El paso del tiempo jugó a favor de tres policías acusados de encubrir el doble crimen de David Campos y Emanuel Medina, acribillados a tiros en 2017 por policías que los persiguieron a lo largo de media hora por la zona sur de la ciudad. Luego de que cumplieran un año y medio en prisión domiciliaria a la espera del juicio, la camarista Carolina Hernández les otorgó la libertad con algunas restricciones y tras el pago de una fianza de 50 mil pesos. Como la causa está cercana a la etapa del juicio y con las pruebas reunidas, la jueza consideró que pueden esperar el debate oral y público en libertad.
La decisión se dio a conocer ayer en los Tribunales de Balcarce al 1600. Fue luego de una audiencia de apelación solicitada por los abogados de los tres policías, quienes reclamaban la libertad de los efectivos dado el tiempo que estuvieron en prisión preventiva. En una resolución de cuatro páginas la jueza Hernández resolvió que los policías Paola Lorena Cano, Marcelo Adolfo Escalante y Fernando Hernán Varela recuperen la libertad con algunas obligaciones, como presentarse semanalmente a firmar ante la Oficina de Gestión Judicial, la prohibición de salir del país, la prohibición de acercarse o mantener contacto (incluso digital) con familiares de las víctimas y testigos y el pago de una fianza de 50 mil pesos.
"Sabíamos que iban a recuperar la libertad por el tiempo que pasó desde que están detenidos. No estamos conformes porque queremos que sigan presos. Pero estamos confiados en que ya va a llegar el juicio y se va a hacer justicia", dijo Germán Campos, hermano de David, quien presenció la audiencia judicial junto a su familia.
"Lamentablemente estamos en una situación en la que vivimos recordando lo que pasó con David y Emanuel", dijo en alusión al crimen reciente de Juan Cruz Vitali, de 23 años, baleado en la nuca por un policía tras eludir un control de alcoholemia en Capitán Bermúdez. "Un caso más que habla de cómo se maneja la policía de Santa Fe", consideró.
Persecución y muerte
El doble crimen ocurrió el 23 de junio de 2017 cuando Campos, de 28 años, y Medina, de 32, escapaban en un Volkswagen Up de una camioneta policial que los persiguió durante media hora por la zona sur. En Callao al 5700 se estrellaron contra un árbol y el auto fue rodeado por policías que, sin mediar palabras, dispararon a mansalva. Medina recibió nueve balazos y Campos cinco. Según la Fiscalía, la escena fue adulterada al punto que apareció un arma dentro del auto que se denunció como plantada.
La pesquisa alcanzó a 18 policías del Comando Radioeléctrico y la Policía de Acción Táctica (PAT), dos de ellos presos y acusados como autores del doble homicidio. Se trata de Leonel Emiliano Mendoza y Alejandro Rubén Bustos, para quienes el fiscal Adrián Spelta pidió en su acusación una pena de prisión perpetua como autores de asesinatos cometidos en el abuso de su función policial.
Cano, Varela y Escalante, los últimos liberados, están acusados de haber sido los primeros en llegar a la escena. El fiscal pidió 7 años de prisión para Cano y Varela por los delitos de encubrimiento y falsedad ideológica y 8 para Escalante, por los mismos delitos y por haber disparado contra el auto de la víctimas sin llegar a herirlas. Además reclamó para los tres el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los tres cumplieron un año y medio en prisión domiciliaria.
Sin riesgos
En septiembre de 2018 el juez Hernán Postma rechazó un pedido de libertad de los abogados defensores Patricia Guzmán y Matías Diodatti. Esa resolución fue apelada por las defensas ante la Cámara Penal y esta semana, ante la camarista Hernández, plantearon que ya no revisten peligrosidad procesal porque la investigación está prácticamente cerrada. Spelta se opuso al pedido y las abogadas querellantes Marcia López Martín, Luciana Torres y Camila Aroza adhirieron al planteo del fiscal.
Al otorgar las libertades la jueza tuvo en cuenta que el tiempo cumplido en prisión preventiva por los tres policías es superior al año, es decir, el mínimo de la pena prevista para los delitos que afrontan. También consideró que al estar finalizada la colecta de evidencias "no existe riesgo de entorpecimiento probatorio" con los acusados en libertad.
Con la acusación fiscal ya presentada y mientras la querella prepara su propio pedido de penas, resta definir la situación del policía Bustos para que estén dadas las condiciones de agendar el juicio. El policía fue sometido por cuarta vez a un examen mental dado que fue internado en una clínica psiquiátrica y aún debe definirse si es imputable. Fue entrevistado dos veces por una junta médica especial en salud mental. Una vez listo el dictamen será analizado en una audiencia ante un juez que defina si Bustos está en condiciones de afrontar el juicio, como reclama la familia de los jóvenes asesinados.
