Policiales

Once años de prisión por un crimen en la Navidad de 2016

La jueza Silvia Castelli dictó la pena por el homicidio de Juan Ignacio Rivero, baleado por un problema interpersonal por Marcelo Alvarado.

Domingo 28 de Octubre de 2018

A pesar de haberse declarado inocente al ser detenido hace ya dos años, Marcelo "Chuky" Alvarado fue condenado a pasar once años de prisión efectiva tras reconocer en un juicio de trámite abreviado la autoría material del homicidio de Juan Ignacio Rivero, ultimado a balazos la madrugada del 25 de diciembre de 2016 mientras circulaba en bicicleta por un camino semirural de Granadero Baigorria. Testigos y la escucha de una conversación telefónica entre la novia del imputado y una ex pareja a quien le describió el ataque, fueron claves para resolver el caso.

   "Mauro, la Carolina habla. No se si vos viste el diario La Capital. Estamos con pedido de captura yo y el Marcelo. Hay un pendejo que venía rompiendo las bolas, cagando la verga. Le venía pegando a los chicos y Agustín agarró el fierro, lo buscó y le pegó un corchazo en el brazo. Volvió el loco con el tiro en el brazo, nos amenazó a mí y a los chicos y a ellos, que nos iba a matar a todos como perros. A Marcelo le dio bronca, agarró el fierro y lo mató".

   La transcripción textual de la conversación que la novia de "Chuky" Alvarado, de 28 años, mantuvo atemorizada con una ex pareja luego del crimen de Rivera y forma parte de la evidencia de la investigación judicial del episodio, echó por tierra toda estrategia que intentó hilvanar el acusado para despegarse del hecho cuando fue imputado del homicidio tras ser detenido el 4 de enero de 2017.

Madrugada fatal

A las 3.30 del día de Navidad de 2016 Rivero iba en una bicicleta rodado 26 por Orsetti al 1200 de Granadero Baigorria (camino que conecta con el cementerio de esa localidad), cuando fue atacado a tiros desde una moto. Quedó tendido en la esquina con Callao, con la bici al lado y tres perforaciones en la cabeza, en la región costal y una herida con ahumamiento en el tórax, indicio de que le apoyaron el arma antes de gatillar. Junto al cuerpo había una vaina calibre 22.

   El joven de 26 años era entrerriano y se había instalado con su familia en Granadero Baigorria. Realizaba tareas de jardinería en casas del barrio y esperaba un hijo. Apenas la fiscal Marisol Fabbro (en reemplazo de su colega Georgina Pairola) ordenó las primeras medidas, la Policía de Investigaciones (PDI) colectó testimonios en el barrio, y todos señalaron a "Chuky" como autor de los disparos.

Testigos con miedo

En la audiencia imputativa, Fabbro describió esa evidencia, y por eso se instaló una vigilancia policial en la casa de Orsetti al 700 donde vive "Chucky". La acusación se basa en el aporte de dos personas que no quisieron dar sus nombres y declararon como testigos de identidad reservada.

   Uno dijo que al momento del crimen por la cuadra pasaron dos motos: en una iba A. y en otra dos hijos de su esposa. Señaló que la pareja se dedica al comercio de drogas y que tras el ataque estuvieron por el barrio amenazando a los vecinos. El imputado también tenía antecedentes por abuso de armas, delitos contra la propiedad y arrebatos. Durante la imputación se despegó del hecho y se declaró inocente.

   Detenido en prisión preventiva hace más de un año y medio, finalmente la defensora pública Luisa Cañavate y la fiscal Georgina Pairola acordaron cerrar el caso en un juicio de trámite abreviado que se presentó hace un mes, y fue homologado el jueves pasado en una audiencia presidida por la jueza Silvia Castelli.

   La fiscal repasó la evidencia más importante, como los testigos de identidad reservada, las escuchas telefónicas, los informes de ubicación del teléfono del imputado suministrados por las prestadoras del servicio y que lo ponen en el lugar del hecho y no donde dijo haber estado en ese momento, y escuchas en las cuales se sugiere a los testigos de la defensa lo que tienen que declarar ante la policía para favorecerlo.

   Con esa carga probatoria incriminante, a "Chuky" no le quedó más remedio que aceptar su responsabilidad en el homicidio. Entonces el hombre aceptó las condiciones del acuerdo y la pena acordada como responsable del crimen de Rivero.

   La jueza Castelli dio por cumplidos los requisitos del procedimiento abreviado, calificación legal, la validez de las evidencias, la notificación y conformidad de las víctimas (la esposa y un hijo de Rivero) que prefirieron no asistir a la firma del acuerdo, y dictó la sentencia condenatoria contra Alvarado a 11 años de prisión efectiva como autor de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego de uso civil (dos hechos) en concurso material.


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