A dos años de su detención en Jujuy, marcharon por la libertad de Milagro Sala

Al cumplirse dos años de la detención de la dirigente social jujeña Milagro Sala, organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y políticas marcharon ayer por el centro porteño y realizaron un acto de repudio a la prisión de la líder de la Túpac Amaru, en tanto que extendieron el pedido de "libertad" al resto de los "presos políticos".

Con duras críticas al gobierno, a la Corte Suprema y otros sectores de la Justicia, los organizadores anunciaron que ayer el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Amnistía Internacional y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) enviaron un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para que tome conocimiento sobre el "incumplimiento" de la resolución emitida a fines del año pasado que dispuso la morigeración de las condiciones de detención de Sala.

Las organizaciones, entre las que estuvieron las enroladas en el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos y el Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala, concentraron frente al Obelisco y avanzaron hacia la Casa de Jujuy.

Participaron también los hijos de los detenidos Luis D'Elía y Carlos Zannini y allegados a otros presos. Nutrieron la columna el Frente Milagro Sala, La Cámpora, Kolina, Unidos y Organizados, la CTA de los Trabajadores, la Corriente Federal de Trabajadores, y los gremios de curtidores, Sitraju, UTE y Suteba.

Al encontrarse con la Casa de Jujuy vallada y con custodia policial, el acto se desarrolló a unos metros de allí.

La coordinadora del Comité Nacional por la Libertad de Milagro Sala, Estela Díaz, abrió la ronda de oradores, que también incluyó al secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman; al director del Cels, Horacio Verbitsky, y la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano.

Díaz denunció que la Túpac Amaru está proscripta en Jujuy, por lo que consideró que representa un "símbolo de las libertades proscriptas" y de un "Estado de derecho suspendido" en la Argentina.

A su turno, Verbitsky remarcó el carácter obligatorio de la resolución de la Cidh y señaló que pese a ser "ratificada" por la Corte, luego el máximo tribunal guardó un "vergonzoso silencio" ante la persistencia del "incumplimiento".

"La Corte guarda un vergonzoso silencio sobre el tema. Sabe que Jujuy no cumple con la resolución. Esto plantea la necesidad de la movilización popular en la calle, que ya sólo de esa manera se puede garantizar que se cumplan las resoluciones de la Justicia", apuntó.

Sobre la nueva presentación de ayer ante la Cidh, detalló que habrá un pedido para que "vuelva a intervenir" y ordenar "que se cumplan las resoluciones".

Al cabo del acto, Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Sala, contrastó la situación de los "presos políticos" con la de los "grandes genocidas de la década de los 70", que están accediendo a beneficios, como la posibilidad de "veranear" o de "elegir a qué casa ir" para cumplir con el régimen de arresto domiciliaria.

Recordó que a dos años de la detención de Sala, la dirigente kirchnerista "no tiene ninguna condena" firme, por lo que la definió como una "presa preventiva".