Lorena Córdoba es la viuda de quien fuera el “Zar del juego” de Rafaela, David Alejandro Itatí Perona, el hombre que manejaba una red de máquinas de juego on line, el socio del empresario rosarino Leonardo Peiti y uno de los protagonistas de una causa judicial que caló hondo en la escena judicial santafesina al dejar a dos fiscales fuera de juego y procesados además de poner en tela de juicio la actuación de jefes políticos y policiales. “Viajábamos por todo el país montando estructuras de juego, con cajeros que nos reportaban sus ganancias. Se hacía por garitos y por medio de redes de jugadores. La idea de Peiti y de David era que este tipo de juego se oficializara en Santa Fe, pero hay mucha plata en juego, y mientras David vivió no se pudo lograr. Cada vez que queríamos salir del negocio de los garitos nos amenazaban y nuestra idea ya no era gerenciar garitos, sino mantener los juegos on line”, contó Lorena a La Capital en una entrevista desde su casa de la Perla del Oeste provincial.
David Alejandro Itatí Perona y su entorno generaron desde Rafaela un imperio de juego on line y regentaron garitos en distintas localidades. El hombre tenía 42 años y falleció en noviembre de 2020 víctima de la pandemia de Covid 19 por distintas comorbilidades que padecía. Lorena, a quien representa legalmente el estudio del penalista bonaerense Roberto Cazorla, cumple prisión domiciliaria por formar parte del grupo comandado por su marido y está imputada por ser parte de una “asociación ilícita dedicada a la explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización de la autoridad jurisdiccional competente”. La mujer, de 32 años, contó la trama que llevó a la pareja a viajar por todo el país armando su negocio y su pretensión de imponer páginas de juego online en Brasil.
La investigación que permitió desbaratar a la organización liderada por Perona empezó en 2018 cuando el fiscal de Melincué Matías Merlo recibió una serie de denuncias por juego clandestino, una de ellas realizada por el entonces presidente comunal de Hughes, José Leguina. En un allanamiento hecho a un garito de esa población del departamento General López los investigadores secuestraron los celulares de quienes trabajaban allí y del dueño del lugar. Al investigar esos teléfonos surgieron mensajes en los que aparecían contactos con un tal “Néstor” a quien le reportaban las liquidaciones y ganancias diarias.
Así se intervinieron otros celulares y a partir de escuchas se determinó que “Néstor” organizaba distintas salas de juegos en la provincia y le reportaba el dinero obtenido y datos diarios del negocio al empresario rosarino Leonardo Peiti, que según Lorena era socio de Perona y a quien la Fiscalía le atribuye entre otros el rol de facilitar los medios electrónicos para que otras personas realizaran la actividad ilegal y le reportasen ganancias.
Merlo precisó que, según cómo se organizaba la sala se dividía el dinero. Por lo general el reparto era en tercios entre quien la explotaba, el intermediario y Peiti. El fiscal constató entonces 10 salas en Casilda, otras siete en Reconquista y cinco en Venado Tuerto. Además de otros garitos en Vera, Venado Tuerto, Hughes, Avellaneda y Wheelwright. Según la pesquisa, “Néstor” reportaba a Peiti y Perona.
El fiscal Merlo remitió las actuaciones a Rosario para avanzar en las investigaciones contra Peiti, quien ya estaba bajo la lupa de la Agencia de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada de la Fiscalía local. Todo empezó a esclarecerse tras la caída de un ex policía que fue descubierto cuando salía de un garito de Villa Gobernador Gálvez con dinero.
Tras ello salió a la luz un esquema que se extendía a lo largo y ancho de Santa Fe. Casi acorralado, Peiti declaró en forma pública en su condición de “colaborador” de la Justicia y así se supo que el por entonces fiscal regional Patricio Serjal y el fiscal de Flagrancia Gustavo Ponce Asahad favorecían al capitalista de juego a cambio de sobornos y trababan las pesquisas que lo involucraban o lo informaban sobre aquellas que se instruían. La participación de los ex funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) terminó en la detención e imputación de ambos y ocasionó un terremoto que llegó a la política provincial.
De jugador a empresario
Lorena vive en Rafaela. Tiene custodia en su casa y está bajo prisión preventiva a la espera de una resolución judicial. La mujer contó que la muerte de su pareja dio por terminadas una serie de negociaciones que llevaban adelante para legalizar su actividad y que ahora solo queda “volver a negociar”.
“David siempre jugó al póker on line y esa actividad lo hizo muy conocido en el mundo del juego”, dijo la mujer recordando que su ex pareja fue un exitoso jugador de alto nivel. El juego le daba dinero y le gustaba participar en varias competencias en salas oficiales locales, en el exterior y también on line.
“Cuando comenzamos la relación, hace cinco años atrás, era un hombre que se dedicaba mucho a ir a fiestas, hacer viajes y había montado algo chico con los juegos on line y unos pocos garitos. Pero después el negocio cambió y empezó solo con el juego on line. Entonces consiguió cajeros, una segunda línea de personas que te ofrecen una clave para jugar en red y que reportan a los cajeros máster, o sea la primera línea que responde a la empresa de juegos. Eso es ilegal en Argentina, pero no en otras partes del mundo. Yo en Europa sería empresaria, no una persona que para la Justicia integré una organización lícita”.
