Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

Dos policías de la provincia de Santa Fe quedaron detenidos el miércoles pasado por una causa que los investiga por el robo de 20 millones de pesos a un comerciante de Granadero Baigorria. Un caso que presenta características similares a otros hechos que también comprometen a agentes de la fuerza provincial. Situación que preocupa no sólo al ciudadano común sino también a funcionarios de la Justicia, la política y la propia fuerza.

El último caso tuvo como víctima a un comerciante de Baigorria que denunció un asalto en su local. En principio se planteó la hipótesis de que los delincuentes se habían hecho pasar por policías para simular un allanamiento, pero con el correr de la investigación se confirmó que efectivamente eran parte de la policía de Santa Fe. Uno trabaja en el Comando Radioeléctrico y otro en Asuntos Internos, los dos quedaron detenidos y serán imputados los próximos días.

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Un hecho grave que ya no puede plantearse como un caso aislado. En el último año y medio se repitieron situaciones similares con características compartidas. No sólo por el modo en que actuaron los agentes, en todos los casos cometiendo los delitos con herramientas a las que acceden por su rol de funcionarios públicos. Sino también por la manera en que las víctimas, confiando en procedimientos que deberían ser transparentes, terminaron afectados y con temor a represalias al decidir denunciar.

Dos policías detenidos

La detención de dos agentes este viernes está relacionada a un asalto ocurrido el 19 de septiembre pasado en Granadero Baigorria. Pero, de acuerdo a lo trascendido hasta el momento y de cara a la audiencia imputativa, todo había comenzado tres días antes cuando la víctima fue aprehendida en la vía pública. Se trata de un comerciante a cargo de una empresa de productos plásticos que fue interceptado en la calle cuando circulaba con su camioneta en la zona de Formosa y La Rioja, a metros de su casa.

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Lo que comenzó como un supuesto control vehicular pasó a ser un procedimiento por una presunta denuncia por un conflicto intrafamiliar. En ese marco el hombre fue trasladado a la comisaría 24ª. En esa dependencia le contó a los policías que en su vehículo había una bolsa con gran cantidad de dinero. Así fue que los agentes de la seccional dieron aviso a la fiscalía de Flagrancia, desde donde pidieron la intervención de Asuntos Internos para requisar la camioneta donde hallaron el dinero en efectivo que le devolvieron una vez que fue liberado.

Tres días después un grupo de hombres se presentó en el local y aseguraron ser personal policial. Vestían uniforme, pasamontañas, chalecos y armas. Dijeron que iban por un allanamiento vinculado a una causa por lavado de dinero y simularon secuestrar el dinero que había en allí en un hecho que ahora se investiga como robo. La fiscal Karina Bartocci sospecha que utilizaron documentación falsificada para fingir el procedimiento. El agente Pablo F., de 40 años y con cargo en el Comando Radioeléctrico, y Aldo R., de 31 años y empleado de Asuntos Internos, serán imputados en los próximos días.

Miles de dólares

A principios de septiembre pasado el fiscal José Luis Caterina le imputó a los suboficiales Ainara Fiorella Velázquez, de 23 años, y Gustavo Gabriel Blanco, de 32, los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por la violencia ejercida, robo agravado por la condición de funcionario público de los acusados, apremios ilegales, abuso de autoridad y amenazas simples. Ambos agentes del Comando Radioeléctrico fueron denunciados por un hombre de 32 años a quien le robaron 28 mil dólares luego de interceptarlo en un procedimiento rutinario de identificación.

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De acuerdo a lo expuesto por la Fiscalía, el 28 de agosto a las 21.50 el denunciante caminaba por Francia en dirección a los Condominios del Alto para cenar con amigos cuando notó la presencia de un patrullero detenido. Continuó caminando y al pasar por al lado del móvil fue interceptado por los dos agentes que le pidieron identificarlo. Sin sospechas concretas, los uniformados le pusieron las manos sobre el patrullero y comenzaron a requisarlo. Cuando el hombre quiso preguntar por qué lo requisaban de esa manera la respuesta, siempre según lo narrado por la acusación, fueron golpes y amenazas.

