El diputado provincial Jorge Henn presentó un proyecto de ley que plantea la mediación como un sistema integral e incorpora el uso de esa herramienta en la resolución de ciertos conflictos penales, lo que está contemplado en el nuevo Código Procesal Penal pero aún no se encuentra reglamentado. "Proponemos un sistema que defiende la cultura de la mediación por sobre la cultura de la confrontación, que es la manera en que se solucionan muchos de los conflictos en nuestra Justicia. Reunir a las partes, escucharlas de manera profesional y establecer un consenso, ayuda a fomentar el diálogo y la convivencia", argumentó el legislador al referirse al proyecto que presentó para la puesta en marcha del "Sistema Integral de Mediación".
En la presentación de su proyecto, el ex vicegobernador de la provincia expresó que "se sabe que ciertos procesos judiciales puede ser estresantes y costosos desde lo económico, tanto para el ciudadano como para el Estado y es por eso queremos introducir mejoras en una herramienta que ahorra tiempo, dinero y emociones". Y remarcó que este tipo de mediación ya ha sido utilizada en la provincia, particularmente en los Tribunales de Rosario, aún sin una ley que la regule o reglamente.
La iniciativa del legislador radical plantea disposiciones generales que regulan todos los tipos de mediación en un marco jurídico particular para el uso de la herramienta en las instancias penales, contravencionales, civiles, comerciales y familiares.
Henn recordó que el Código Procesal Penal que rige en Santa Fe desde 2014 establece que "se podrá utilizar esta herramienta en aquellas causas penales que involucren delitos menores". Es decir, que se podrá utilizar en "conflictos familiares donde no haya violencia física ni de género o en problemas generados entre vecinos por cuestiones de convivencia, entre otros".
Al respecto, el diputado provincial explicó que "este punto es muy importante porque tiene un doble beneficio: por un lado va a permitir descongestionar el sistema judicial de causas penales que se pueden resolver sin la necesidad de llegar a juicio; y por el otro va a significar un ahorro económico considerable para el Estado, porque un juicio entre dos vecinos por el robo de cuatro ladrillos o un balde de arena económicamente cuesta lo mismo que un juicio donde se robaron millones en un banco. En otras palabras, buscamos evitar que se ponga en funcionamiento toda la maquinaria del sistema de Justicia por un delito menor cuando se puede resolver mediante el diálogo de las partes".
Asimismo, la propuesta especifica que, "bajo ningún punto se podrá utilizar la mediación para solucionar un conflicto si el delito amerita una pena prevista que supere los 6 años de prisión o cuando se trate de violencia de género o cuando los imputados sean funcionarios públicos que cometieron el ilícito durante su ejercicio o cuando las víctimas son menores de edad".
Cabe destacar que el proyecto de ley es tajante en cuanto a que la mediación penal "sólo puede darse en casos donde las personas involucradas voluntariamente deseen solucionar un conflicto en forma activa y personal". En este sentido, el diputado expresó que "los procesos no perjudican en modo alguno a las víctimas de los delitos, puesto que la mediación exige que haya acuerdo entre víctima y victimario, por lo que, si no lo hay porque la víctima no lo acepta, el proceso penal proseguirá".
Fondo de financiamiento
Sobre el rol del mediador, Henn enfatizó que "debemos revalorizar la labor de los profesionales de la mediación. No podemos pensar en una política de mediación sin contemplar el desarrollo profesional y económico de los mediadores". Y para ello propone la creación de un fondo de financiamiento tendiente a garantizar la gratuidad del proceso para aquellos ciudadanos que se vean imposibilitados de cubrir los costos del mismo, y jerarquizar la tarea del mediador que recibirá el pago de sus honorarios con dinero de ese fondo, siempre y cuando las partes no puedan pagarlo".
Otra de las características a resaltar es la actualización tecnológica que propone el proyecto. En este sentido, se establece que "en los casos necesarios se admitirá el uso de videoconferencia para realizar una mediación y la firma digital junto a las actas digitales de todo el proceso".
