Un joven de 19 años fue imputado esta tarde por el delito de amenazas coactivas calificadas por ser anónimas en carácter de autor mientras que su madre, de 38 años, fue acusada por el mismo delito pero en calidad de partícipe primaria. El fiscal Franco Carbone les achacó la llamada telefónica realizada el lunes pasado a la central del 911 en la cual se amenazó de muerte a los fiscales que llevan adelante el juicio a Ariel Máximo “Guille” Canteros y a otras seis personas por la saga de atentados cometidos contra objetivos judiciales durante 2018. En el final de la audiencia, el juez de primera instancia Gonzalo López Quintana le impuso al muchacho la prisión preventiva por el plazo de ley (un máximo de dos años) y a la mujer el arresto por 60 días. El delito por el cual ambos quedaron detenidos tiene una pena en expectativa que va de los 3 a los 6 años de cárcel.
“Suelten a los Cantero que vamos a matar a todos los fiscales. Suelten a Los Monos”, dijo un joven que llamó al 911 la noche del lunes. La llamada causó honda preocupación no solo en la operadora de la central sino en todo el ámbito judicial y tuvo trascendencia en los medios nacionales teniendo en cuenta que por estos días se lleva adelante el juicio oral y público contra siete acusados de esa organización narcocriminal por haber orquestado y ejecutado en 2018 una serie de 14 balaceras contra domicilios relacionados con funcionarios judiciales y policiales que participaron del proceso que, en abril de ese año, terminó en condenas contra los miembros de la banda surgida en el barrio Las Flores.
El trabajo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y del Ministerio de Seguridad provincial permitió rápidamente identificar no solo desde que línea telefónica se había realizado la llamada sino también en que antena había impactado. Así se obtuvo una zona determinada de la ciudad y una serie de domicilios que fueron allanados el miércoles y que derivó en la detención de Rodrigo Alejandro M. y su madre, Ana María M., quienes fueron imputados esta tarde y quedaron tras las rejas.
Finalizada la audiencia, Carbone comentó que “el joven declaró y admitió haber realizado la llamada” aunque no quiso responder las preguntas de la fiscalía. En ese sentido, el funcionario manifestó que “hasta lo que se ha avanzado en la investigación no se puede determinar si el acusado hizo el llamado por su propia cuenta o si lo realizó por órdenes de terceros vinculados a la banda que está siendo juzgada u otras bandas que pueden tener la intención de perjudicar” a Los Monos, como ha ocurrido en otras ocasiones.
Fiscal Carbone
El fiscal Carbone comentó que “el joven admitió haber realizado la llamada” aunque no quiso responder preguntas.
Foto: Leo Vincenti / La Capital
Asimismo, Carbone expresó que hasta el momento “no está clara la motivación de la llamada, aunque sí hay una serie de indicios que nos permitió llegar hasta los acusados”. En ese sentido aclaró que “no se pudo saber por qué hizo el llamado el muchacho, pero sí quedó descartado, al menos desde nuestra perspectiva, que no fue una broma y seguiremos adelante para ver qué hay detrás de ese mensaje y si hay alguien atrás de los imputados”.
El fiscal además remarcó que “hay un contexto en el cual ocurrió el hecho (...) pero aún es materia de investigación si hay o no una banda detrás de lo ocurrido. No podemos afirmar todavía que este joven sea integrante de algún grupo criminal como el que está siendo juzgado actualmente, aún no tenemos pruebas para ello”.
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En otra parte del diálogo con la prensa, Carbone resaltó que la audiencia fue “especial por el contexto particular que estamos atravesando, con un juicio muy importante en marcha, con el Centro de Justicia Penal realmente sitiado por tropas federales y provinciales y con una amenaza que, nosotros entendemos, no fue dirigida en forma directa a quienes actúan como fiscales en este juicio (es decir los siete miembros de Los Monos) sino a todos los integrantes del Ministerio Público de la Acusación de la provincia”.
Finalmente, respecto de los imputados el fiscal recordó que la mujer detenida y titular del aparato y la línea telefónica desde la que se hizo la amenaza había purgado hasta no hace mucho tiempo una condena de 5 años y 6 meses de prisión por robo calificado por el uso de un arma de fuego; y su hijo, quien admitió haber hecho el llamado, tiene dos ingresos al sistema penal desde que cumplió la mayoría de edad y cinco antecedentes previos a cumplir los 18 años.
