Los ocho presos y sus tres rescatistas fueron condenados a altas penas. Para la acusación hubo un antes y un después de esa fuga para el Servicio Penitenciario provincial
Captura de pantalla con los rostros de alguno de los condenados mientras el tribunal los condenaba vía zoom.
El peor golpe en la historia del Servicio Penitenciario (SP) de Santa Fe tuvo una resolución judicial. Este martes el tribunal integrado por los jueces Fernando Sosa, Silvana Lamas González e Ismael Manfrin condenó a los presos que se evadieron de la prisión de Piñero el 27 de junio de 2021 y a los tres hampones que actuaron como grupo de rescate. El monto de las penas en los unificados llegaron a los 36 años.
La osada, violenta y cinematográfica evasión tuvo una víctima fatal: Walter Ezequiel Soraire, un joven con problemas severos de adicción y encargado de cortar el tejido perimetral. El juicio duró 16 jornadas y por el debate pasaron 60 testigos.
Entre los evadidos Sergio “Mono” Cañete, apuntado como uno de los ideólogos de la fuga junto a Rojas, fue penado con Cañete 17 años que le quedaron en una pena unificada en 36 años de condena; Joel Rojas, a 15 años (pena unificada en 20 años); Ezequiel Romero, 8 años y 10 meses (pena unificada en 16 años y 4 meses); Antonio Schmittlein; 9 años que se le unificó en una sentencia en 22 años; Alejandro Andrés Candia, 17 años (pena unificada en 36 años); Daniel David Piscione, 9 años de pena; Martín Alejandro “Rengo” Cartelli, 9 años de condena; y Claudio “Morocho” Mansilla, 9 años de condena, que unificados quedaron en 21 años.
Al Morocho, preso en la cárcel federal de Ezeiza, le restan por unificar dos condenas que aún no están firmes: 12 años por narcotráfico y otra a perpetua por dos homicidios, aunque esas últimas resoluciones todavía no tienen condenas firmes.
Para la acusación Cañete y Rojas fueron los cerebros del plan. También fueron los más complicados a la hora de las acusaciones ya que a ambos al momento de sus recapturas se les secuestraron tres armas de fuego de guerra. Morocho Mansilla era la persona para quien se ideó la fuga.
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Por esos día el peso pesado de zona oeste estaba siendo sometido a juicio por un doble crimen —el de Kevin Neri y Leonel Bubacar, ocurridos en septiembre de 2018— en el que fue sentenciado a 25 años de prisión. El Morocho estuvo prófugo 350 días. Fue el último del grupo de los ocho en ser recapturados. Los evadidos fueron absueltos por la acusación de daño agravado.
Dentro del grupo de extracción Rodrigo Gramajo recibió 18 años de prisión; Franco Ezequiel Canteros, 16 años y Elisa Magdalena Alvarez, recibió 12 años. Walter Ezequiel Soraire, el cuarto hombre del grupo que llegó para favorecer la fuga terminó asesinado en medio del cruce de balas.
“Mandaron a un pibe en estado de consumo permanente a poner la cabeza con una amoladora y mostramos, y se puede ver, cómo el grupo de internos lo pasa por arriba. Lo saltan para evadirse”, explicó el fiscal Franco Carbone. Los fugados fueron condenados por los delitos de evasión agravada y portación de arma agravada. En diez diez días hábiles se conocerán los fundamentos.
La fuga de Piñero del 27 de junio de 2021, marcó un antes y después en la política penitenciaria y de seguridad en la provincia. A partir de la fuga del Mono Cañete; Rojas; Romero; Schmittlein; Candia; Piscione; Cartelli, Mansilla, el área del SP pasó a formar parte de esa especie de oficina de correos para mensajería tumbera. Las penitencierías o las oficinas del SP fueron atacadas a balazos en el contexto de mensajes entre bandas, para marcabar objetivos para que los investigadores siguieran pistas o para amenazar a guardiacárceles.
“La fuga estuvo bien planificada. Fue el mayor golpe de la historia al SP. Hizo cambiar para siempre la lógica de los penales, los protocolos, la infraestructura”, explicó Carbone.
