Buena parte de los problemas relativos a la persecución del delito en Santa Fe tiene que ver con su arcaico sistema de enjuiciamiento, que permite que muchos sujetos mencionados una y otra vez en investigaciones dispersas se sientan, con motivos, a salvo de cualquier sanción. Para intentar torcer esta fuente de frustración la provincia marcha lentamente hacia un modelo de juicio oral. Uno de sus actores fundamentales serán los encargados excluyentes de la investigación del delito, los fiscales, que en la provincia serán comandados por Julio de Olazábal.
“Lo más importante de lo que viene es que vamos a terminar con una farsa: la idea de que todos los delitos deben investigarse igual. Vamos a elegir a qué tipo de acción privilegiar y esas prioridades van a salir de consultas a cada comunidad”, dijo De Olazábal.
—¿Cuándo empieza a regir el nuevo sistema de juicio oral de manera plena?
—La puesta en marcha efectiva del sistema de juicio depende del Poder Ejecutivo. Estoy en contacto con el gobernador que manifiesta que la fecha será el último trimestre de este año. Percibo que el gobernador puso el acento en que quienes concursaron para fiscales y defensores tengan acuerdo legislativo. Y sabemos que algunos postulantes han tenido problemas que, a mi criterio, son de índole política. Entiendo que es difícil la relación entre un equipo gobernante de un color y una mayoría legislativa de otro. Creo que no todos los legisladores comprendieron el concurso por el que pasaron los candidatos.
—De hecho la oposición habló de concursos a medida y de problemas de los candidatos con los puntajes.
—Los concursos fueron absolutamente transparentes. En esto puedo ser contundente. No se benefició a ningún candidato. Fueron concursos anónimos y, al contrario de lo que existe usualmente, todos los candidatos conocían los temas de antemano. Se hicieron 150 preguntas que estuvieron a disposición de todos los aspirantes 20 días antes. No se puede decir que algunos pudieron ver el tema con anterioridad y otros no. Falso. Todo el que quiso lo vio de antemano. Si se disiente sobre el sistema de puntajes es otra cosa: eso es discutible y revisable. Pero los que cuestionaron el método de puntaje debieron hacerlo antes del concurso y no con el concurso hecho. Sea como sea, los concursos fueron limpios.
—¿Es posible luego del rechazo legislativo de varios pliegos poner en marcha el sistema?
—Sí, es posible. Pero igual es sorprendente que se presentaron muchos menos candidatos que los esperados. Y luego muchos quedaron al margen. El número reducido que pasaron cubre el 40 por ciento de las vacantes. Ahora esperamos un segundo concurso para cubrirlas. Entiendo que en febrero del año próximo eso podrá darse.
—¿Que puede cambiar para bien con la implementación plena del sistema de juicio oral?
—Mire, hablo modestamente como una persona que ocupó todos los cargos en el Poder Judicial de Santa Fe, desde empleado a lo más alto. Lo primero es que el sistema de juicio por expedientes escritos de la provincia fue declarado inconstitucional en tres oportunidades. Pero lo más importante es que este procedimiento, creado en la Edad Media, no sirve. Cada juzgado de instrucción funciona como una especie de feudo y no hay una política común de persecución al delito. La policía muchas veces ajusta su trabajo a la siguiente pregunta: «¿qué juez está de turno?», según este sea más incisivo o más temeroso. Y esa no es una forma de actuar frente a una delincuencia cada vez más organizada. En la nueva fiscalía los fiscales no sólo vamos a asumir el papel de acusar sino también el de investigar y dirigir a la policía. Lo más importante es que vamos a terminar con una farsa: la idea de que todo tiene que ser investigado de la misma manera y a fondo.
—Si todo se investiga de la misma manera, lo único seguro es que la mayoría de los casos terminarán en el archivo sin aclararse.
—Claro, esa idea es una mentira. No se puede dar la misma importancia a un homicidio que al hurto de un alicate. La elección de qué perseguir se definirá por un criterio de oportunidad. Vamos a privilegiar qué investigar. Se decidirá desde abajo en base a un consejo asesor regional, integrado por tres políticos, tres fiscales y tres representantes de organizaciones civiles. Y serán ellos los que van a definir qué es lo que a la población de una determinada región le interesa. Ellos van a fijar la primera consulta popular en materia de persecución, hoy inexistente. Lo que resulte será entregado a los fiscales. Con el asesoramiento de una junta de fiscales estableceremos en base a la consulta una política de persecución del delito.
Luego está el tema del juicio. Hoy el sistema del expediente es ineficaz y da vergüenza. Tomemos el caso de la inundación de Santa Fe. Pasaron diez años y no hay respuesta de ningún tipo. No digo que los señalados sean culpables. Pero la Justicia, frente a algo tan enorme, debe dar una respuesta. El nuevo procedimiento lo que tiene, con la oralidad, es una agilidad sorprendente. Y la publicidad es verdadera. No hay ningún papel secreto en un estante cerrado. ¿Usted tiene dudas sobre qué ocurre? Venga a una audiencia, pase y mire. Eso es lo que el Ministerio Público de la Acusación, la fiscalía, le puede ofrecer a la sociedad. Una investigación más ágil y un juicio acelerado y público.
—Hoy tenemos tramas delictivas donde aparecen los mismos nombres, en las mismas zonas, en los mismos hechos. ¿Cómo va a encarrilar toda esa dispersión el nuevo sistema para generar resultados esperables?
—Decíamos que en el sistema escrito es muy difícil de unificar investigaciones porque cada juzgado actuaba como un feudo. Ahora no va a pasar porque la investigación, que la tiene el fiscal y no el juez, va a tener métodos de análisis criminal que unirán líneas conductoras. Se trabajará de manera temática dejando atrás métodos antiguos.
—Otro problema es que comandarán una policía con una tradición muy pobre en formación investigativa
—La policía no siempre tiene que hacer las investigaciones. Pero firmamos un convenio con el Ministerio de Seguridad que dispone separar dos funciones policiales confundidas, las acciones relativas al control del orden público y las de investigación. El que se ocupe de esto último debe tener un perfil muy específico. Se creará un órgano de investigación que concentre en un cuerpo a todos los investigadores. Estos estarán en un ámbito nuevo y con el tiempo pasarán a la esfera nuestra. Desde la Fiscalía General se van a dictar protocolos de actuación. No es inventar la pólvora porque ya existen estándares internacionales: qué hacer frente a una evidencia a levantar en el lugar del hecho, qué se hace cuando hay una víctima, cómo se interroga a testigos. Es duro ver el desorden de la investigación en la actualidad. Por eso vamos a conformar manuales de actuación.
—Ustedes también estarán frente a un tribunal examinador. Es la comunidad, que les va a pedir mejoras en la persecución del delito. ¿Qué se requiere para asumir con éxito esa expectativa?
—Una investigación moderna requiere un sistema informático moderno. También medios de comunicación eficaces. Pero sobre todo una capacitación eficiente en los fiscales. Tenemos una escuela de capacitación. Creo que la población va a apreciar la mejora en los juicios.
