En enero pasado una foto del cantante de trap rosarino conocido como Zaramay se viralizó rápidamente y le trajo consecuencias judiciales no solo a él sino a quienes lo acompañaban. Es que los muchachos posaron teniendo en sus manos un poderoso arsenal de guerra. Más allá de las explicaciones que el músico y sus compañeros dieron a la Justicia, aquellos que fueron detenidos terminaron imputados por los delitos de intimidación pública mediante el empleo de medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos en carácter de coautor y tenencia ilegal de arma de fuego de guerra en concurso real y en calidad de coautor. Tales atribuciones le fueron achacadas en una audiencia llevada a cabo el martes en el Centro de Justicia Penal a Brian Ezequiel G., uno de los jóvenes identificados en la imagen que recorrió todas las redes sociales.
El fiscal David Carizza le atribuyó a Brian G. el mismo delito que al trapero Agustín Carlos Roberto “Zaramay” García, quien está bajo suspensión de juicio a prueba y en libertad tras el pago de una fianza de 500 mil pesos, y a otras personas, algunas de ellas vinculadas a la banda de Los Monos, que aparecen en una foto teniendo en su poder un fusil FAL o FSL, un fusil tipo AK-47, dos pistolas Glock con cargadores rotativos de alta capacidad, una pistola tipo Taurus y una pistola tipo CZ o Tanfoglio.
Asimismo le atribuyeron “haber tenido y exhibido un arma de fuego en dichas imágenes que fue publicada en la red social Instagram, en la cuenta de Zaramay el 26 de enero pasado y difundidas por los usuarios de la red social y a través de diversas publicaciones periodísticas”. En ese marco, dice la Fiscalía, “la publicación y difusión de las fotos mencionadas causaron temor público y generaron alarma en la sociedad”.
El pasado 30 de mayo a la madrugada Brian Ezequiel G. se encontraba en la vía pública cuando fue interceptado por personal de Gendarmería Nacional para identificarlo ya que presumían estaba violando las restricciones de circulación nocturna impuestas por la pandemia. Entonces, cuando supieron su nombre le saltó el pedido de captura que tenía a pedido de la Fiscalía.
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En la audiencia, el fiscal Carizza solicitó la prisión preventiva efectiva del imputado pero la jueza de primera instancia Paula Álvarez le dictó la libertad bajo una caución de 25 mil pesos y restricciones a cumplir por el plazo de seis meses. Entre las exigencias de la Justicia para Brian G. están la de fijar domicilio, presentarse semanalmente a firmar ante la Oficina de Gestión Judicial, la prohibición de acercamiento por cualquier medio con los coimputados, la de tener y/o portar cualquier tipo de arma de fuego y no salir del país.
