Casi dos años después de arrojar su cuerpo en un zanjón a 15 kilómetros de la casa de la ciudad de Santa Fe donde la había matado a golpes y denunciar en una comisaría que había desaparecido, Santiago Daniel Fernández admitió finalmente haber asesinado a su pareja Ana María Alurralde, la mujer con la que llevaba veinte años de convivencia. El hombre de 68 años aceptó la pena de prisión perpetua como autor del femicidio en un juicio abreviado. El acuerdo homologado días atrás por un tribunal de la capital provincial cerró de esa manera un caso resonante de violencia de género mientras se mantiene otro misterio: el destino de Marta Isabel Romero, la pareja anterior del condenado, que en 1988 desapareció de una manera similar pero no ha sido encontrada.
Hermana del juez federal de Reconquista Aldo Alurralde, Ana María tenía 59 años y había sido vista la tardecita del jueves 17 de octubre de 2019 haciendo compras en el barrio donde hacía unas dos décadas convivía con Fernández. Ambos estaban jubilados y tenían un hijo cada uno de sus parejas anteriores.
Un detalle menor sobre la mujer terminaría siendo por demás de relevante: no sabía manejar. Ese dato fue una de las claves para establecer que la versión que Fernández había presentado en la comisaría 6ª de Santa Fe sobre su desaparición no se ajustaba a la verdad: él había asegurado que al despertar el viernes 18 de octubre, ella no estaba en su casa. Y que le había dejado una nota escrita en la que le avisaba que se había ido en un VW Gol gris —uno de los dos autos que compartían— a mostrar una casa que habían puesto en venta.
Sin embargo los vecinos que consideraban a la pareja como “normal”, más allá de ciertos rasgos posesivos del hombre y sumisos de la mujer, coincidían en que Santiago la llevaba a todos lados en auto porque ella no manejaba. Ese dato encendió una luz de alerta entre los investigadores que inspeccionaron la modesta casa ubicada frente al cementerio municipal santafesino. Las tareas incluyeron pericias de luminol en busca de rastros de sangre, que resultaron positivas en la cochera y en algunas prendas de vestir de Santiago. Y el hecho de que se estableciera que la sangre “había sido lavada” terminó de complicar más la situación de Fernández.
Hallazgo
No obstante, hasta que el cuerpo no fue hallado no se descartó ninguna hipótesis, ni siquiera la de un mensaje mafioso contra el hermano juez de la víctima que por su condición había participado de muchas investigaciones contra narcos. Hasta que un llamado al 911 el sábado 19 al mediodía terminó de perfilar la hipótesis del femicidio a partir del hallazgo del cuerpo de la víctima.
Alrededor de las 14 de ese día efectivos policiales se dirigieron hasta un descampado ubicado en General Paz y Las Mandarinas de Monte Vera, un distrito ubicado al norte del Gran Santa Fe a unos 15 kilómetros de la ciudad. En una zanja estaba el cadáver de Ana María y a unos metros estaba estacionado el Volkswagen Gol gris en el que, según los dichos de Santiago, la mujer se había ido manejando desde su casa. Del primer análisis surgió que la habían matado a golpes en la cabeza.
Dos días después Fernández fue imputado de femicidio. La fiscal Ana Laura Gioria alegó en tal sentido “evidencias que confirmaron que hubo violencia y que desmintieron el relato del imputado”. Hasta entonces, el sospechoso no había confesado “en ningún momento” el crimen. Incluso, agregó la fiscal, le había dado a una persona de su confianza “indicaciones del lugar donde se podía encontrar a la mujer sin aclarar si estaba viva o en qué condiciones sería hallada”.
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Y si bien no se habían registrado denuncias previas por violencia de género contra Fernández, los investigadores no omitieron que lo ocurrido en 1988 con la entonces pareja del sospechoso, de quien se estaba separando y que no fue vista nunca más.
Audiencia
Finalmente el caso se resolvió sin llegar a juicio oral. Días atrás se realizó una audiencia de homologación del juicio abreviado antes los jueces Luis Octavio Silva, Nicolás Falkenberg y Gustavo Urdiales. En ese marco la fiscal detalló la secuencia de lo ocurrido desde la denuncia de desaparición formulada por Fernández y las evidencias que fueron surgiendo para, a medida que se contradecía el relato del femicida, ir esclareciendo lo ocurrido. Primero el hallazgo de manchas de sangre en la vivienda, que el acusado dijo en un momento que le habían robado el auto y testimonios de familiares y allegados a Ana María que daban cuenta de actos de violencia previos contra ella que consistían en “hostigamiento y control permanente” sobre ella.
También fue determinante que la autopsia estableciera que la mujer había muerto como consecuencia de golpes, el hallazgo de manchas de sangre y otros rastros de la víctima en el auto y finalmente un testigo que afirmó que el propio Fernández le contó dónde había ocultado el cuerpo “así como el vehículo denunciado falsamente como sustraído”.
En ese contexto y ante tales evidencias, el acusado aceptó su culpabilidad durante la audiencia: Fernández admitió días atrás haber matado a Alurralde “intencionalmente” y en el interior de su casa de Regis Martínez 4007 entre las 18 del 17 de octubre de 2019 y las primeras horas del día siguiente. El crimen fue cometido mediante golpes de puño y con un objeto contundente en la cabeza que le provocó la muerte en un contexto de violencia de género psicológica y moral, “en una relación desigual evidenciada en la dominación y control que ejercía Fernández sobre Alurralde”.
