Gustavo Miguel, apresado por integrar la banda imputada de cometer más de cien falsos secuestros en Rosario durante el último año, no podrá salir de prisión como mínimo hasta septiembre. El juez Carlos Leiva dio por acreditado que participó en un rol decisivo en 18 casos conocidos como secuestros virtuales, por los cuales se apoderó de distintas sumas de dinero mediante engaños telefónicos. El magistrado le atribuyó también componer una asociación ilícita y calificó los hechos imputados no como estafa sino extorsión que es más grave. Este delito tiene una pena que va de cinco a diez años de prisión.
“Estamos satisfechos por el resultado de la audiencia porque frente a la figura penal avalada por el juez esta persona tendrá prisión efectiva, en caso de prosperar el juicio”, dijo el fiscal Nicolás Foppiani, encargado de investigar el centenar de casos y acusar en la audiencia.
En una prisión. Fuentes policiales señalaron que Gustavo Miguel, conocido como “Mazacote”, fue apresado el miércoles pasado en un sanatorio privado de Oroño y Zeballos, donde fue internado a raíz de una descompensación. Dos médicos forenses señalaron ayer que puede cumplir pena en un establecimiento carcelario dotado de unidad sanitaria. Esto porque, según señaló Foppiani, en tres ocasiones “Mazacote” alegó problemas de salud, en diversas causas penales, para eludir los barrotes. Una vez fue al ser investigado en la llamada Causa de Los Monos, en la que fue sobreseído, donde estuvo en el Heca por problemas coronarios. La segunda vez fue al ser acusado en otro hecho de secuestro virtual en la cual el mismo Foppiani acordó con la defensa del acusado presentaciones semanales en una comisaría en base a su tratamiento cardíaco. Esta vez el fiscal pidió que no haya ninguna atenuación de prisión.
El defensor Marcelo Piercecchi lamentó la decisión. “Me sorprende que se resuelva dejar en un establecimiento penitenciario a una persona enferma cuando ofrecimos garantías personales para que cumpliera una medida alternativa en su casa, dado que no eludirá la acción judicial. Que la sociedad haya sufrido secuestros virtuales es algo lamentable. Pero para responsabilizar de los hechos hay que tener pruebas y eso es lo que aquí, más allá de la decisión del juez, no vemos”, sostuvo.
Más de un año. La investigación llevada adelante por Foppiani y la Policía de Investigaciones pudo determinar que los miembros de la organización delictiva eran sospechosos de haber perpetrado 136 secuestros virtuales entre abril del 2014 y junio de este año, pero la fiscalía decidió describir en la audiencia imputativa realizada el 26 de junio pasado 21 casos a los que detallaron como ejemplos, por una cuestión de economía procesal, ya que dar pormenores de la totalidad demandaría jornadas interminables. De los 17 imputados, algunos quedaron detenidos, otros con prisión domiciliaria y nueve de los implicados deberán someterse a un control judicial periódico y asistir regularmente al juzgado, sin posibilidades de abandonar la ciudad de Rosario, pero en estado libertad.
En la audiencia de junio pasado, el fiscal Foppiani señaló que Gustavo M. era uno de los cabecillas de la banda. Ayer señaló que su rol era recoger el botín luego de que se concretaban las extorsiones. A su vez, indicó que dos hijos de Mazacote están prófugos. El responsable de la acusación les atribuyó a Julio M., Carina M., Colia M., David M., Roberto J., Carolina C., José D., Víctor D., Román G., Alfredo H., Carlos J., Yañez M., Marcelo M., Marcelo M., Pablo M., José María S., Leonardo S. y Yanina M. los delitos de asociación ilícita, extorsiones reiteradas en grado de tentativa y consumada y tenencia de armas de fuego. La mayoría de los acusados tienen un relación de parentesco entre sí.
Allanamientos. Los imputados fueron detenidos en 15 allanamientos concretados el 21 de junio en viviendas de la zona sur de Rosario y Funes. Según la investigación realizaban hasta 200 llamados por noche hasta ubicar a una víctima. A la organización se le secuestró 21 vehículos de alta gama, 56 teléfonos celulares, seis armas de fuego, joyas, dinero en efectivo, muebles y productos electrónicos nuevos.
Según los investigadores, muchos de esos bienes fueron adquiridos para blanquear las ganancias de los chantajes, cuyo rédito económico fue valorado en 2.250.189 pesos de distintas monedas.
El responsable de la acusación describió cómo chantajeaba la banda a sus víctimas. “Llamaban a personas siguiendo la guía telefónica, sobre todo a mujeres y con nombres de pila que remiten a la tercera edad. Lo hacían a altas horas de la noche aprovechando que las víctimas estaban somnolientas. Montaban una escena diciéndoles que tenían una familiar secuestrado. Luego les pedían como rescate dólares o joyas y los obligaban a dirigirse a un contenedor o un árbol, donde les hacían dejar el dinero en bolsas de residuos negras o blancas”. Y robustecían el miedo “diciéndoles que vigilaban las casas de las víctimas con motociclistas”, describió.
