El comercio de un funcionario de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez fue atacado a balazos por motociclistas que efectuaron 15 disparos al frente pasadas las 21 del sábado, cuando el local estaba abierto y en el interior había clientes que no resultaron heridos. La balacera al comercio de Mosconi al 1400 se registró tres semanas después del atentado a tiros realizado el 14 de septiembre por un atacante solitario al edificio municipal, ubicado a una cuadra. Tanto el municipio como el Concejo Deliberante de esta localidad, la tercera de la provincia en cantidad de habitantes, expresaron su repudio al incidente.
Los disparos tuvieron como blanco un almacén de Mosconi al 1400 que pertenece a Raúl Domínguez, subsecretario de Control y Convivencia de Villa Gobernador Gálvez. El sábado pasadas las 21, según la información preliminar, cuatro sujetos que circulaban en moto abrieron fuego contra el almacén. Dispararon 15 proyectiles de los cuales seis dieron en el frente, mientras el negocio estaba abierto y con gente en su interior.
Un proyectil dejó un orificio en el vidrio del frente, sobre una pila de cigarrillos. Una bala que ingresó al interior astilló la puerta vidriada de una heladera y otro plomo ahuecó una pared lateral, en tanto que un vehículo utilitario estacionado en el frente también resultó perforado cerca del techo. En el caso intervino la seccional 26ª, que dio aviso a la Unidad de Balaceras de la Fiscalía regional. Policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) secuestraron diez vainas servidas.
Daños materiales
En medio de la conmoción de la comunidad por el incidente, la mañana de ayer el municipio emitió un comunicado en el que manifestó su “enérgico repudio” ante la balacera. “En horas de la noche, desconocidos abrieron fuego contra el frente del comercio, sin heridos ni víctimas, pero sí provocando daños materiales”, señala el texto, que insta a la Justicia “a esclarecer el hecho, poniendo a disposición los recursos con los que contamos como municipio”.
Al ser consultado por el portal de noticias Desarrollo Zonal, el intendente Alberto Ricci, del Frente Progresista, no realizó declaraciones y sólo indico que la policía se estaba ocupando del caso. Dijo que se trató de un ataque hacia el comercio pero no hacia la persona de Domínguez. Se desconocía hasta anoche si el ataque a tiros estuvo precedido por alguna nota amenazante o pedido extorsivo, como suele ocurrir en estos casos, o si guarda alguna vinculación con el atentado previo al edificio municipal.
Más tarde, el Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez también expresó su “más enérgico repudio” al ataque contra el negocio, “registrado por fortuna sin heridos”. El cuerpo manifestó su solidaridad con Domínguez y su familia y reclamó que el hecho se esclarezca, “así como el ataque recientemente ocurrido contra el municipio”.
“Una vez más reiteramos el pedido de un trabajo articulado entre todos los niveles y poderes del Estado para frenar la violencia que padecen diferentes comercios y domicilios particulares y poder vivir en una ciudad más segura”, prosigue el comunicado, que insta a los distintos estamentos de gobierno, legisladores, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad a “dejar de lado cualquier diferencia y priorizar un plan para disminuir los índices de inseguridad que afectan gravemente la vida de ciudadanas y ciudadanos”.
Contra el municipio
El precedente más inmediato de un atentado a tiros ligado a la administración pública villagalvense fue el miércoles 14 de septiembre a las 23.35, cuando un atacante solitario baleó desde una moto la sede de la Municipalidad de Mosconi al 1500. Un balazo a la puerta principal perforó el vidrio e impactó en un mostrador y hubo otros seis disparos al aire.
Las filmaciones de cámaras de vigilancia registraron que el atacante, encapuchado, llegó manejando desde Soldado Aguirre, luego tomó por Bomberos Voluntarios y al llegar a Mosconi dobló en contramano. Luego de pasar frente a la Municipalidad fue hasta la esquina de Oppici, giró en U y volvió a pasar por el frente del edificio para irse por donde había llegado. En una de esas pasadas hizo los disparos. No hubo nota amenazante ni extorsiva, tampoco amenazas ni mensajes telefónicos.
“Si no trabajamos seriamente todos juntos, esto no va a parar y estará cada vez peor”, dijo entonces Ricci, mientras participaba junto a otros intendentes del Gran Rosario de una protesta frente al Obelisco por las quemas en el humedal.
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“No recibimos llamadas, ni notas, entonces no podemos sospechar de nada. Fue un hombre que actuó solo y que usaba capucha. Hay cámaras que registraron toda la secuencia, al igual que el recorrido que hizo y hacia dónde huyó. Esa información se volcará todo a la Justicia para que se investigue”, agregó.
Fines extorsivos
Las balaceras se produjeron en un contexto de reiteración de este tipo de ataques con fines extorsivos a comerciantes y pequeños empresarios en una ciudad que, según el último informe del Observatorio de Seguridad Pública de la provincia sobre heridos de arma de fuego, es la segunda localidad santafesina en cantidad de personas heridas con arma de fuego. Con 47 casos en el año se ubica por detrás de Rosario (que registró 575) y por encima de Baigorria, con 17 hechos.
Bajo el lema “el que tiene plata tiene que pagar” —mensaje dejado a mediados de 2020 en la casa de un dirigente del gremio de Municipales— en los últimos años comenzaron a reiterarse balaceras en esa ciudad. Incidentes que también tuvieron como blanco a distintos comerciantes. Algunos cedieron a la presión y pagaron, otros cerraron.
En la ciudad vecina a Rosario donde emergieron las bandas del Leandro “Pollo” Vinardi, el “Gordo Dani” Nogueras o Cristián “Pupito” Avalle como franquicias de Los Monos, así como el clan Bassi en la otra vereda, este año hubo un momento crítico que expuso la gravedad de las balaceras extorsivas. Fue el asesinato de Fabricio Guiral, cometido el pasado 27 de marzo en su casa de barrio La Esperanza. Su familia había recibido varias llamadas extorsivas para que pagara 200 mil pesos a fin de poder trabajar en la cervecería artesanal que tenían en San Martín al 2000, un hecho que había sido denunciado por el padre del muchacho.
