En pocos minutos, diputados y senadores de la provincia suspendieron en su cargo al fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien está imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, transmisión de datos reservados y cohecho pasivo (recibir coimas) para encubrir el delito organizado en torno al juego clandestino. Lo que le demandó al presidente de la comisión bicameral de Acuerdos, Joaquín Gramajo, comunicar que en su reunión del martes los diez integrantes de la misma habían decidido aconsejar la suspensión por 180 días del funcionario y reducirle su sueldo en un 50 por ciento; y a la vicegobernadora Alejandra Rodenas poner a consideración el dictamen, fue todo lo que duró la sesión conjunta que el mediodía de ayer se realizó por videoconferencia y en la que hubo una votación unánime.
En el recinto de Diputados, teniendo en cuenta las medidas preventivas de aislamiento social, estuvieron presentes la vicegobernadora, que presidió la sesión; el titular de la Cámara baja, Miguel Lifchitz; el presidente provisional del Senado, Rubén Pirola; el presidente de la comisión de Acuerdos, senador Raúl Gramajo; el vicepresidente de esa comisión, diputado Pablo Farías; el legislador designado como acusador, diputado Fabián Bastía; y el secretario legislativo del Senado, Rafael Gutiérrez.
El trámite no solo desafió y defraudó las especulaciones previas que inquietaban a la mayoría de los actores de la política provincial con su corta duración, sino también por el silencio de quienes participaron. Es que se esperaban cruces y pases de facturas que podrían elevar la temperatura, generar tensión y largas exposiciones. Pero nada sucedió.
El escándalo que envuelve el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA) no es el primero ni es nuevo: al jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, quien se viera obligado a renunciar el lunes salpicado por las misma sospechas ya había sido denunciado cuando la conformación de la Legislatura era otra.
En ese sentido, un debate confrontativo en la sesión conjunta de ayer habría corrido el foco de la corrupción en el MPA a las responsabilidades políticas al respaldar y nombrar a fiscales y funcionarios judiciales. Procesos en los que intervienen los poderes Ejecutivo y Legislativo. Pero ayer se impuso un silencio tan unánime como la urgencia de despachar el expediente con Ponce Asahad suspendido tras ser imputado por la Justicia y estar bajo prisión preventiva por 90 días.
"Es imprescindible saber qué hicieron Ponce Asahad y Serjal. Qué causas cerraron y quiénes se beneficiaron. La política tiene la obligación de explicar lo que sucede en función de profundizar la democratización de los tres poderes del Estado", reclamó el diputado del Frente Social y Popular Carlos del Frade, quien el año pasado había investigado y denunciado a Serjal.
Y en diálogo con este diario repitió que "sin transparencia ni independencia verdaderas, el servicio público de Justicia seguirá siendo una red de pescadores invertida por donde pasen de largo los peces grandes y queden atrapados solamente los peces chicos".
Los legisladores del Frente Juntos por el Cambio eligieron expedirse a través de un comunicado en el que sostienen que "más allá de lo que hoy se votó es deber de la Justicia ir a fondo con la investigación de este caso para saber quiénes se han beneficiado en todo este tiempo". E indicaron que "lamentablemente no es la primera vez que sucede que un fiscal exige importante sumas de dinero a cambio de protección judicial. En este caso, además se involucra la mafia del juego clandestino. La Justicia debe ser transparente y verdadera. Parece una paradoja, pero quienes eran los encargados de cuidarnos de los delitos, son los mismos que lo estaban encubriendo".
Proyecto de ley
A su turno, el diputado por Igualdad y Participación Ruben Giustiniani, le dijo a La Capital que la suspensión de Ponce Asahad "debe ser el primer paso a su destitución definitiva. Hoy presentamos un proyecto de ley para la selección y designación de magistrados y fiscales que garantice transparencia y menos discrecionalidad política. Este fiscal nunca debió ser designado, como lo expreso la entonces diputada y ex vicegobernadora Griselda Tessio. No estamos ante estos hechos de sospecha de corrupción y mal desempeño por algo aislado o anecdótico, tampoco en presencia de la auto depuración del sistema, sino ante el emergente de un sistema opaco, laxo y discrecional".
A la hora de presentar el dictamen emitido por la comisión de Acuerdos, el titular de la misma, el senador justicialista Raúl Gramajo, solicitó a sus pares "que al momento de votar pensemos en la necesidad que la comunidad nos impone, de poder trabajar ordenadamente en la resolución de los problemas de corrupción de los miembros del Ministerio Público de la Acusación".
Tras ello, y con el voto afirmativo de 15 senadores y 48 diputados, sin abstenciones ni votos negativos, el dictamen emitido por la comisión de Acuerdos quedó aprobado y Ponce Asahad fue suspendido en forma provisoria por 180 días, con la reducción del 50 por ciento de su salario.
Allanamiento por supuestos vínculos entre dos policías
En el marco de la causa que investiga el accionar de una banda dedicada a la extorsión a comerciantes y sostener una red de juego clandestino bajo la protección de sectores de la policía y la Justicia, efectivos de la Agencia de Control Policial (ex Asuntos Internos) y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) allanaron ayer en Villa Constitución la vivienda de un jefe de la fuerza. Al uniformado solo le incautaron los teléfonos celulares de su familia y otros elementos de almacenamiento de información.Se trata de Alejandro Ramus, jefe de la Dirección Operativa de la Región II de la Agencia de Investigación Criminial (AIC).
De acuerdo a documentación ventilada en la audiencia en la que fue imputado el ex jefe de la Unidad Regional VI de policía (Villa Constitución) Alejandro “Pipi” Torrisi por ser parte de esa red dedicada a extorsionar y regentear salas de juego, los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada expusieron un documento que vincula a ambos efectivos.
Es una hoja del libro de guardia de la AIC en la que consta una visita de Torrisi a Ramus. El texto que escribió el sumariante de la repartición dice: “Constancia. 14.50. Se deja la misma en razón de que siendo la hora marginada se hace presente en esta Guardia quien dice llamarse Torrisi, Crio. Gral. Retirado, quien refirió que se presentaba para entrevistar al Crio. Sup. Ramus. Se le informa que el jefe se encuentra ocupado. Se retira”.
Al respecto, fuentes de la AIC dijeron que al enterarse de que Torrisi lo buscaba, Ramus dijo que no lo conocía y consultó a un superior que le ordenó que no lo reciba y que se deje constancia en el libro de guardia “para evitar toda suspicacia y problema posterior”.
En ese sentido, los investigadores sospechan que podría existir algún vinculo entre el policía retirado y Ramus ya que el primero, antes de ser detenido el 20 de julio al salir de una sala de juego ilegal de Villa Gobernador Gálvez con un sobre con 150 mil pesos, había pasado por la sede de la AIC (según consta en el libro de guardia de esa repartición), todo lo que fue registrado por los agentes encubiertos que lo seguían.
