La Fiscalía adelantó el pedido de doce años de cárcel para Uriel Luciano Cantero por una serie de delitos que van desde extorsión y amenazas hasta la portación de armas. El requerimiento fue formulado por Luis Schiappa Pietra y Matías Edery en la audiencia preliminar al juicio oral en el que también serán acusados otros miembros de su banda, entre ellos su madre Lorena Verdún, por una serie de extorsiones e intimidaciones públicas como la que les achacaron por haberse fotografiado posando con un arsenal de armas de fuego. Se trata de un expediente aparte del que le atribuye la organización de una asociación ilícita.
Entre los hechos que le imputaron oportunamente a Uriel Cantero, conocido como “Lucho” e hijo del asesinado líder de Los Monos Claudio “Pájaro” Cantero, están las fotos que se sacó “junto a otras personas vinculadas con una organización criminal” exhbiendo potentes armas de fuego como un fusil FAL o FSL con culata rebatible, otro fusil tipo AK47, dos pistolas Glock con cargadores rotativos de alta capacidad, una pistola tipo Taurus y otra tipo CZ o Tanfoglio. Según las acusaciones de los fiscales esas fotos, publicadas en Instagram el 26 de enero de 2021 y difundidas por usuarios y a través de diversas publicaciones periodísticas, “causaron temor público y generaron alarma en la sociedad”.
También se le atribuyó a Cantero un hecho ocurrido el 25 de diciembre de 2021 cuando, junto con otras personas, comenzaron a disparar distintas armas de fuego desde una terraza de Arrieta al 1800, en el barrio La Granada, en zona sur, “con el fin de infundir temor público”. Los acusadores esgrimieron como evidencias grabaciones en video que muestran a Lucho y otros jóvenes —algunos menores de edad— disparando las armas, filmaciones realizadas “con la intención de viralizarlas para que llegue a más personas que las presentes en el barrio”.
Además Lucho fue acusado de haber tenido en su poder sin autorización legal 20 armas de fuego de guerra aptas para disparar y más de 700 municiones que fueron secuestradas en enero de 2022 cuando se realizó un allanamiento en su casa de Caña de Ambar al 700. Todas las armas son aptas para el disparo y los imputados no cuentan con autorización para ser tenedores de armas de fuego.
Por esos hechos le atribuyeron delitos varios como “intimidación pública mediante el empleo de medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos, tenencia ilegal de arma de fuego de guerra e intimidación pública agravada por uso de arma de fuego”.
Cómplices
Por otra parte los fiscales acusaron a Gastón Ezequiel Schneider haber extorsionado a un hombre exigiéndole 30 mil dólares bajo amenazas de causarle un daño a él o a su familia y luego, ante la negativa de la víctima a pagar, haber baleado su casa. La saga se inició la mañana del 21 de diciembre de 2021 cuando, según la imputación, Schneider envío a una persona a que deje una nota amenazante en un local de San Martín al 4700. La extorsión siguió por la tarde con mensajes de Whatsapp exigiendo los 30 mil dólares y la balacera del 23 de diciembre de ese año, a la que siguieron más mensajes que no lograron su objetivo.
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Los fiscales imputaron a Schneider como instigador de un intento de extorsión y por amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego. En tal sentido pedirán siete años de cárcel, pena a unificarse en diez con una condena anterior.
En esa extorsión también está involucrado, según la acusación, Fausto Gamarra. A éste lo acusado de haberle aportado a Schneider los datos de la víctima, en cuyo negocio había trabajado hacía unos cuatro años. También le brindó una línea telefónica desde la cual se realizaron las amenazas y extorsiones a la víctima, de las cuales también participó instando a la familia del comerciante a que pague. Además se le atribuyó tener en su poder una moto Honda Wave que había sido robada a fines de 2021.
Por ello le imputaron a Gamarra la tentativa de extorsión, como partícipe primerio, y encubrimiento por tener esa moto robada en su poder. Por ello los fiscales pedirán tres años y dos meses de cárcel.
Por su parte, a Verdún le imputaron la tenencia ilegal de una pistola (arma de fuego de guerra) con la numeración limada y municiones varias. Por ello pedirán en el juicio tres años de prisión efectiva.
El juez de primera instancia Alejandro Negroni aceptó las pruebas ofrecidas por las partes para rendir en el juicio oral y admitió las acusaciones formuladas por los fiscales.
