Los cinco policías de la comisaría 19ª condenados por extorsionar a vecinos y detenidos, a quienes les exigían dinero a cambio de la libertad, obtuvieron sensibles rebajas en las penas. Un tribunal de segunda instancia que revisó la causa confirmó la responsabilidad de los uniformados en algunos delitos pero los desligaron en otros por el beneficio de la duda. El resultado fueron cambios en la grilla de condenas. El caso más significativo fue el del comisario Guillermo Ruíz Díaz, ex jefe de la seccional, a quien le redujeron el tiempo en prisión de 16 a 7 años. Otros dos efectivos, en tanto, se fueron ayer mismo en libertad.
El fallo unánime de los jueces Javier Beltramone, Carolina Hernández y Gustavo Salvador se dio a conocer ayer al mediodía en Tribunales. Tras las apelaciones de las partes, los jueces no aceptaron las nulidades pedidas por las defensas pero tampoco avalaron el encuadre de asociación ilícita que reclamaban los fiscales. Tampoco accedieron a calificar como secuestro extorsivo un caso en que los policías les exigieron dinero a familiares de un detenido.
Los casos juzgados fueron cuatro: la extorsión a un detenido en la calle con una pistola Glock, el apriete a dos heridos de arma de fuego y la posterior detención del acusado de balearlos, el armado de un operativo en un almacén por carecer de habilitación municipal y la extorsión a un repartidor de cerveza acusado falsamente de escapar de la policía en un auto robado. Los hechos se investigaron en una misma causa impulsada por los fiscales de Delitos Complejos Adrián Mac Cormack y Sebastián Narvaja.
Para los jueces que la revisaron, los testimonios fueron "concordantes en aseverar que se les exigía un pago de dinero a cambio de recuperar la libertad, no iniciarles causa penal o abreviar los tiempos de la detención sometiéndolos de ese modo a sus propósitos espurios". Advirtieron que todos los casos "guardan similitudes en cuanto al modus operandi, todos llevados a cabo por agentes del Estado que abusándose de su posición de poder utilizaban los resortes estatales en beneficio propio".
Pese a no admitir cambios en el trazo grueso, los magistrados sí introdujeron modificaciones al fallo de primera instancia dictado en septiembre por los jueces Hernán Postma, Hebe Marcogliese y Mónica Lamperti. A partir de criterios diferentes en la valoración de las pruebas consideraron que, en algunos casos, la duda jugaba en beneficio de los acusados.
Caso a caso
Así las cosas, al comisario inspector Ruíz Díaz le rebajaron a 7 años la condena inicial de 16. Los jueces constataron su participación en tres de los cuatro casos como autor de extorsión y tres incumplimientos de deberes. Pero lo absolvieron por cuatro hechos de falsedad ideológica de documento público. El ex jefe de la seccional recibió la novedad entre lágrimas y abrazó llorando a su abogado, Paul Krupnik.
Al suboficial Sebastián Daniel Farini, que también había sido sentenciado a 16 años, le impusieron la pena más alta del grupo: 12 años por cuatro extorsiones, dos allanamientos ilegales, dos falsedades y un incumplimiento de deberes, aunque por este mismo delito fue absuelto en otro caso.
El suboficial Víctor Luis D'Angelo estaba condenado a 12 años por tres extorsiones, un allanamiento ilegal y dos falsedades. El tribunal confirmó todo pero rebajó la pena a 10 años. Al policía José Antonio Galván, condenado a 9 años, lo absolvieron en un caso de extorsión y lo condenaron por otro aunque en grado de partícipe secundario por lo que su condena bajó a 3 años y se ordenó su libertad.
Otra fuerte rebaja benefició a Lucrecia Bustos, ligada sólo a un caso, quien cumplía en prisión domiciliaria una pena de 6 años de prisión. Ahora le otorgaron un año de prisión condicional y ordenaron su libertad. Y, ante la duda, la absolvieron por la figura de extorsión. A todos los efectivos les impusieron inhabilitaciones especiales para ejercer cargos públicos y multas que van de los 5 mil a los 10 mil pesos.
