires), a Daniel Angelici (ex presidente de Boca), a Gustavo Ferrari (ex ministro de Justicia de PBA), al empresario Nicolás Caputo y a Martín Ocampo (ex fiscal general porteño), entre otros”, prosiguió.
Su pedido de celeridad en la causa se produce justamente cuando la Justicia tomó una medida al respecto: el magistrado federal de La Plata, Ernesto Kreplak, habilitó la feria para avanzar en el trámite del expediente.
Además, Kreplak concretó finalmente la orden de allanamiento al senador bonaerense Juan Pablo Allan, uno de los asistentes a la reunión en la que funcionarios de esa provincia, agentes de inteligencia y empresarios de la construcción diseñaron una supuesta persecución contra dirigentes gremiales.
Kreplak firmó la orden de allanamiento luego de que el senador consintiera el procedimiento, casi dos días después del pedido en ese sentido elevado por la fiscal federal platense Ana Russo. Alan aparece en la escena captada por una cámara de seguridad —en junio de 2017— en las oficinas porteñas del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro), de espaldas y cerca del entonces ministro de Trabajo Marcelo Villegas.
Funcionarios y dirigentes de distintos espacios políticos apuntaron contra Vidal, actual diputada nacional, a quien le pidieron “renunciar a su banca”.
En tanto, la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Alvarez Rodríguez, señaló que quisiera escuchar al ex presidente Mauricio Macri, a Vidal y a Conte Grand (diputados del FdT de esa provincia pidieron su juicio político) “hablando públicamente de qué pasó, qué hicieron y qué opinan” sobre los conceptos de Villegas, quien aseguró que si pudiese crear una Gestapo “para terminar con todos los gremios”, lo haría.
A su vez, asociaciones de empresarios de la construcción de La Plata reconocieron haber participado de una reunión encabezada en 2017 por Villegas y funcionarios de la AFI en la sede porteña del Bapro, pero indicaron que concurrieron para “abordar la problemática relación” que existía con “quien ejercía la conducción de la Uocra” en esa ciudad: Juan Pablo Pata Medina (ahora será querellante en el expediente que investiga el armado de causas).
Por su parte, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, reconoció que la reunión estuvo “mal”, pero insistió en que el Pata Medina es un “chorro, ladrón y mafioso que se pasó la vida extorsionando a los empresarios de la construcción en La Plata”.
Sin embargo, distintos sectores expresaron que no se trata únicamente del caso de Medina sino de una metodología “sistemática” de persecución a “sindicalistas, dirigentes políticos y organizaciones sociales” perpetrada durante la gestión de Macri.