Lo que se reveló como una novedad en la audiencia imputativa realizada el martes y en la que se acusó al ex fiscal regional Patricio Serjal de ser parte de una trama criminal cíclica para extorsionar a un empresario del juego, parece algo tan marchito como las antiguas actuaciones policiales y los partes preventivos que llegaban a las redacciones tras redadas por cuestiones de drogas o infracciones al viejo Código de Faltas. Claro está que si el que actúa en la trama es un jefe de fiscales y éste termina detenido, la cosa se torna novedosa.
Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos acusaron al ex fiscal regional Patricio Serjal, como lo habían hecho la semana anterior con el ya detenido ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y el empleado judicial Nelson Ugolini, por haber generado un expediente trucho al que se le asignó un CUIJ (Código Unico de Identificación Jurídica) real para tener así completo conocimiento de todas las investigaciones que se abrieran contra el empresario de juego Leonardo Peiti, señalado como un hombre vinculado a una banda que cometía extorsiones en nombre de la banda de Los Monos.Así, cada fiscal que abriera una investigación sobre juego clandestino y que tuviera a Peiti bajo la lupa debía consultar a Ponce Asahad y a su jefe porque éstos ya tenían un expediente encaminado. La denominaron “causa poncho”, a partir del termino callejero “emponchar”, que es transformar un auto robado en uno legal modificando sus números de chasis y motor.
Con la acusación a Patricio Serjal por los delitos de cohecho, incumplimiento de deberes de funcionario público, transmisión de datos reservados y omisión de persecución, falsedad de documento y peculado, parece haberse cerrado la primera etapa de una investigación que ha puesto al Poder Judicial en el centro de todas las miradas del mapa político santafesino. Una verdadera Caja de Pandora o punta de iceberg en la que nadie, por fuera de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), conoce hacia qué lugar enfila la proa. Por lo pronto Serjal quedó bajo prisión preventiva por 90 días y ya pasó dos noches en el Order, ubicado en el barrio Godoy, lugar en el cual también se encuentra preso Ponce Asahad.
Tres hombres, una causa
Ugolini, Ponce Asahad y Serjal se han transformado en los apellidos que enlodaron no sólo al MPA sino a todo el sistema judicial provincial como engranajes del sistema que brindaba cobertura a una red que combinaba extorsiones a empresarios en nombre de la banda de Los Monos con una red de casas de juego clandestino. En ese marco fue investigado Peiti, quien al declarar en la audiencia imputativa en su contra hizo estallar un escándalo cuando relató que en diciembre de 2018 fue contactado por Ponce Asahad para ofrecerle cobertura en investigaciones que pudiera haber en su contra a cambio de un canon de cuatro o cinco mil dólares por mes.
En ese marco, Ugolini fue acusado de mensajear en varias ocasiones al propio Peiti para advertirle sobre allanamientos a sus garitos clandestinos en distintos lugares de la provincia. El empresario del juego dijo, además, haberse reunido al menos dos veces con Serjal (una de ellas en un hotel de la ciudad de Buenos Aires) por consejo del propio Ponce Asahad e invocando su nombre como garantía de protección.
“Nada tiene sentido sin la conducción del negocio criminal de parte del doctor Serjal”, dijo el fiscal Luis Schiappa Pietra como una trompada a la mandíbula, al sintetizar el rol del ex fiscal de fiscales de Rosario al acusarlo el martes a la tarde en el Centro de Justicia Penal.
Un número guía
En esa audiencia Serjal fue acusado, entre otros delitos, de haber generado un expediente trucho con un CUIJ legal. Como el trío conocía que los fiscales Natalia Benvenutto, Valeria Pedrana y David Carizza tenían abierta en Rosario una investigación sobre juego clandestino, decidieron abrir un “legajo poncho”. Y lo hicieron a partir del informe de un efectivo de alto rango de la ex Policía de Investigaciones (PDI) también investigado por sus presuntos contactos con el empresario Peiti, sobre tareas de 2017 que indicaban que “en distintos lugares” habría locales de juego clandestino.
Ese expediente tenía el número 21-08025526-5 y fue abierto por Ugolini el 5 de diciembre de 2018 cuatro minutos antes de las 11 de la mañana.
Ese CUIJ le permitió al trío judicial estar al tanto sobre cualquier investigación que se abriera en derredor de Peiti. Una vieja modalidad utilizada años atrás por las brigadas investigativas policiales callejeras, sobre todo en el mundo de las drogas, para tener control sobre los rebaños delictivos que aún no tenían el poder actual. El policía que abría una investigación sobre el objetivo en cuestión debía preguntar a quien llevaba la primera pesquisa los datos ya colectados y así tenían el control de lo que pasaba alrededor de su pupilo.
Contacto en Venado
Con esa artimaña como telón de fondo se dio el incidente en el que Ponce Asahad se comunicó con el fiscal Matías Merlo de Venado Tuerto en diciembre de 2018 para conocer si existía una investigación sobre Peiti.
Merlo tenía en la mira al empresario que tiene salas de juego legales en Paraguay y varias provincias argentinas tras el allanamiento a un garito en la localidad de Hughes. Una pesquisa que el fiscal tenía blindada. Y fue a partir de la comunicación con Ponce Asahad, quien lo anotició que en Rosario investigaban a Peiti, que el expediente en manos de Merlo comenzó a sufrir filtraciones hacia los abogados del empresario.
Al darse cuenta de que algo raro sucedía, Merlo informó a su superior, Alejandro Sinópoli (fiscal regional en Venado Tuerto) y éste, el 26 de diciembre de 2018 solicitó al Fiscal General de la provincia, Jorge Baclini, una investigación administrativa por filtración de información. Eso quedó plasmado en el expediente 000051/2019. Y ese CUIJ fue la excusa que usó Serjal para contactarse con Sinópoli a fin de coordinar tareas y no pisarse en investigaciones similares que había en Rosario.
Para los fiscales Luis Schiappa Pietra, Matías Edery, María Eugenia Iribarren y Gisela Paolicelli, este es un ejemplo más de las acciones que llevó adelante el trío Serjal-Ponce Asahad-Ugolini como una empresa criminal organizada cíclica, no asociación ilícita, destinada a proteger a Peiti a cambio de sobornos y que eso incluía inmiscuirse en expedientes judiciales de otras jurisdicciones para generar filtraciones, boicotearlas o frenarlas.