La víctima, por temor a lo que le podía ocurrir, le dijo a los policías que en su casa tenía dinero para darles. El recorrido del GPS coincidió con lo planteado en la denuncia. Fueron hasta su departamento ubicado en avenida Pellegrini, donde los policías le entregaron la llave de su domicilio y lo amenazaron con ser "boleta" si no volvía en "tres minutos" con el dinero. La víctima contó que, ante el miedo, no quiso pedir ayuda y por su apuro rompió el armario en el que tenía sus ahorros bajo llave.

Cocaína y dinero

En octubre de 2024 un caso de suma gravedad institucional salió a la luz cuando el Ministerio Público Fiscal pidió la detención de ocho agentes de la Policía de Acción Táctica de la provincia involucrados en un procedimiento que terminó anulado por estar plagado de irregularidades. Había ocurrido el 13 de agosto en una casa de la zona oeste e inicialmente los policías plasmaron en el acta una versión inventada. Dijeron que habían visto a dos sospechosos huyendo a las corridas y que cuando los alcanzaron, dentro de la vivienda, encontraron cuatro armas y un trozo de medio kilo de cocaína entre otros elementos.

Los detenidos fueron un hombre y una mujer de nacionalidad boliviana que son pareja y vivían en ese domicilio, y un hombre peruano que estaba allí por casualidad. La causa pasó al fuero federal porque la droga estaba compactada y no implicaba narcomenudeo. Allí los tres detenidos fueron imputados y quedaron presos por 45 días. En ese tiempo la investigación de los fiscales expuso que los policías, en verdad, se habían metido a la casa por la fuerza con la información de que allí había droga. Robaron entre 12 y 15 kilos de cocaína, 50 mil dólares, armas de fuego y ropa que vendía la pareja domiciliada allí. Los tres detenidos fueron liberados y la causa se cerró.

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Los policías Sergio Nicolás Robledo, Iván Severino Schneider, Guillermo David Toledo, Jesús Ángel Balais, Gerardo Sebastián Pérez, Fernándo Nicolás Ferreira y Renzo Maximiliano Michelud quedaron presos e imputados por privación ilegítima de la libertad agravada porque había un menor, porque eran policías y más de tres, violación de domicilio, robo agravado, falsificación de documentos, asociación ilícita y encubrimiento. La investigación continuó y, a partir de los peritajes de los teléfonos celulares secuestrados, se determinó que estaban vendiendo la cocaína por medio de familiares. En ese marco en enero pasado hubo nuevos imputados a los que les sumaron el delito de comercio de material estupefaciente doblemente agravado por su calidad de funcionarios públicos y por realizarlo de a tres o más personas en forma organizada.

Los ahorros de una familia

En agosto pasado la Justicia provincial confirmó la elevación a juicio a siete policías con pedidos de penas que van desde los 3 años a los 9 años de prisión. La Fiscalía los acusó de robar 76 mil dólares de la casa de una familia rosarina que había requerido intervención policial por una crisis de salud mental de dos de sus miembros.

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Ocurrió en abril de 2024. El objetivo del operativo era poner a resguardo a tres menores pero los policías, de los cuales seis trabajaban en la comisaría 15ª y el restante en el Grupo Táctico Multipropósito, se robaron el dinero de acuerdo a la acusación del fiscal José Luis Caterina. El principal imputado es el subjefe de la seccional, Darío Germán Carrillo, quien al poco tiempo del robo adquirió una lancha valuada en 17 mil dólares.

El robo fue en una vivienda de Italia al 4500, dos días después de que la Fiscalía interviniera en una situación de crisis de salud mental de una pareja con tres hijos. En ese contexto, ante la posibilidad de un nuevo episodio de crisis que los pusiera en riesgo, la Fiscalía pidió asistencia policial en el domicilio familiar "al solo fin de poner a salvo a los menores". Pero los agentes se llevaron los ahorros de la familia falseando el procedimiento con un acta adulterada con testigos falsos. Utilizaron como argumento que el dinero correspondía "al lavado de dinero de Alvarado", en referencia al narco Esteban Alvarado. Para la Fiscalía fue "una pantalla o relato que se improvisó al encontrar el dinero, a fin de que nadie los denuncie".