Con el arresto de un oficial del Servicio Penitenciario (SP), ya son ocho los
detenidos por la escandalosa fuga que protagonizó el miércoles Raúl Oscar Flores, el confeso
homicida del sindicalista Abel Beroiz. Cuatro de los apresados pertenecen al Instituto Autárquico
Provincial de Industrias Penitenciarias (Iapip) y cuatro al SP y todos están acusados por
facilitamiento de fuga, un delito que prevé penas de hasta cuatro años de cárcel y por lo tanto es
excarcelable.
En tanto, el juez de Instrucción Juan Andrés Donnola, quien lleva adelante la
causa, continuaba entrada la noche de ayer tomando maratónicas declaraciones indagatorias en su
despacho a los principales acusado. Además, el magistrado previó para las primeras horas de hoy la
realización de varias medidas judiciales.
"Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para aclarar este caso que es muy
preocupante por las connotaciones que tiene y le aseguro que toda la policía está movimiento para
buscar al evadido", manifestó anoche a este diario el juez Donnola.
El magistrado agregó: "Queremos llegar a determinar las responsabilidades de
cada uno de los que pudieron facilitar esta fuga, pero también queremos encontrar a Flores. Estamos
trabajando en eso y yo soy optimista porque soy trabajador".
Al respecto, el juez Donnola sostuvo que conformó un equipo de estrechos
colaboradores, entre los que se encuentra los jefes de las divisiones Judiciales y de Seguridad
Personal de la Unidad Regional II, para seguir de cerca el día a día de la investigación.
En ese sentido, la novedad ayer estuvo dada por la incorporación de un nuevo
sospechoso a la lista de implicados. Se trata de un oficial penitenciario que estaba a cargo del
pabellón B, de donde se escapó Flores, a bordo de un utilitario y escondido entre bolsas de pan el
miércoles a las 8 de la mañana.
A declarar. Ayer también fueron trasladados desde la cárcel de Piñero al depacho
del juez tres internos que eran compañeros de Flores en el sector de panadería del penal, sector
del cual se produjo la evasión. Para eso, desde el juzgado de Donnola se tuvieron que remitir las
correspondientes autorización y notificaciones a los jueces que tenían a su cargo las causas de
esas personas. Los reclusos declararon durante la mañana, pero "poco aportaron a la investigación",
dijo un vocero tribunalicio.
Fuentes de la pesquisa, en tanto, consignaron que probablemente el martes, serán
convocados a declarar otros tres empleados del Servicio Penitenciario. En esos casos podría haber
imputaciones directas, pero por delitos no tan graves como los que ya han sido tipificados. También
para la semana entrante se estima que comenzarán a llegar al juzgados los pedidos de
excarcelaciones para todos los acusados. Es que, según el Código Penal, el delito de facilitamiento
de fuga establece una pena máxima de 4 años de prisión, lo que le permite al acusado permanecer en
libertad mientras realiza la investigación y el juicio.
En el caso de los agentes del SP esa acusación presenta el agravante de
pertenecer a una fuerza pública. En ese caso le correspondería una inhabilitación permanente para
ejercer cargos públicos.
Sin rastros. Por otra parte, desde la Jefatura, un alto oficial que participa de
la búsqueda de Raúl Flores aseguró que ayer se hizo un nuevo allanamiento en el barrio La Tablada
(ya son seis) para hallar al evadido, pero "fue infructuoso".
"Esto es un trabajo lento y tranquilo. En algún momento lo vamos a encontrar",
dijo el esperanzado vocero.
Piden informes sobre las evasiones
Los presidentes de los bloques justicialistas de la Cámara de Diputados
santafesina solicitaron al presidente del cuerpo, Eduardo Di Pollina, que invite al ministro de
Seguridad de la provincia, Alvaro Gaviola, para "informar sobre distintos aspectos vinculados a la
seguridad". La comunicación, firmada por Mario Lacava, Luis Rubeo, Alejandra Vucasovich, Jorge
Lagna y Darío Scataglini especifica que, en especial, solicitan información sobre la masiva "fuga
de presos de la alcaidía de Rosario" ocurrida el domingo; la evasión de Raúl Oscar Flores, el
miércoles del penal de Piñero; y la fuga de reclusos de la alcaidía de Casilda.
Asimismo, los diputados Alberto Monti y Jorge Lagna y el senador Ricardo
Spinozzi presentaron sendos pedidos de informes en la Legislatura para conocer acerca de "las
actuaciones administrativas, sumarios internos, denuncias policiales y judiciales y resoluciones
del Servicio Penitenciario y el Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias" en
relación a la fuga de Flores. "Tras conocerse la noticia funcionarios del gobierno provincial
mencionaron las palabras «intencionalidad» y "complicidad» y que «resultan llamativos» los sucesos,
sin especificar quién, cómo, dónde o porqué serían los responsables de dichas actitudes".