El sistema de control de prisión domiciliaria por pulsera electrónica, que ya es implementado en varias provincias, podría ser usado por unos 200 santafesinos condenados que cumplen la pena en sus viviendas. Esta prueba piloto, que el gobierno provincial ya tiene en camino de implementación, fue explicada por el subsecretario de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Lisandro Martínez Gorostiaga, quien sostuvo que los dispositivos estarán conectados a la central del 911 donde se activará una alarma cuando el portador de la pulsera salga del perímetro de su casa.
"Se trata de dispositivos que tienen incorporada un geolocalizador parecido al que se usa con los botones de pánico. El software va a estar desarrollado por empresas locales, lo que va a permitir realizar los ajustes y cambios necesarios cuando sean necesarios", indicó el funcionario. Y agregó que la inversión total, entre equipos y desarrollo tecnológico, asciende a 20 millones de pesos. En ese marco, hay empresas en un polo tecnológico provincial que fabrica el dispositivo y desarrolló el software.
El funcionario detalló que los requerimientos legales para poder utilizar este tipo de herramientas de control están previstos en el artículo 28 de la Ley de Ejecución de la Pena y que desde la Secretaría de Asuntos Penales tienen el protocolo que determina, dentro de esa ley, la aplicación y el cupo disponible.
Prueba piloto. "La prueba piloto será con personas condenadas que tienen que cumplir la pena en su domicilio, ya sea por enfermedad o por edad avanzada. También será para casos de ofensores sexuales o en casos en los que se establezca una restricción perimetral", sostuvo Martínez Gorostiaga.
El funcionamiento de la pulsera está pensado para que el alerta llegue al juez casi en forma inmediata. Una vez que a un condenado se le asigna una pulsera, se le da el alta en el sistema de información de la Dirección de Control y Asistencia Pospenitenciaria y del Centro de Monitoreo que controla la efectividad de la medida.
En ese marco, las pulseras van a tener una serie de alertas que se detectarán en el 911 y desde allí se avisará a la patrulla más cercana al lugar de detención para corroborar la violación de la norma. Luego esa información llegará a Control y Asistencia Pospenitenciaria y de allí remitida al juez de Ejecución Penal para que decida si mantiene o no el beneficio.
Desde el Ministerio de Seguridad, el subsecretario de Tecnología y Planemiento, Martín Pullaro, explicó que el gobierno provincial aspira a que la licitación "se ponga en marcha de aquí a dos meses" y de esta forma se implemente el sistema "a mas tardar en enero de 2017".
El funcionario destacó que "hay dos modalidades usadas por las empresas que hacen este trabajo. Algunas ofrecen la tecnología sólo con monitoreo mientras dura el servicio, y otras vender la tecnología completa pasado los dos años. A ésto es a lo que apuntamos, a ser dueños del sistema". Y aclaró que "la inversión ronda los 20 millones depesos y comenzaría a recuperarse a partir del tercer año de uso".
Modalidades. El sistema tiene varias opciones y en una primera instancia será puesto a prueba sólo con imputados y condenados con prisión domiciliaria directa y efectiva, no con quienes gocen del beneficio tras pasar un tiempo en prisión. Al respecto Pullaro dijo: "Son dispositivos plásticos que pueden usarse como tobilleras o pulseras y que también se arrancan fácilmente, aunque obviamente si eso sucede se dispara la alarma. Tienen una base móvil, una especie de celular que el preso lleva encima y distintas alternativas. Por ejemplo: si un reo está autorizado para ir a trabajar el dispositivo le marca una ruta que debe respetar, si no lo hace se prende la alarma en el 911".
Las pulseras fijas, en tanto, están en el domicilio y si el imputado se mueve de allí se dispara la alarma. En lo que hace a acusados por delitos sexuales, la víctima también lleva una base y si se acerca a la víctima la alarma también suena.
Por otro lado, en meses anteriores desde el Ministerio de Justicia de la Nación a cargo de Germán Garavano se planteó la posibilidad de acordar con la provincia la implementación de este sistema, pero ofrecieron sólo 20 unidades para una prueba piloto mientras que desde el Ministerio de Seguridad provincial tienen otro objetivo: "Nosotros empezamos la prueba con 200, muy lejos de los 20 que ofrecieron desde la Nación".
En tanto, en la provincia de San Juan y por medio de un convenio con la Nación se implementarán en los próximos meses un total de 30 pulseras con sus respectivos monitores sólo para arrestos domiciliarios otorgados por la Justicia Penal. El convenio permitió que en San Juan el servicio sea gratuito para el gobierno local. Lo mismo ocurrió en Córdoba, donde el ministro Garavano anunció la semana anterior que prevé la utilización de pulseras o tobilleras electrónicas para condenados con el régimen de prisión domiciliaria.
