Un preso, condenado por robo calificado, y su pareja fueron condenado en proceso abreviado por cuatro hechos de extorsión —dos de ellos en grado de tentativa— entre enero y marzo de 2023, a comerciantes de un centro mercantil ubicado en las inmediaciones de los monoblocks de Supercemento. Ignacio Alexis Corzo, de 23 años, fue condenado a una pena única de 11 años al unificarse con una condena anterior de 4 años de cárcel de septiembre de 2021. Su pareja, Luana Solange Gervatti, de 21 años, fue sentenciada a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y reglas de conducta como partícipe necesaria de los intentos de extorsión así como la tenencia ilegal de arma de fuego de guerra y encubrimiento simple. El acuerdo de partes fue homologado por la jueza Valeria Pedrana.
A partir de una serie de aprietes extorsivos denunciados por comerciantes de la zona de Supercemento, en el extremo oeste rosarino, los fiscales Franco Carbone y Federico Rébola iniciaron una investigación que colocó en la mira a un interno alojado en la subunidad 3 del complejo penitenciario de 27 de Febrero al 7800. El preso era Corzo, condenado a cuatro años y seis meses de prisión el 2 de septiembre de 2021 por robo calificado.
Las extorsiones estaban planteadas como parte del manual tumbero: llamadas intimidatorias para quebrar la voluntad de la víctima para que pague una cifra de dinero.
El pasado 19 de abril los fiscales ordenaron al menos cuatro allanamientos que llevó adelante la Brigada de Extorsiones y Balaceras de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). El más relevante en una vivienda de pasillo ubicada en Provincias Unidas al 1500, donde detuvieron a Gervatti y secuestraron una nota extorsiva con la rúbrica de “la mafia” y contenía amenazas de “rafagazos” en caso de que la víctima no cediera al apriete.
También encontraron allí una pistola 9 milímetros con numeración limada y una balanza de precisión. También fueron allanados domicilios donde viven allegados al principal sospechoso, entre ellos el padre de Corzo quien tras aquellos allanamientos quedó demorado por tenencia de estupefacientes y puesto a disposición de la Justicia Federal. En la celda de Corzo fueron incautados dos teléfonos celulares.
Desde la cárcel
Corzo fue acusado por el fiscal Carbone de haber participado junto a otras personas, aún no identificadas, en una maniobra extorsiva contra una mujer que comenzó el miércoles 25 de enero pasado con mensajes al celular de la víctima en el que le exigía una cifra de 400 mil pesos, o en cuatro cuotas de 100 mil pesos, para dejar trabajar su local comercial. Entre las 15.52 y las 18 del día en cuestión se contactó cuatro veces hasta que logró encontrarse en un punto de reunión en el puente peatonal en las inmediaciones de Circunvalación a la altura de calle Santa Fe.
La víctima vio llegar a dos hombres en una moto de 110 centímetros cúbicos color roja, y tal cual lo acordado, arrojó la cuota de 100 mil pesos. Una vez que tuvieron la plata en mano los de la moto rojo fugaron. Corzo siguió comunicándose con la mujer para que el viernes 27 de enero pagara la segunda cuota.
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Además se le imputó otra maniobra extorsiva a dos familias que comenzó el 13 de febrero último, alrededor de las 16.50, cuando envió un mensaje de WhatsApp comunicando que debían comunicarse “urgente” si querían seguir trabajando en sus locales comerciales. En la advertencia decía: “Todos (en la zona) están pagando”.
El pago por “estar tranquilos” estaba establecido en 1.500.000 pesos, acordando una entrega de 100 mil, el viernes otros 100 mil y cada 15 días la suma de 200 mil hasta llegar al millón. Así acordaron una entrega en calle Juan Pablo II (colectora de Avenida Circunvalación) y Santa Fe. Alrededor de las 19, las víctimas dejaron el dinero de la primera cuota en el punto de contacto, y volvió a escena la moto 110 roja, tipo Honda Titán.
Como el 16 de febrero el pagó no se realizó, hubo contacto pidiendo más dinero. Un día más tarde hubo una advertencia para que se comunicaran “urgente” y el 18 de febrero un ataque incendiario contra uno de los locales. Luego, al día siguiente Corzo volvió a amenazarlos.
El 2 de marzo otro familiar de las víctimas comenzó a recibir amenazas por WhatsApp. En el mismo sentido también fue imputado de haber remitido mensajes extorsivos vía WhatsApp a otro hombre junto a dos familiares, propietarios de un local comercial de Rosario, al que le exigieron el 26 de febrero 100 mil pesos.
Por su parte, a Gervatti la acusaron de haber tenido una pistola 9 milímetros con numeración limada que le fue incautada en el allanamiento de su casa el 19 de abril. Además de su condena a 3 años de prisión condicional le impusieron normas de conducta como fijar residencia; someterse al control de la Dirección de Asistencia Pos Penitenciaria; finalizar la escolaridad secundaria y/o adoptar oficio, arte, industria o profesión, adecuado a su capacidad; abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; prohibición de tener y/o de portar todo tipo de armas de fuego (cargadas, descargadas, réplicas o de juguete).
