En una serie de allanamientos realizados por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) en el contexto de una investigación por asociación ilícita y estafas en concesionarias de automotores fueron detenidas dos personas, identificadas como Fernando O. y Diego G.
En distintas acciones realizadas en la investigación por este mismo hecho, días atrás se llevaron adelante una serie de procedimientos, que concluyeron con la detención de un hombre llamado Maximiliano A. y el secuestro de vehículos, material informático y documentación de interés.
Continuando con la investigación, los efectivos llevaron a adelante este jueves cinco ordenes de allanamiento en pasaje Independencia al 3200, Pellegrini al 4800, Cagancha al 3800, Iriondo al 1700 y Mendoza al 2600, donde aprehendieron a Fernando O. y Diego G., y secuestraron trece autos, una moto, un DVR, dos notebooks, teléfonos celulares y documentación de interés para la causa, en la que intervienen los fiscales Pablo Lanza y Fernando Dalmau de la Fiscalía de Flagrancia.
Ya son nueve los imputados —que quedaron en prisión preventiva— por integrar una organización que cometía estafas con la compraventa de autos en tres agencias de Rosario. Con el sindicado jefe del grupo aún prófugo y con pedido de captura internacional, vendedores, gestores y un abogado fueron formalmente acusados de integrar una asociación ilícita que damnificó en unos 150 millones de pesos a más de treinta personas, a quienes les resultará “muy difícil recuperar el dinero o sus vehículos”, según indicó el fiscal Dalmau tras la audiencia judicial.
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“Generalmente, quienes forman parte de estas organizaciones son personas insolventes y es muy difícil la recuperación del dinero. Puede surgir algún bien de algún imputado que podrá ser ejecutados para satisfacer los reclamos patrimoniales de las víctimas”, consideró el fiscal en conferencia de prensa, e indicó que a fin de resguardar esa situación se solicitó la inhibición de bienes de todos los acusados.
Con decenas de denuncias de clientes perjudicados, la investigación avanzó sobre estas nueve personas que integraron una cooperativa de compraventa de autos. Sobre ese “andamiaje jurídico”, dijo el fiscal, las sedes de las concesionarias fueron variando y de un local en Pellegrini al 3100 el negocio se mudó al pasaje Independencia al 3200, y de allí a Pellegrini al 3800. De esos locales con atención al público se “aprovecharon para captar vehículos que mayormente se ofrecían en redes sociales”. La agencia también contaba con oficinas en el microcentro.