Con la firma de los concejales de Unidos Carlos Cardozo, Anita Martínez y Anahí Schibelbein, se ingresó una iniciativa donde se expresa que “el Concejo Municipal de Rosario declara su firme apoyo a las medidas adoptadas por el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el gobierno provincial, orientadas a reforzar los controles, prevenir el lavado de dinero proveniente de actividades delictivas y proteger la seguridad económica y social de los santafesinos. Asimismo, este cuerpo reafirma su compromiso de colaborar en la difusión, seguimiento y control de las políticas públicas destinadas a desarticular las estructuras patrimoniales del delito y a garantizar la transparencia y legalidad en el ámbito económico".
"Finalmente, formula un llamado al gobierno nacional para que, en el diseño e implementación de políticas de regularización de activos, se contemplen las particularidades y riesgos específicos que enfrenta la provincia de Santa Fe, y se adopten los mecanismos necesarios para impedir la legalización de fondos provenientes de actividades ilícitas, incluyendo el narcotráfico y el crimen organizado”, añade, y señala que “con las mafias no se pacta nunca, ni se los defiende jamás, y si bien es cierto que mucha gente optó por ahorrar en dólares ante la incertidumbre del mercado bancario, no podemos (y menos en Rosario) descuidarnos un segundo sobre operaciones vinculadas al lavado de activos”.
En los considerandos, los concejales del PRO y la UCR se refieren al "decreto N° 353/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el cual se establecen disposiciones orientadas a la simplificación y desregulación de trámites vinculados a la inversión y adquisición de bienes, incluyendo la incorporación al sistema financiero de activos no declarados, sin necesidad de justificar su origen”.
Los ediles de Unidos destacaron además "el anuncio del gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de los Ministerios de Justicia y Seguridad, y de Economía, de reforzar las acciones y adoptar nuevas medidas para prevenir el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, en defensa de la seguridad pública y la integridad económica de nuestra provincia; y, la decisión del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de conformar un comité compuesto por representantes de todos los ministerios, junto con miembros de otros organismos y poderes del Estado, para diseñar un programa de disrupción patrimonial y financiera, a fin de evitar el aprovechamiento de las medidas de desregulación establecidas por el gobierno nacional para blanquear dinero proveniente del delito”.
“Que si bien el decreto N° 353/2025 del Poder Ejecutivo Nacional establece, en el marco del proceso de simplificación burocrática y de reactivación económica, la desregulación de los trámites vinculados a la inversión y adquisición de bienes, conforme a los estándares, buenas prácticas, guías y pautas actualmente vigentes, y en línea con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina, el gobierno de la provincia de Santa Fe considera necesario implementar medidas complementarias de control y fiscalización que refuercen la protección del territorio provincial frente a posibles actividades ilícitas; que el narcotráfico y el crimen organizado constituyen una amenaza directa a la seguridad, la convivencia pacífica y el desarrollo social de las comunidades de Rosario y de toda la provincia de Santa Fe, afectando gravemente la integridad de las instituciones y la calidad de vida de la población; que resulta imperioso fortalecer los mecanismos de control, fiscalización y monitoreo para evitar que fondos ilícitos, provenientes de actividades delictivas, se infiltren en la economía formal, generando distorsiones, incrementando la concentración de poder económico en manos de organizaciones criminales y dificultando la recuperación de la seguridad y el orden público en la provincia”, señalan Cardozo, Martínez y Schibelbein.
“En la conferencia de prensa llevada a cabo el día viernes 23 de mayo de 2025 por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el ministro de Economía, Pablo Olivares, el titular de la cartera de Justicia y Seguridad confirmó que la Provincia de Santa Fe se centrará en controlar que los flujos patrimoniales y financieros no sean aprovechados para solventar las actividades de las organizaciones delictivas que han generado violencia y homicidios en el territorio provincial, particularmente en la ciudad de Rosario; que, en ese marco, el funcionario anunció la decisión del gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, de poner en marcha un comité compuesto por representantes de todos los ministerios, con convocatoria a otros organismos y poderes del Estado, a fin de diseñar un programa de disrupción patrimonial y financiera orientado a detectar crecimientos patrimoniales inusuales en personas y organizaciones vinculadas, judicialmente o por informes de inteligencia, a actividades del crimen organizado en la provincia. A tal efecto, se implementará un cruce de información proveniente de distintos ámbitos del Estado, con el propósito de desarrollar una estrategia de bloqueo económico que permita contrarrestar la circulación de fondos ilícitos; que el comité funcionará en el ámbito de la subsecretaría de Inteligencia, dependiente de la Dirección Provincial de Información Patrimonial, con el objetivo de reunir y vincular datos patrimoniales y financieros a los movimientos de las organizaciones criminales”.
