Si bien su abogado defensor había pedido su sobreseimiento definitivo, el ex jefe de la policía santafesina Hugo Tognoli volverá a ser indagado esta semana en la causa en la cual está acusado de proteger a un empresario del sur santafesino sindicado como narcotraficante. Es que el juez Federal Nº 3 Carlos Vera Barros dio lugar a una ampliación de la indagatoria solicitada por el nuevo fiscal de la causa, Juan Murray, quien a partir del análisis de nuevas pruebas solicitó adecuar la imputación contra el comisario, en este caso como coautor de tráfico de drogas en la modalidad de tenencia para la comercialización, agravado por el concurso organizado de tres o más personas y su actuación en calidad de funcionario destinado a reprimir esos delitos. Para el fiscal, Tognoli formó parte de una "empresa criminal" junto con un traficante y dos policías, delito que prevé penas de entre 6 y 20 años de prisión.
En este contexto Vera Barros rechazó el pedido de sobreseimiento que, "por falta de pruebas y exceso en los plazos", había formulado la defensa de Tognoli y citó a éste para que el jueves a las 9.30 amplíe su indagatoria. En este sentido, ayer trascendió que para el juez "no hay juicio de certeza negativa sobre la inexistencia del hecho" que se le endilga, "ni de falta de responsabilidad como para sobreseyerlo".
No consultó. En octubre pasado el entonces jefe de la policía provincial fue detenido en virtud de una investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que lo acusaba de proteger, cuando era jefe de la ex Drogas Peligrosas, a Carlos Ascaíni, un hombre sindicado como narco afincado en Villa Cañás.
La acusación se basaba en el intercambio de mensajes de celular entre un policía y una mujer vinculada a la trata de personas que pedía asesoramiento para vender cocaína en su local y que recibió como respuesta que debía pagarle 30 mil pesos a Tognoli y comprar a Ascaíni.
También se acusó a Tognoli por el pedido que Ascaíni hizo a la comisaría de Villa Cañás en 2009 para que le informaran de quién eran dos autos que lo perseguían y que luego se comprobaría que eran de la propia PSA.
La investigación judicial determinó que el pedido de ayuda de Ascaíni fue recibido por el suboficial Carlos Quintana y que la averiguación al Registro Nacional de Propiedad Automotor (RNPA) sobre los vehículos que lo seguían fue realizada por el comisario Néstor Fernández, entonces jefe de la Brigada Operativa de la ex Drogas Peligrosas con jurisdicción sobre Villa Cañás.
Esa consulta al sistema de la RNPA se realiza con una clave que era solicitada por el titular de la dependencia, en ese caso Tognoli.
Pero la investigación determinó que Tognoli no había realizado la cuestionada consulta y, en virtud de ello, se le dictó la falta de mérito. Sin embargo, Murray —a cargo de la acusación luego de que fuera desplazada de la causa la fiscal Liliana Bettiolo— considera que la labor del ex comisario fue otra.
"Anteriormente se le imputaba haber realizado esa consulta, pero se determinó que Tognoli no la hizo. Ahora, en función de testimonios y nuevas pruebas se le achaca haber otorgado a sus subordinados las claves del RNPA para realizar esas consultas ilícitas y luego validarlas", dijo ayer el fiscal a este diario.
Empresa criminal. Así, la nueva acusación coloca al ex jefe policial como parte de una "empresa criminal" en cuyo marco él "otorgó a los policías procesados, Quintana y Fernández, la clave para permitirle a Ascaíni intentar evadir la acción de la Justicia y continuar con esa actividad ilícita cuyas ganancias también beneficiaban a la repartición" dirigida por Tognoli.
Es que, según el fiscal, Tognoli debió estar al tanto de la consulta realizada por el personal a su cargo y no puede haber omitido un pedido de titularidad de un dominio inscripto a nombre de la PSA.
A tal conclusión llegó, entre otras cosas, tras la declaración testimonial del responsable de Servicios Informáticos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, quien indicó que Tognoli era quien requería la habilitación de usuarios según las normas previstas para que el sistema de consulta no pueda utilizarse fuera del reglamento o con fines delictivos.
En este sentido, para Murray, aun cuando Tognoli "no haya cometido ningún tramo de la acción descripta por el artículo 5º inciso C de la ley 27.737, su actividad es fundamental para los fines de la organización" delictiva.
En este contexto, el fiscal pidió una ampliación de la indagatoria y la adecuación de imputación. Una vez que Tognoli declare, Vera Barros tendrá diez días para resolver su situación procesal, es decir mantener el auto de falta de mérito o bien su procesamiento. En caso de ser procesado, no se descarta que por las penas previstas para el delito que ahora se le imputa se pueda dictar la prisión preventiva.
