René Ungaro y miembros de su banda fueron imputados de una saga de delitos

Entre enero y mayo de 2019 barrio Tablada, Villa Gobernador Gálvez y los edificios de Grandoli y Gutiérrez ardían. Los llamados al 911 revelaban que en esos territorios había un promedio de siete hechos diarios con armas de fuego incluyendo balaceras a propiedades, atentados con heridos u homicidios. Una investigación específica llevó a descubrir que detrás de esa tempestad de violencia aparecía una organización de personas unificadas bajo un mismo liderazgo que tenía como meta consolidarse territorialmente y aplastar a competidores para delinquir. Por esos hechos variados ayer fueron acusadas por integrar una asociación ilícita nueve personas. El imputado como jefe es René Daniel "El brujo" Ungaro, quien cumple condena por el asesinato de Roberto "Pimpi" Caminos, un vecino de su barrio.

Para desmenuzar los delitos encadenados que se enumeraron ayer durante tres horas fue crucial el hallazgo en el pabellón 13 de Piñero, en abril pasado, del celular de Ungaro. El trabajo conjunto de fiscales y del Organismo de Investigaciones (OI) derivó en imputaciones que merecieron en todos los casos prisión preventiva. Para el fiscal Matías Edery la evidencia muestra actores con funciones definidas y con roles que se repiten en el tiempo, una estructura con personas detenidas y en libertad, que alternan entre ordenar delitos a terceros, conseguir y mover armas y vehículos, concretar usurpaciones, y perpetrar balaceras a locales y personas.

Los hechos

Hubo tres hechos principales atribuidos. En un primer caso a René Ungaro y Julio Albornoz intimidar de forma extorsiva a Adalberto Ribadero, conocido como "Beto Riba", titular del no homologado Sindicato de Vendedores Ambulantes, a pagarle a su grupo 50 mil pesos mensuales para no atentar contra su vida.

El propio Ungaro se comunicó con Riba por Whatsapp el 14 de abril, según se mostró en la audiencia, y le dijo. "Escuchá, vos estás pagando ahora a los Cantero, ahora me vas a pagar o te vamos a matar. Pasame 50 todos los lunes y no te molesto más. Si no te cierro el de 27 y te mato mañana". Dos días después, señaló el fiscal, dos encapuchados aún sin identificar, cumpliendo órdenes de Albornoz, pasaron en moto por la sucursal en Villa Gobernador Gálvez del carrito de comidas de Riba, "Jorgito Jr." y dispararon seis veces. El hecho fue vinculado con la extorsión. El mismo día, según mostró Edery, ambos imputados se mandaron capturas de pantalla con la noticia del ataque al carrito.

El segundo hecho fue atribuido a Jesica González. Fue un ataque a tiros en la cárcel de Piñero, luego que miembros del grupo de Ungaro, debido a que los habían detenido, no pudieran ocuparse de la venta de los número para ocupar los primeros ingresos en la fila de visitantes a internos de esa unidad. Ese negocio proporciona una ventaja para los que, pagando, entran más rápido en jornadas donde hasta dos mil personas visitan la prisión.

Como los allegados a Ungaro no pudieron llegar por estar detenidos, otro grupo tomó el control del negocio, lo que implicó como represalia que el 11 de agosto pasado, a las 4.35, dos personas bajaran de un VW CrossFox y dispararan contra la gente que hacía fila, hiriendo a dos personas. Los que descendieron del auto son Claudio Ezequiel Alvez y Jesica González. El primero ya está imputado por ese delito. La mujer fue acusada ayer. Esa balacera provocó una fuerte réplica en Tablada, con incidentes a balazos contra integrantes del clan Ungaro.

La tercera situación fue la más desplegada en hechos y abarcó a las nueve personas sentadas en el banquillo. Las acusaron de integrar una asociación ilícita cuyas acciones marcaron muy fuerte las zonas de influencia de la banda. El fiscal dijo que aparecían probadas las conexiones entre ellos y ofreció cifras impactantes: sostuvo que durante el tiempo analizado, si se considera Rosario y Villa Gobernador Gálvez, el 43,3 por ciento de las víctimas de violencia lesiva fue herida en hechos ocurridos en la zona de dominio territorial de la banda liderada por Ungaro.