La lectura del fallo, en la voz del juez Manfrín, comenzó con sobresaltos. Los acusados que estaban siguiendo las alternativas del juicio vía Zoom desde la cárcel de Coronda interrumpieron al magistrado. Primero levantaron la mano para que se les concediera la palabra.
Ante la negativa comenzaron a los gritos reclamando que estaban siendo verdugueados y que querían hablar con su defensora. En un momento uno de los reclusos se acercó a cámara y dijo: “Soy Schmittlein y quiero que se me escuche”.
El juez le dijo que no era momento para hablar. El operador de la sala silenció los micrófonos del Zoom y se siguió adelante.
Manfrín comenzó la lectura despejando algunas cuestiones. Desestimó cierto planteo de las defensas de que los reclusos se fugaron porque vieron en las fallas de seguridad de Piñero una posibilidad. Como también el pedido fiscal de que el tribunal trabajara sobre “el crudo de la extracción telefónica en los aparatos celulares de Canteros y de Gramajo” algo que no contaba con la cadena custodia de las partes involucradas.
Luego comenzó lo que más les importaba a los evadidos y su grupo de rescate. El tribunal condenó a los acusados a penas que fueron de 9 a 18 años de prisión por fuga agravada, portación ilegítima de armas de fuego de guerra y favorecimiento doloso a la evasión agravado.
Al nicoleño Gramajo Fiscalía le pidió 26 años y el tribunal le dió 18 años. En el caso de Rojas le fue requerida una pena de 21 años y 3 meses de prisión y el tribunal lo sentenció a 15 años que con la unificación de penas le quedó en 20 años. Al Mono Cañete el fiscal le pidió 21 años y 3 meses y finalmente fue penado a 17 años que con la unificación le quedó en 36 años.
Tras la resolución del tribunal el fiscal Carbone dijo: “Cañete es el cerebro de todo este plan. Para Rojas y Cañete las penas son mayores porque hay otra circunstancia de portación de arma que es posterior. Ellos son aprehendidos en el baúl de un auto cuando estaban escapando con tres armas y por eso la pena es mucho más grave”, explicó.
A la nicoleña Elisa Alvarez el fiscal le pidió 18 años y 6 meses. “La mujer fue facilitadora de la evasión. Fue quien proveyó uno de los autos y al menos una de las armas la trajeron desde San Nicolás, de donde es oriunda. Cuando se aprehende a Rojas y Cañete pocas horas después del hecho los encontramos con tres armas de guerra en el auto que manejaba ella”, explicó Carbone. El tribunal la condenó a 12 años.
A Canteros el fiscal le requirió una pena de 17 años y 6 meses. El tribunal lo condenó a 16 años con declaración de reincidencia. En tanto que al nicoleño Cartelli el fiscal le pidió una pena 11 años y 3 meses y el tribunal lo condenó a 9 años y la declaración de reincidencia. A Schmittlein el fiscal le requirió una condena de 11 años y 3 meses. El tribunal le dió a 9 años que unificados quedaron en una pena de 22 años.
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El fiscal Carbone le pidió a Piscione una sentencia de 11 años y 3 meses. Fue condenado a 9 años y la declaración de reincidencia. Al Morocho Mansilla el fiscal le requirió una pena de 11 años y 3 meses, el tribunal lo condenó a 9 años que unificados quedaron en una sanción única de 21 años y la declaración de reincidencia. Carbone requirió que Candia fuera condenado a 11 años y 3 meses pero el tribunal lo sentenció a 9 años y la declaración de reincidencia. Y a Romero, por último, Fiscalía le pidió 9 años y 9 meses, el tribunal lo sentenció a 8 años y 10 meses que unificados le quedaron en 16 años y 4 meses.
“Las penas fueron un tanto menores a las que solicitamos pero estamos muy conformes con el fallo, es inédito. Marcamos desde el principio de la investigación, hace tres años, un quiebre institucional, que había habido un antes y un después. Las penas dan cuenta de esto. Es histórico porque la evasión tiene una pena muy exigua en el Código pero como se pudo acusar por la portación en conjunto de las armas de fuego se pudo pedir una condena mayor”, explicó el fiscal.
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