La familia de Jésica Olivera, una mujer de 31 años asesinada por su pareja cuando salían de un cumpleaños de 15 en el barrio 7 de Septiembre, logró ayer constituirse como querellante en la causa penal por el femicidio. "No vamos por una condena de mil años porque a ella no la recuperamos más. Pero queremos que sus hijos sepan que se hizo justicia por su mamá", dijo al salir de la audiencia María, una de las hermanas de la chica asesinada. La medida les permitirá intervenir como parte activa en el futuro juicio que se le hará al acusado, para quien la fiscal Marisol Fabbro solicitó la pena de prisión perpetua.
La medida se concretó ayer ante la jueza Silvia Castelli, quien aceptó como querellante a Laura Susana Olivera, otra hermana de Jésica que hoy tiene a su cuidado a los tres hijos de la mujer asesinada: un adolescente de 13 años que comenzó primer año de la secundaria, un nene de 11 que va a sexto grado y una beba de 2 años que era hija de la pareja. La medida tiene la particularidad de que la familia será representada por una defensora penal, Marcela De Luca, de la Defensoría General ante la Cámara Penal.
La audiencia se realizó ayer a la mañana en el Centro de Justicia Penal mientras familiares de Jésica se concentraban en la puerta con dos grandes carteles colgados en la rampa de acceso: "Somos el grito de las que ya no pueden hablar" y "Mujeres en lucha barrio Emaús".
Así se llama la agrupación que crearon las hermanas de Jésica para ayudar con emprendimientos a otras mujeres del barrio que sufren violencia de género. "Queremos ayudar, porque aprendimos a ver cosas que antes no veíamos", contaron.
De Luca solicitó acompañar a la familia pese a su rol de defensora teniendo en cuenta que la ley autoriza a brindar esa representación a cualquier organismo del Estado cuando se trata de personas en un estado de vulnerabilidad. Y para avalar el pedido citó tratados internacionales que así lo indican.
El imputado Juan Emanuel Saucedo, en tanto, es representado por la defensora pública Marianela Di Ponte, que ayer fue reemplazada por Adriana Lucero, quien se opuso al planteo. La fiscal Fabbro estuvo de acuerdo con la designación de De Luca como querellante y la jueza respaldó el pedido.
Desangrada
Jésica Olivera murió desangrada por el ataque con cinco puñaladas que recibió de su pareja la noche el 15 de abril de 2018. Esa noche, Jésica y Juan Emanuel habían ido juntos al cumpleaños de 15 de la hermana de él. Con ellos estaba la hija de ambos, que entonces tenía un año y medio. Se retiraron juntos del festejo cerca de las 5 de la madrugada del domingo, en medio de una discusión.
Los testigos contaron que, al llegar a Sánchez de Loria y Schweitzer, él la tomó del cabello y la golpeó mientras le gritaba: "No podés hacerme esto a mí, ¿cuántas veces lo hablamos?". Luego sacó de su cintura una cuchilla y la apuñaló al menos cinco veces. El último puntazo le seccionó la arteria femoral a la altura del muslo y Jésica murió desangrada antes de que llegara la ambulancia.
En el lugar
Cerca de la pareja estaba un policía de la subcomisaría 21ª que se arrimó al lugar y esposó al agresor, de 22 años. Otros testigos dicen que después de herir de muerte a Jésica, Juan Emanuel se abrazó a ella y en un sinsentido absoluto le preguntaba "¿qué te hicieron?", mientras se respondía: "Yo no fui, yo no fui".
Saucedo está acusado de un homicidio doblemente calificado: por la cuestión de género y por la relación de pareja que lo unía a la víctima. La fiscal Fabbro presentó su acusación en abril del año pasado, cuando solicitó para él la pena de prisión perpetua. Ahora deberá presentar su acusación la parte querellante de cara a una audiencia previa al juicio.
"Somos siete hermanos y queremos justicia por sus hijos, porque si hay justicia les reparamos el corazón a ellos", dijo tras la audiencia María, hermana de la víctima. Contó que llegaron a la defensora De Luca tras no encontrar satisfechas sus expectativas de representación en el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ). "Nunca nos notificaron de nada ni siguieron la causa", dijo la mujer. Dijo también que contrataron un abogado particular pero ya no pueden pagarle. Entonces llegaron a De Luca a través de una gestión de Nora Giacometto, delegada provincial del Instituto Nacional de las Mujeres.