En este análisis, tal vez caprichoso en la provincia donde ahora el juego on line está autorizado solo para los tres casinos oficiales que operan en el territorio, Lorena recordó que ellos buscaban legalizar su actividad: “En enero pasado (el gobernador) Axel Kicillof les dio licencias a siete empresas para operar el juego on line en la provincia de Buenos Aires, entre ellos a (el ex presidente de Boca Juniors y operador del macrismo) Daniel Angelici y al empresario Cristóbal López”.
Se trató de una licitación otorgada a empresas asociadas a Stars Interactive Limited. Cada empresa debe abonar 65 millones de pesos en concepto de canon único y el fisco percibe 90 millones en concepto de Ingresos Brutos. “Eso _dice Lorena_ era lo que Peiti y David negociaban con distintas instancias del poder provincial” cuando todo se cayó.
Había que coimear
Aunque para lograr ese “sueño” antes hubo un tiempo de pies en el barro y de conocer el negocio. “Los garitos ya eran un problema. Se renegaba mucho y había que coimear a policías y políticos. Perona se ocupaba de los policías y ellos lo convocaban cuando querían cambiar de operador en algún lugar. Eso pasó en Reconquista por ejemplo. Cuando llegó allí un nuevo jefe de policía vio que era muy desprolijo el tema del juego, entonces nos llamaron y nos hicimos cargo”, dijo la mujer.
Pero el negocio, pese a estas franquicias, no eran los garitos. “Lo que pasa es que cada jefe policial que asume en una Unidad Regional viene con indicaciones que ya aceptó de antemano. Nosotros queríamos cerrar los garitos, pero cada vez que lo hacíamos nos amenazaban y no podíamos salir de ese negocio. Queríamos salir por que ya no nos hacían falta y David ya estaba grande para mantener esa vida de viajes por distintas provincias como Tucumán, Chaco, San Luis, Santa fe, Buenos Aires, Córdoba, todos lugares en los que teníamos cajeros máster.”.
Cuando quisieron cerrarlos, tanto los de Rafaela como los que abrieron en otras localidades, se levantaron alarmas ciegas y violentas entre los que recibían dinero bajo cuerda y la pareja fue amenazada de diversas formas. Aparecieron pintadas y con ellas la incertidumbre. Lo intentaron en 2018 y en 2019, pero el intento fue inútil: “Nunca pudimos descubrir de dónde venían las amenazas. Cada vez que cerrábamos un garito nos agredían. El dinero que pagaba David iba a políticos y policías de la provincia, pero las amenazas venían de celulares con chips descartables. Nos mandaban fotos de los locales, de mi negocio de peluquería y estética, pintaban paredes de Rafaela y de nuestras propiedades. En una oportunidad, como pensamos que teníamos los celulares pinchados, hicimos una trampa: lo llamé a David y le dije que habilitábamos otro local. Y de pronto dejaron de amenazarnos. Obvio que días después tuvimos que abrirlos de nuevo”.
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En cuanto al dinero que pagaban como coimas la mujer cuenta que rondaba los 280 mil pesos mensuales cada tres garitos. “Eso era relativo, los policías evaluaban las ganancias y se negociaba con ellos”, aseguró Lorena, que sabe más de lo que cuenta. Los roles en el negocio fueron claros. “Con Peiti era otro cantar, él tomaba contacto con políticos porque se manejaba con otro nivel de plata y personas. Y hacía las gestiones en Santa Fe para que esto se legalizara. Creo que en uno de los allanamientos que le hicieron se encontró un cuaderno en el que estaban anotados los nombres y los pagos que realizaba”, dijo la mujer imputada.
En el verano de 2019 el matrimonio se instaló en Camboriú, Brasil. La idea era trasladar parte de las operaciones al sur de esa nueva frontera de negocios: “Nos quedamos casi un mes allá, pero teníamos que cambiar el idioma de la página y hacer la conversión de cambio. Se complicaba mucho todo”.
Para Lorena la caída de Perona tuvo un motivo político: “Peiti tenía que entregar a alguien para lograr un acuerdo judicial y así fue que mi marido fue implicado en toda esta trama. En los presuntos garitos que trabajaban con nosotros no se encontró nada y todo estaba preparado para que otros llevaran adelante el negocio del juego, tal vez alguna empresa. Ahora seguro que va a ser de forma legal”.
En una de las viviendas que tuvo el matrimonio, donde ahora vive Lorena, se archivaron los planes de la pareja que tuvo una vida de viajes, trabajo y placeres. “Queríamos tener otro hijo y dedicarnos solo a las maquinitas hasta que se legalizaran. Ahora espero llegar a un juicio abreviado o a alguna alternativa de juicio”. Su pareja murió hace seis meses. El Covid les cambió la suerte.
