Las investigaciones sobre el patrimonio de jefes policiales tuvieron un trámite accidentado en la última década: la mayoría prescribió por el paso del tiempo. A doce años de su inicio, una de esas causas llegó a juicio oral. Un fiscal pidió 3 años de prisión efectiva para Omar Pintón, ex habilitado de la Jefatura rosarina al que se le reprocha un incremento injustificado que, trasladado a montos actuales, rondaría los 40 mil dólares. Es el primer debate público por enriquecimiento ilícito del sur provincial desde que arrancó el nuevo sistema.
El juicio comenzó el jueves a la mañana ante los jueces Pablo Pinto, Facundo Becerra y Alejandro Negroni. El fiscal Gonzalo Fernández Bussy pidió una pena de 3 años de prisión efectiva para el subdirector Pintón, retirado de la fuerza en 2017 y quien llegó al debate en libertad. Además pidió la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa equivalente al cien por cien del patrimonio cuestionado. La defensa planteó la absolución. En el debate se analiza el aumento del patrimonio del policía en el período comprendido entre 2005 y 2008. Las audiencias se extenderán por dos semanas antes del veredicto.
Hace más de diez años, a partir de 2006, la Dirección de Asuntos Internos abrió una serie de sumarios para conocer el estado patrimonial de jefes policiales. Luego de una investigación administrativa previa, cerca de veinte legajos se convirtieron en expedientes penales impulsados por fiscales del viejo sistema escrito. Con los plazos estirados por largas pericias contables y el traspaso de causas al nuevo sistema en 2014, el año pasado prescribieron dos de esas causas y la Corte impulsó una investigación interna.
Si bien se esperaba que el primer caso en llegar a juicio fuera el del ex jefe de regionales del sur provincial Hugo Giuliano, fue Pintón el primero de la lista en sentarse frente a un tribunal. El ex jefe del área de Administración y Finanzas de la Unidad Regional II asumió el 17 de diciembre de 2007 en ese puesto que se conoce como el de “habilitado”, la persona que firma la salida de dinero para partidas como reparación de móviles, gastos de combustible y racionamiento.
Desempeñó esas funciones hasta abril de 2010, cuando fue reemplazado tras una serie de cambios en el Ministerio de Seguridad santafesino. En esa época, sólo contaba en su patrimonio con un inmueble obtenido por una sucesión familiar.
En noviembre de 2008 comenzó a ser investigado por Asuntos Internos al advertirse un desfasaje en sus ingresos. Por entonces era jefe del Departamento Judiciales en la Unidad Regional VI de Villa Constitución. Al momento de la pesquisa interna poseía varias propiedades y vehículos.
Una vez concluida la investigación administrativa sobre sus bienes, a Pintón lo emplazaron a que los justifique. Luego de solicitar algunas plazos y prórrogas dijo que los había obtenido a partir de un beneficio económico que recibía su abuela, ya fallecida, desde Italia. Sin embargo, una pericia contable arrojó que los gastos del funcionario no eran coincidentes con sus ingresos como integrante de la fuerza y en 2012 su expediente fue remitido a la Justicia.
La causa avanzó en el viejo sistema con el policía en libertad. Pintón fue indagado en el juzgado de Instrucción 14, donde negó la imputación. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Cristina Herrera, quien consideró comprobada la existencia de un delito. Fue procesado por la jueza Delia Paleari y en abril de 2018 se formuló la requisitoria de elevación a juicio.
Con el cierre del sistema conclusional, el año pasado se realizó la audiencia preliminar al juicio donde Fernández Bussy formalizó el pedido de pena que reiteró este jueves en su alegato de apertura. Según lo planteado en el juicio, el informe contable realizado por un perito de la Corte arrojó un saldo negativo de 130 mil pesos a 2008. Un monto que, según calculan fuentes del caso, trasladado a la actualidad rondaría los 40 mil dólares.
De acuerdo con la investigación, entre 2005 y 2008 el policía adquirió cinco propiedades, una moto de agua, una 4x4 Mitsubishi Montero y realizó viajes al exterior con su familia. En la primera jornada declaró el fiscal Fernando Dalmau, quien participó de las primeras instancias de la investigación y expuso sobre el notable incremento patrominal del policía en un corto período de tiempo. Resta la declaración de unos cincuenta testigos antes del fallo final.