Los roles

El fiscal le atribuyó a "El brujo", que tiene 33 años y está preso desde el 25 de mayo de 2010, impartir las órdenes desde la cárcel a sus referentes en libertad, ordenar extorsiones a miembros de bandas antagónicas o personas aportando la dirección de ellas y sus vehículos, a los fines de que les disparen o les prendan fuego, con el acuerdo de retribuir económicamente por esas acciones. Le adjudicó controlar tanto recursos humanos como conseguir recursos materiales para esos fines.

Ungaro rechazó los cargos con un comentario muy breve. "Niego todos los hechos que se me están imputando. Nunca me encontraron teléfono en mi pieza (celda) ni en ningún lado", dijo.

Ramona Elvira "La gringa" Ávalos fue acusada de ser un engranaje central de la banda. Al ser detenida se la sindicó como gerenta del grupo por encargarse de la logística de la banda, disponer y trasladar armas, organizar la venta de números para el ingreso a la cárcel, instrumentar amenazas, extorsiones y atentados. También le endilgó organizar robos de vehículos para ser usados en delitos y garantizar su desarme.

A Daniel Balaguer lo acusaron de guardar elementos para cometer delitos y disponer de viviendas donde se esconden las armas. A Ariel Sebastián"Teletubi" Acosta, que está privado de la libertad, por ordenar desde su pabellón atentados contra personas. A Julio Albornoz, que tiene influencia en Villa Gobernador Gálvez, guardar los vehículos adquiridos y las armas usadas en ilícitos. A Jesica González por regentear la venta de números en la cárcel de Piñero y defender ese negocio. A Marcelo "Pala" Gorosito, ser brazo armado para la ejecución de balaceras y ataques contra personas como homicidios o lesiones. A Claudio Alvez ocuparse de traslados de personas de la banda para que cometan delitos y vender ingresos a Piñero. Por último, a María del Rosario Castelló se la acusó de gerenciar ese negocio organizando para defenderlo amenazas o lesiones contra las personas.

Pruebas concretas

El Organismo de Investigaciones aplicó durante cuatro meses un equipo para analizar contenidos de los celulares secuestrados y hacer análisis de violencia territorial. Ayer Edery expuso entre los muchos hechos aludidos ocho casos testigo de delitos de la banda.

Mencionó el homicidio de Patricio Ariel Patiño el 22 de enero pasado en su casa de Médici 4687. También el asesinato de Juan Alberto González, ocurrido el 1º de abril en Villa Gobernador Gálvez, donde está imputado "Pala" Gorosito. Otro suceso es el ataque al carrito Jorgito Jr. en esa misma ciudad, donde también se produjo el crimen de Osvaldo Fernández, el 14 de abril, referido en distintas conversaciones entre los imputados ayer.

Otro hecho sindicado a la banda de Ungaro fue la balacera contra un móvil de la Policía de Investigaciones en Villa Gobernador Gálvez el 14 de abril referido como un hecho derivado del asesinato de Fernández. "Los chicos barrieron mal y le tiraron a la PDI", indica un mensaje de un miembro del grupo.

Asimismo le achacan el incendio de un auto en Grandoli 3761 por estar escuchado Ungaro en mensajes de Whatsapp en su celular secuestrado ordenando que le prendan fuego. Finalmente se indicó como relevante que en allamientos a domicilios de "La gringa" Ábalos se hayan encontrado seis armas de fuego. Tras eso se ordenó su detención.

La jueza Valeria Pedrana aceptó la calificación legal de los hechos propuesta por la Fiscalía y ordenó 90 días de prisión preventiva para los acusados con excepción de dos mujeres acusadas a las que otorgó prisión domiciliaria.

Enojo e ira

“Vos hace tres años que me perseguís. Tenés algo personal conmigo”. Casi a los gritos, con ademanes que bordearon la ira, René Ungaro dirigió esas palabras al fiscal Matías Edery, que ayer tuvo a cargo la acusación. La jueza Valeria Pedrana de manera enérgica lo hizo callar. Sus abogados también, poco después de que uno de ellos cuestionara la acusación, al aducir que Ungaro lleva diez años preso, y no tiene contacto con muchas personas señaladas como de su banda.