La imagen de un policía caminando por la calle y patrullando aún conserva una fuerza social imparable. Tal vez, al ser víctima de un robo, lo primero que se hace es avisar al "cana" lo sucedido y esperar la acción. Valga el ejemplo del agente Mauro Mansilla, asesinado el 8 de marzo de 2016 por intentar detener a Ricardo Albertengo, un temerario criminal que ese día fue señalado por las víctimas de un atraco y se escondió en un instituto de Corrientes al 300. Hay muchos policías así, anónimos. Pero están los otros, los que en los últimos años registran sus nombres como autores de casos de "gatillo fácil" cuyas víctimas se convierten en pancartas de recuerdos y pedidos de justicia: Iván Mafud, Gabriel Riquelme, Dante Fiori, Carlos Godoy, Maximiliano Zamudio y Jonatan Herrera, son sólo algunos de ellos. Los casos tienen un factor común: familiares y testigos declaran que los jóvenes no usaban ni tenían armas de fuego, pero al ser inspeccionada la escena del crimen junto a los cuerpos hay armas plantadas.
La semana anterior el caso de David Campos y Emanuel Medina fue igual a otros tantos. Dentro del auto en que murieron acribillados por policías se encontraron dos armas "viejas, de más de 50 años", según aclaró Adrián Spelta, el fiscal a cargo de la causa (ver aparte).
Incluso muchas veces "la escena oficial" es la misma: móviles policiales persiguen un auto, del vehículo seguido disparan, los uniformados "repelen", los interceptan y luego los sospechosos terminan muertos. Hay otros casos que con matices responden a situaciones similares.
En marzo de 2014 Gabriel Maximiliano Riquelme, de 20 años, murió baleado cuando policías de civil quisieron alcanzar el auto en el que iba el muchacho y cuatro amigos. Habían salido del centro de Rosario hacia Villa Gobernador Gálvez, llegaron hasta Pueblo Esther donde se toparon con la seccional cerrada, y al regresar fueron atacados. Riquelme recibió un disparo por la espalda.
En la imputación el fiscal Adrián Spelta remarcó que los policías "actuaron de civil, sin identificarse, con las luces apagadas y sin dar cuenta de su accionar a sus superiores". Los policías dijeron en su defensa haber visto "un arma en manos de uno de los ocupantes del vehículo". Así, los policías Nelson Canella, de 33 años, y Antonio Pereyra, de 35, fueron condenados a 20 años y 6 meses de prisión en un juicio abreviado; en tanto Virginia Espinosa recibió 5 años.
Tres años después el fiscal Spelta tiene su opinión de lo sucedido: "A esos chicos quisieron sacarles plata y ¿por qué huyeron? La respuesta es sencilla: los balearon durante 20 minutos y no es momento para detenerse si te tiran desde otro auto".
Por la ruta
La noche de 8 de septiembre de 2014 Iván Leonel Mafud, de 26 años, murió en la ruta A-012, en Roldán. Oficialmente se informó de una persecución de varios móviles policiales sobre un auto con tres ocupantes que les respondieron a los tiros. A lo largo de 50 kilómetros los policías persiguieron el Fiat Marea sin patente trasera.
Después de un año y medio de investigación, el fiscal Miguel Moreno logró comprobar que personal de Seguridad Vial inició la persecución en Uriburu y Avellaneda, supuestamente porque la patente trasera del auto de Mafud no era visible. Como el conductor no detuvo la marcha lo siguieron y al llegar a la A-012 el Fiat se atascó en una zanja y los policías dispararon. En el Marea se halló un revólver y una pistola 22.
En mayo de 2016 la Cámara Penal negó la libertad de los siete policías acusados de ese homicidio y al mismo tiempo la jueza Carina Lurati ordenó la libertad de otros ocho uniformados. Gabriel Sguazzini, Oscar Jauregui, Gerardo Amarilla, Alfredo Correa, Matías Maidana, Alejandro Gómez y Walter Machuca quedaron imputados de homicidio calificado.
