La provincia creó un fondo de recompensas para esclarecer delitos

El gobierno santafesino reglamentó por decreto el Fondo Provincial de Recompensas, que alcanzará a un millón de pesos. El fin es compensar con dinero en efectivo a quienes sin haber intervenido en un hecho delictivo se presten a brindar "datos útiles, relevantes y decisivos para esclarecer las situaciones o individualizar a sus autores, cómplices, encubridores o instigadores".

La finalidad, según plantearon desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es "utilizar los datos brindados para lograr la identificación y la aprehensión de quienes hubiesen tomado parte de delitos que por su gravedad, complejidad o por la alarma social causada, justifiquen la recompensa".

Un caso. A principios de mes se estableció la recompensa de un millón de pesos a distribuir entre quienes aporten datos útiles sobre los hechos que culminaron con la muerte de Marianela Brondino, de 25 años. El hecho ocurrió en 2010 cuando la chica iba en bicicleta a su casa y fue interceptada por dos personas que intentaron arrebatarle la cartera. El tirón la desestabilizó, ella cayó al asfalto y se golpeó la cabeza contra el piso. La joven murió cinco días después en el hospital Cullen y sólo se detuvo a un sospechoso seis años después.

Para la instrumentación del Fondo Provincial de Recompensas se procedió a reglamentar parcialmente la ley 13.494 que dispone que el ministro de Justicia resolverá cada solicitud de recompensa indicando en el acto administrativo el número de la causa, la calificación del delito, el juzgado interviniente, la fecha y el fiscal que requirió la compensación dineraria. Este acto administrativo deberá ser publicado en el boletín oficial de la provincia.

Luego el Ministerio Público de la Acusación remitirá un informe sobre el mérito y la relevancia de la información aportada a la Dirección Provincial de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos. Una vez recibido el informe, y en caso de opinión favorable, se elevará al Ministerio de Justicia el pedido de pago de recompensa, que se hará efectivo mediante un acta labrada ante el representante de la Escribanía Mayor del gobierno de Santa Fe.