Una pericia encargada a una fuerza de seguridad nacional sobre un teléfono
encontrado en la casa del presunto ejecutor de la emboscada al micro de hinchas de Newell’s
es considerada crucial para la investigación judicial del hecho. Entre los contactos que atesora el
aparato se espera descubrir a quiénes participaron del atentado. Pero la constatación de que el
autor del ataque es un vendedor de drogas de vínculos probados con policías de zona sur abre una
delicada línea colateral: la que sospecha que hay más uniformados en turbias relaciones con
traficantes.
Carlos Fernando F., alias el Chino, de 28 años, está prófugo, acusado de
organizar el atentado a tiros contra el micro de Newell’s donde murió Walter Cáceres, de 14
años, la semana pasada. En el teléfono del Chino se encontró un contacto con el del jefe de la
comisaría 11ª, agendado bajo el sugestivo apelativo de jefe. Una testigo identificó al secretario
privado del comisario como la persona que recibía 3 mil pesos de parte del Chino para permitir su
actividad ilegal.
El examen del celular del prófugo para conocer las rutas hacia otros teléfonos
es el objetivo de la acción judicial. Y esto es motivo de sobresalto en distintos ámbitos de la
Unidad Regional II. La gran pregunta que palpita en los despachos del Ministerio de Seguridad y de
la jueza Roxana Bernardelli es si hay más policías implicados en este escándalo. O dicho de otra
forma. ¿La comisaría 11ª es el punto más alto de complicidad con presuntos traficantes de droga o
existen ramificaciones hacia hombres de mayor jerarquía? ¿Podía esto ocurrir en una comisaría sin
que los superiores lo supieran? El interrogante no concierne sólo a la Jefatura de Rosario sino a
la cartera que conduce Alvaro Gaviola.
La percepción señalada a este diario por distintos funcionarios del gobierno
provincial es que no son pocos los que se sienten en la mira y que temen quedar salpicados en este
torbellino. Aunque los encargados policiales de la conexión física con los delincuentes son siempre
los de menor rango las posibilidades de orientar la pesquisa hacia arriba aumentarán si el
escándalo trepa.
El sábado pasado la jueza Bernardelli interrumpió la declaración de la joven
testigo que había señalado a su novio traficante como organizador del atentado a Newell’s en
el preciso momento en que la chica comentaba que había acompañado a su pareja a realizar pagos en
la comisaría 11ª. Con notoria vocación investigativa y veloces reflejos, la magistrada convocó a
los jefes de la seccional y al secretario del comisario a los Tribunales. La chica señaló allí a
este último como el receptor de los sobres.
La preocupación institucional de hasta dónde lleva este escándalo fue motivo de
extensos análisis en el gobierno provincial. La acción de la jueza fue muy bien ponderada. Pero
avanzar en el saneamiento social del barrio, admiten, implica un trabajo enorme: no sólo
desarticular las bandas que venden droga en la zona sur sino establecer hasta dónde llegan las
redes de corrupción policial anudadas con ellas.
Fotos. La casa del Chino en Guillermo Tell 550, una de las últimas calles de la
zona sur pegada al Saladillo, fue allanada el domingo. El Chino no estaba pero entre algunos
elementos que quedaron allí estaba el teléfono estropeado que ahora examinan peritos que no son de
la policía provincial.
El chip de ese maltrecho teléfono —en apariencia fue deliberadamente
roto— conservaba una foto en un mensaje de texto en el que se veían dos pistolas
ametralladoras y otras cuatro pistolas calibre 9 milímetros. El mensaje había sido intercambiado
entre el Chino y su tío de 44 años, el suboficial de la Guardia de Seguridad Rural detenido el
martes en Villa Gobernador Gálvez, ahora sospechado de proveer las armas para la demencial
emboscada de hace una semana.
Ayer fueron indagados los tres detenidos esta semana, quienes son hermanastros
del Chino: Pablo A., y Jonathan y Emilio C. Todo en un clima de clausura y de preocupación, tanto
en la cúpula de la Unidad Regional II como en Tribunales, a raíz de las filtraciones de la pesquisa
hacia la prensa.
También ayer asumió el nuevo jefe de la seccional 11ª. Es el comisario Miguel
Oliva que durante un par de años fue el jefe de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional
II.
Cosgaya deja las causas de Ñuls
La jueza de Instrucción Raquel Cosgaya se excusó de entender en todas las causas
vinculadas con delitos relacionados a Newell’s Old Boys y acumuladas en su juzgado. El motivo
es que la magistrada, según le informó la policía, fue amenazada de muerte por Roberto Pimpi
Camino, uno de los implicados en los expedientes que deben investigarse, hecho que llevó a que la
funcionaria tenga custodia domiciliaria. En esas circunstancias Cosgaya comunicó que no está en
condiciones de mantener la imparcialidad exigida a su rol en un juicio.
Las causas acumuladas por Cosgaya son múltiples debido a que la Cámara Penal
dispuso que no se investiguen por separado. Entre las más destacadas están las causas por
asociación ilícita entre anteriores directivos y barrabravas formuladas por el ex juez penal
Mariano Bergés y la presentada por Guillermo Lorente por delitos económicos poco después de asumir
como presidente del club. Inicialmente estos casos se presentaron en el juzgado de Alejandra
Rodenas
"No me caracterizo por excusarme de investigar causas. Pero no es por un motivo
técnico sino humano: no puedo investigar la conducta de una persona por cuyas amenazas tengo
custodia", dijo la jueza.
Cosgaya es la magistrada que mantuvo detenido a Pimpi y lo procesó por
intimidación pública agravada a raíz del copamiento a balazos de la sede del club del 26 de enero
de 2009. Por ese caso Camino fue condenado a tres años de prisión condicional.
Para sostener su excusación, Cosgaya señala que en un programa de "Fúltbol sin
trampa", a fines de diciembre, Pimpi la cuestionó al afirmar que por el caso de los desmanes en la
sede del club lo había procesado con celeridad inédita (en cinco días hábiles) y que sentía haber
sido sometido a un proceso injusto. Pero además destaca que el 29 de diciembre sufrió un robo en su
casa, algo que a criterio de la autoridad policial pudo haber sido un mensaje de Camino.
Por último Cosgaya destaca que ese mismo día, al conocerse el robo, la citaron
en la oficina de NN de Tribunales. Allí varios funcionarios policiales le hicieron saber que tenían
conocimiento de que Pimpi había expresado en su lugar de detención que la "haría boleta" por lo que
la Unidad Regional II decidió asignarle custodia domiciliaria.
Esta última situación es la que la jueza considera la obliga a apartarse: no
puede juzgar a una persona por cuyo presunto accionar han debido ponerle una custodia policial. Por
eso trasladó todo la trama de causas de Newell’s al juez de instrucción Nº 7, Juan Andrés
Donnola.
