Uno de los policías presos por el crimen de Jonatan Herrera, baleado por uniformados al quedar en medio de un tiroteo cuando lavaba el auto frente a su casa, pidió una audiencia para gestionar su libertad. Se trata de Jonathan Gálvez, el único de los cinco acusados que había pactado una condena a tres años en un juicio abreviado que la Cámara Penal declaró inadmisible. Mientras los otros imputados van a juicio oral la situación del efectivo de la Policía de Acción Táctica (PAT) está por definirse en medio de interpretaciones dispares entre las partes sobre cuál fue el lineamiento de los camaristas.
La abogada defensora Sara Marcos gestionó ayer una audiencia para revisar la medida cautelar sobre el policía, que está en prisión domiciliaria. La semana pasada los camaristas Carina Lurati y Daniel Acosta dejaron sin efecto un abreviado que le otorgaba tres años de prisión efectiva por abuso de armas en un acuerdo pactado entre su abogada y el fiscal Adrián Spelta.
Para los camaristas que revisaron el acuerdo no hay relación entre el relato del hecho de la fiscalía y el delito que atribuía a Gálvez. Es decir, si bien para el fiscal no está probado que Gálvez disparara en dirección a la víctima lo sancionaba por un delito que requiere apuntarle a alguien. Por eso para los jueces el panorama es tan confuso que aún "subsiste la hipótesis" de una contravención al artículo 103 del Código de Faltas, "que se ocupa de la persona que sólo efectúa disparos sin direccionamiento".
Los camaristas consideraron que en ese contexto confuso el abreviado no podía prosperar. Lo revocaron con la intención de que todos los acusados vayan a un mismo juicio y así se deslinde qué hizo cada uno.
Ultimo momento. Spelta iba a realizar una nueva imputación a Gálvez pero desistió a último momento. Por eso la abogada del policía pidió una audiencia para gestionar la libertad. Según interpretó, su cliente no cometió delito: "Está privado ilegítimamente de la libertad, tiene en prisión preventiva cuando la fiscalía sólo pudo acreditar una contravención con pena de multa. Ni siquiera está acreditado que haya disparado contra Herrera. Lo que está diciendo la Cámara es que esta persona debe volver a trabajar en una comisaría", planteó Marcos.
Sin embargo, las abogadas Analía Abreu y Cintia Garcilazo —querellantes por la madre de la víctima que habían apelado el abreviado— no comparten esa lectura del texto de los camaristas. "Esa resolución no ordena la libertad del imputado, sólo revoca el abreviado. Vamos a escuchar los argumentos pero tenemos elementos para discutirlos. Es una persona perteneciente a la fuerza policial que fue imputada de homicidio en tentativa", dijo Abreu.
"El fallo de Cámara no instituye qué delito hay o no pero indica que hasta acá la plataforma fáctica no es para un abuso de armas. Entonces, menos lo es para un homicidio", consideró Gustavo Feldman, querellante por la esposa de Herrera y que sí había consentido el abreviado. "Nos parecía una salida satisfactoria. En cambio la apelación dio lugar a un fallo de Cámara que ha mejorado la posición de Gálvez", evaluó.
En el medio. Herrera fue baleado el 4 de enero de 2015 cuando lavaba el auto frente a su casa de Seguí y Ayacucho y quedó en medio de un tiroteo. Hasta allí llegaron policías del Comando que perseguían a un ladrón. Cuatro efectivos de la PAT pasaron allí en colectivo, bajaron y se plegaron a la balacera.
El agente de la PAT Ramiro Rosales está acusado de efectuarle a Herrera un balazo mortal en la arteria hipogástrica. Sus pares Francisco Rodríguez y Luis Alberto Sosa llegarán a juicio acusados de tentativa de homicidio. En junio fue detenida la agente del Comando Gladys G. como autora de un disparo letal a la cabeza. Ayer iba a ser sometida a una audiencia preliminar al juicio que se postergó hasta mañana por cuestiones técnicas.
