La Corte Suprema de Santa Fe desestimó el hábeas corpus presentado por el diputado provincial Eduardo Toniolli y el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, en el que denunciaron un caso de torturas a tres jóvenes detenidos en la comisaría de la localidad de Florencia. En la presentación, según dijeron, el juez de Instrucción de Reconquista, Virgilio Palud, no dio intervención a la defensora oficial y los procesó con una declaración donde ellos se incriminaban sin haber tenido abogados ni en la seccional ni en el tribunal actuante. Para la Corte si se admitiera el planteo de Toniolli y Ganón no se respetaría el principio constitucional de que los jueces naturales, los que actúan en la zona donde se produce el delito, son quienes deben investigar las causas judiciales. No obstante el máximo tribunal dispuso se investigue si existieron los delitos denunciados y las responsabilidades que puedan corresponder a los policías y al juez interviniente.
Ayer Ganón dijo que se acudió a la Corte de manera excepcional porque precisamente el juez natural no garantizó que los imputados tuvieran defensa en un caso muy grave porque se presume que la confesión fue bajo torturas (ver aparte).
Tormentos. Amenazas, golpes de puño y cachiporra, aplicaciones de picanas en la lengua y las orejas, bolsas en la cabeza y hasta la obligación de bañarse juntos y besarse mientras eran filmados por la policía fueron algunos de los vejámenes denunciados por tres jóvenes que estuvieron detenidos en la comisaría 9ª de Florencia entre el 13 al 17 de mayo pasado.
Se trata de Roberto Gustavo Valenzuela, de 18 años —fue excarcelado el 22 de mayo—, Lucio Francisco Prieto y Martín Alejandro Gómez, ambos de 19 y todavía presos en Reconquista. Los tres contaron haber confesado su participación en hurtos a raíz de las amenazas del personal policíal, por los que fueron procesados.
El 13 de mayo Valenzuela fue llevado a la comisaría 9ª por el hurto de motos en esa localidad del del departamento General Obligado, a unos 600 kilómetros de Rosario. Según el muchacho, los policías le pegaron apenas ingresó en la seccional. Lo mismo dijeron Prieto y Gómez, a quienes se les impidió consultar a un abogado y les hicieron confesar delitos bajo apremios.
En la presentación, el legislador y el defensor provincial afirmaron que los jóvenes "fueron detenidos e incomunicados sin orden judicial. En la comisaría fueron torturados e interrogados y recién cinco días después fueron puestos a disposición del juez". También aseguraron que cuando declararon no fueron asistidos por un abogado defensor. "La defensora general tampoco fue notificada "ni antes de la audiencia ni convocada" a la medida judicial.
En la presentación del hábeas corpus también plantearon que los tormentos que sufrieron los jóvenes constituyen "una práctica sostenida y habitual que lleva adelante la policía provincial". Según dijeron, la policía continúa interrogando a personas sin la presencia de un abogado defensor. Dijeron acudir a la Corte porque ante los tribunales no se lograron soluciones eficaces a las violaciones de los derechos de detenidos.
La voz de la Corte. Con respecto a esta última afirmación, los integrantes de la Corte indicaron que las situaciones irregulares pueden ser denunciadas ante el juez (Virgilio Palud) donde los jóvenes están imputados o ante el magistrado que debería investigar los hechos presuntamente delictivos de los cuales fueron víctimas.
Los jueces máximos dicen que la Corte tiene fijada una competencia que no puede exceder interviniendo en un asunto que debe ser atendido por un juez inferior. Hacerlo implicaría afectar "la independencia interna y funcional" de los jueces ordinarios.
Hechos graves. A su vez, los integrantes del tribunal superior señalaron que, a raíz de la gravedad de los hechos, se ordenó una "rápida y exhaustiva" investigación para determinar la existencia de los delitos denunciados y la presunta responsabilidad de los funcionarios policiales y judiciales involucrados. En el caso intervino el procurador general.
En otro párrafo de la acordada, los ministros de la Corte aceptaron que muchas personas detenidas no tienen la posibilidad de ser asistidos por un abogado "con la inmediatez requerida". "Especialmente en algunos distritos judiciales existen serias limitaciones de funcionarios y de recursos humanos, pero esa misma circunstancia exige al Poder Judicial extremar esfuerzos para aventar esos riesgos que no son otra cosa que afectaciones de derechos".
Los jueces recordaron que en los tribunales de Reconquista solo hay un defensor general y que la Corte ha planteado al Poder Ejecutivo y al Legislativo la necesidad de crear nuevos cargos en esa jurisdicción y en otras. También requirieron "una pronta implementación del nuevo sistema penal para avanzar en "un mayor grado de realización" de los derechos y garantías vigentes.