Iván tenía cuatro hijos, trabajaba con su padre y no tenía antecedentes. En junio de 2017 Enrique Mafud, su padre, hace un balance: "Fue muy dura la muerte de Iván. Tuvimos que empezar de nuevo a ser padres, a ocuparnos de los chicos y a hacernos cargo de la situación. La viuda, Leyla, hace mucho por sus hijos, pero no puede estar sola". Mafud y su abogado demandaron a la provincia.
Un caso emblemático fue el de Jonathan Herrera, un empleado de comercio que el 4 de enero de 2015 a las 15.15 lavaba su auto en bulevar Seguí y Ayacucho cuando agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) lo confundieron con un ladrón que era perseguido por el Comando Radioeléctrico por robar una juguetería. Los PAT iban en un colectivo de la línea 133, se bajaron y dispararon hacia donde estaba Herrera, ajeno al hecho.
En abril de 2017 los jueces Juan Carlos Curto, Rodolfo Zvala y Juan José Alarcón absolvieron a la agente del Comanado Gladys Galindo por falta de pruebas y condenaron a los agentes de la PAT Ramiro Rosales a 6 años y 6 meses de prisión e inhabilitación por homicidio culposo; y a Luis Sosa y Jonatan Alejandro Gálvez a la pena de 3 años y 8 meses por abuso de arma.
Las condenas fueron apeladas por la Fiscalía y por la familia Herrera. Según el penalista José Nanni, representante de la viuda de Jonathan, "la Cámara debe decidir después de la feria judicial qué queda en pie y qué no de las condenas". Para Salvador Vera, abogado de otra parte de la familia, "la primera impresión es que hubo un pseudoencubrimiento del Comando desde los primeros momentos de la investigación".
Ahogado sin ayuda
Otro hecho tuvo como víctima a Alejandro Ponce el 2 de noviembre de 2015. El joven estaba junto a su hermano Luis pescando en la zona de los silos Davis cuando fueron corridos por dos policías que, según declaró Luis, los "confundieron con dos ladrones". Los chicos se tiraron al río y cuando quisieron salir no tuvieron posibilidad. "No ayudaron a mi hermano a salir del agua y le tiraron piedras para que se ahogara", dijo el sobreviviente. El fiscal Moreno concluyó que "los agentes no tenían la obligación de salvarlo. La solidaridad, en términos penales, no significa dar la vida por otros. La policía actuó como debía".
Pero el fiscal regional Patricio Serjal ordenó este año reactivar esa investigación y la que tuvo como víctima a Maximiliano Zamudio, otro joven víctima de "gatillo fácil".
Desde la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario se realizó un seguimiento de todos los casos de "gatillo fácil" desde 2008. Sólo en 2015 contaron 19 casos. Los datos cualitativos muestran que 13 de las víctimas tenían menos de 25 años y vivían en geografías de los barrios considerados peligrosos en la ciudad.
Los últimos casos con ribetes de ejecución
Los últimos casos de gatillo fácil se registraron en el finalizado mes de junio. El lunes 19 Emilse H., agente del Comando Radioeléctrico, encontró en su casa de Riobamba al 3900 a Gastón Marcelo Bustamante, de 21. El joven había entrado por una ventana y la policía le dio la voz de alto. El muchacho salió a la carrera sin llevarse nada y la mujer fue tras él. Se dijo que Bustamante se cubrió con tiros y que la agente repelió. El joven murió a 30 metros de la escena con un balazo en la espalda. La fiscal Georgina Pairola pidió imputar a la agente por "exceso en la legítima defensa agravado por el uso de arma de fuego" y el juez Hernán Postma dispuso que continué el proceso en prisión domiciliaria.
Otro caso ocurrió el viernes 23. Al mediodía David Campos y Emanuel Medina iban en el Volkswagen Up de Campos. Al llegar a Grandoli y Gutiérrez un retén policial quiso detenerlos. Los muchachos se asustaron y huyeron. Luego de una persecución por la zona sur en la que los efectivos les dispararon varias veces, al llegar a Callao al 5700 el auto fue chocado por una chata policial. Emanuel perdió el control del volante y se estrellaron contra un árbol. Los policías bajaron de chatas, motos y patrulleros, rodearon el vehículo y acribillaron a sus ocupantes: Medina recibió al menos nueve tiros; Campos otros cinco. El fiscal Adrián Spelta dijo que fue "una ejecución".
